Salieron baratos
Por Eduardo Martínez Benavente
Los senadores del PAN se quedaron cortos pues podían haber obtenido más y mejores concesiones en las negociaciones que celebraron con sus pares del PRI para sacar adelante la reforma constitucional en materia político electoral que con enormes vacíos y vacilaciones se envió a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación en el Pleno, sin que pasara por comisiones. Es muy probable que en el proceso legislativo que aún no ha concluido, la reforma sufra otros cambios y le agreguen patitas y manitas, para que se apruebe y publique simultáneamente con las leyes reglamentarias para el derecho de réplica y la que fija los requisitos para que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de leyes.
Los opositores al gradualismo del PAN quedaron marginados, como ocurrió días antes con la reforma hacendaria, en la que perredistas y priistas se pusieron de acuerdo y dejaron fuera a los panistas. Sus iniciativas y argumentos no fueron atendidos. Se desechó la consulta popular revocatoria con la que se pretendía parar la reforma energética, así como la segunda vuelta, el plebiscito, referendum y la revocación de mandato. Ni gobierno de coalición obligatorio para compartir responsabilidades, ni ratificación de todos los nombramientos que otorga el Presidente de la República. Sólo la de secretarios de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público, así como la facultad de nombrar al Procurador General de la República y algunos otras concesiones a cambio de la reforma energética. La Procuraduría General de la República se convertirá en un órgano autónomo, que no dependerá del Titular del Poder Ejecutivo, a partir del 1 de diciembre de 2018 y cambiará su nombre a Fiscalía General de la República.
Muy a la mexicana quedó prohibido rebasar los topes de gastos de campaña y el uso de recursos de procedencia ilícita, así como adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley, bajo pena de anular el resultado de la elección, pero al mismo tiempo está permitido excederse e infringir la ley, siempre y cuando los ilícitos no sean determinantes para el resultado de la elección. Y no son determinantes si la diferencia de votos es mayor al 5 % entre el primero y segundo lugar. Además de que las violaciones “deberán acreditarse de manera objetiva y material”. Lo que resulta muy difícil de demostrar.
El país no está preparado para la reelección inmediata de diputados y senadores, que también se aprobó, aunque de hecho exista de manera simulada cuando los «chapulines» saltan de una Cámara a otra, hasta 4 o más veces. Los legisladores podrán repetir en su cargo hasta por 12 años; y los presidentes municipales, síndicos y regidores por un período más. Se precisa que la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiera postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Es un ensayo para aprobar más adelante la reelección presidencial y de gobernadores.
El PAN podía haberle impuesto a los priistas reformas político electorales de mucho mayor trascendencia, ahora que los necesitan, pues saben el valor que tendrá su voto para juntos aprobar la reforma energética en los términos planteados por el gobierno de Peña Nieto que está a punto de abrir la inversión extranjera al gusto e intereses de las compañías petroleras, de tal manera que su incursión en estas actividades les sea segura y atractiva. Nada de media tintas ni leyes secundarias en lo fundamental. Las reglas del juego las marcarán los inversionistas, pues de lo contrario, no arriesgarán sus capitales. La Carta Magna a la medida de las exigencias del inversor aunque se lleven entre las patas la soberanía nacional y el futuro de México. Antes de que concluya la década estaremos lamentando amargamente la ruina del país. La inversión extranjera demanda seguridad jurídica y moderación gubernamental en el reparto de las utilidades y pago de impuestos que sólo la Constitución General de la República les puede garantizar, y para eso están los panistas que ahora tendrán que cumplir con su compromiso y votar a favor de la reforma. Parece que nada podrá detenerla. Los movimientos de resistencia civil son demasiado débiles y localistas como para hacer que aborten los cambios constitucionales que se pretenden. En la reforma política no se concretó la desaparición de los institutos electorales de los estados, no obstante que era una propuesta impulsada por los blanquiazules. La participación del nuevo Instituto Nacional Electoral hará que se incremente la burocracia pues en los artículos transitorios se garantiza la permanencia de todos los empleados y funcionarios federales y locales electorales, aunque habrá que esperar la ley reglamentaria para entender los alcances y limitaciones del nuevo organismo. Es preferible que las autoridades electorales estatales sean nombradas por los consejeros nacionales, que a su vez serán designados entre una selecta lista de ciudadanos por 2 consejeros del IFAI, 2 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 3 diputados, a que los diputados potosinos se sigan repartiendo el pastel. Nada se hizo para disminuir el dispendio de recursos económicos en los procesos electorales que tanto ofende a la ciudadanía, ni para reducir el financiamiento público de los partidos a que se habían comprometido en el Pacto por México. Hay que reconocer que en la integración de las legislaturas se estableció un mecanismo que garantiza que el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de la votación recibida menos 8 puntos porcentuales. Es también saludable el requisito de que los partidos necesitan para mantener sus registros el 3 por ciento, en lugar del 2 % de la votación total emitida en las elecciones federales. El mismo requisito se impuso para que les asignen diputados plurinominales y para que los nuevos partidos puedan obtener su registro definitivo.
