El apretón
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Si la intención del gobierno del doctor Fernando Toranzo fuera la de inferirle un verdadero daño a su antecesor exhibiéndolo ante la opinión pública como un delincuente que desvió recursos por 1,500 millones de pesos y acusándolo de haber dejado las finanzas del estado en una situación deplorablemente crítica que no le ha permitido a su administración realizar obras, entonces habría anunciado en una rueda de prensa a nivel nacional que el panista había sido detenido esa mañana y remitido a la penitenciaría de La Pila para que un juez resolviera su situación jurídica en las siguientes 72 horas, ya que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la Contraloría General del Estado (CGE), y la Auditoría Superior del Estado (ASE) habían concluido que el ex gobernador había desviado recursos públicos por ese monto y que pesaban sobre él cargos de peculado, ejercicio indebido de la función pública y asociación delictuosa; y que por lo pronto, para resarcir el daño, la CGE y la ASE le habían aplicado una sanción económica de más de 7 mil 791 millones de pesos que equivalía a tres veces el monto del daño patrimonial, más los intereses que se devengarían del crédito que solicitó calculados hasta agosto de 2029; independientemente de quedar inhabilitado para desempeñar cargos, empleos o comisiones en el servicio público por 20 años.
Esto es lo que tenía que haber hecho un gobierno decidido a combatir la impunidad y no uno que origina falsas expectativas de justicia filtrando a uno sólo diario la nota periodística, muy válido para «Pulso», pero sin sustento documental para su análisis, en la que se advierte su propósito de desviar la atención ciudadana de los problemas que realmente le aquejan, como son la inseguridad, la pobreza, el desempleo, los daños por las inundaciones y el pago de la tenencia; así como los impuestos y demás contribuciones que se cocinan en el cabildo municipal con el incremento del impuesto predial, como en la Cámara de Diputados con motivo de la reforma hacendaria.
La filtración de la noticia provocó el enojo y reclamos de los directores y propietarios de los otros medios de comunicación por haber sido excluidos de la primicia, quienes señalaron como autor del agravio al contralor mayor del estado, Isaac Delgado Rodríguez. Por cierto, esa noche, en el noticiero de Joaquín López Dóriga se le dio una amplia cobertura a este asunto con la insistencia -hasta cuatro veces- de que al ex gobernador panista Marcelo de los Santos se le había aplicado una sanción de 8 mil millones de pesos por haber desviado recursos públicos del estado. Al día siguiente, en el mismo noticiero, no se volvió a tocar el tema. En este caso las relaciones del contador con los dueños de Televisa pesaron más que el dinero que podría pagar el gobierno de Toranzo por desatar una campaña de desprestigio en contra de su ex patrón.
Es muy difícil poder adjudicarle a un gobernador responsabilidades directas y personales en un asunto como este por la simple y sencilla razón de que los titulares de los poderes ejecutivos -por lo general- no manejan dinero y su firma ni siquiera aparece registrada en las chequeras del gobierno. El contralor no da mayores detalles de las investigaciones que lo llevaron a esta conclusión. El gobierno sabe que la multa que le impusieron al panista es impagable y que faltan muchas instancias que tendrían que superarse para confirmar las sanciones, si es que no pierden el pleito. Pero más difícil será todavía ubicar y embargar el patrimonio del ex gobernador pues a estas alturas, con el oficio que se le reconoce en estos menesteres, no debe tener a su nombre ni la plancha de su casa, por lo que podemos estar seguros de que no se va a recuperar nada de lo que se reclama.
Hay que tomar en cuenta que en estos días el gobierno del doctor Toranzo libra un conflicto con los diputados panistas y sus dirigentes por promover la derogación del Impuesto sobre la Tenencia de Vehículos, lo que le originaría al erario un enorme agujero en sus finanzas. Es tal su distanciamiento con éstos que, por primera ocasión, no asistieron a un informe de gobierno; por lo que esta acción en contra de su máximo líder podría interpretarse también como un apretón de huesos para que se tranquilicen. A Toranzo le urgía salir de los pantanosos terrenos de la complicidad y encubrimiento en los que se ha visto envuelto, quien ahora tiene la obligación de transparentar todas las operaciones con las que se agotó ese crédito y poner a disposición de los ciudadanos los cheques, pólizas y facturas que se soliciten. No perdamos de vista que el ex secretario de finanzas, Joel Azuara Robles y el ex oficial mayor, Humberto Picharra, enfrentan un proceso penal por estas mismas causas, aunque están libres bajo fianza porque un juez resolvió que eran responsables de la aplicación indebida de los 1,500 millones de pesos que ahora se apunta en contra de su ex jefe.
Habrá que recordar también que la ASE no ha emitido un dictamen final en este asunto. No me extrañaría que venga en otro sentido. No sabemos si las observaciones quedaron solventadas desde su punto de vista. En el informe de la auditoría del 2009 palomeó 381 millones de pesos de los 1,500 sin observación alguna, a Toranzo le observó 561 millones y el resto al gobierno marcelista. No sabemos si el contralor contrató los servicios de un despacho externo para apuntalar su denuncia y si éste dictaminó que la totalidad de los recursos se desviaron en operaciones que no estaban autorizadas en el decreto legislativo. Los diputados de esa Legislatura también incurrieron en graves responsabilidades al otorgarle al Ejecutivo un cheque en blanco, cuando la Ley de Deuda pública los obligaba a precisar las características y montos de cada una de las obras y acciones en las que se iba a aplicar el dinero. Ni siquiera sabemos si el ex gobernador se sometió a la competencia de la CGE o si no la aceptó como autoridad y el proceso siguió su curso en rebeldía del ex mandatario.
