Auditando al auditor
Por Eduardo Martínez Benavente
Soledad de Graciano Sánchez es un municipio lastimosamente feo, pobre y atrasado que poco o nada le interesa a la mayoría de los capitalinos pero que en los últimos cuatro años ha ganado notoriedad porque los señores Gallardo, padre e hijo, que han ocupado desde entonces la presidencia municipal, nos los han querido ofertar como una demarcación próspera y bien administrada, muy distinta a la que recibieron de sus antecesores y creen o les han hecho creer que hasta pueden alcanzar la gubernatura del estado y la alcaldía de la capital. Así de crecidos están. Para construir esa imagen han tenido que invertir millones de pesos, tan sólo en once meses, de enero a noviembre de 2013, se gastaron 7 millones 409 mil pesos en difundir sus mensajes por radio, televisión y otros medios. Más de 4 millones 409 mil pesos de los queoriginalmente tenían autorizados gastar.
Aunque no se ha dado a conocer el informe de la cuenta pública de Soledad correspondiente al ejercicio fiscal del 2013 que se entregó al Congreso del Estado el pasado 31 de enero, no obstante que debería aparecer publicado desde esa fecha en la página de transparencia del ayuntamiento, el alcalde debe responder a una larga lista de preguntas relacionadas con un informe de gastos desproporcionados, irracionales y fuera de presupuesto que un grupo de auditores de la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha tenido el coraje de revelar ante el temor fundado de que el titular de ese organismo los oculte o minimice, y que seguramente -si llegan a una negociación- no aparecerán en las observaciones que se le finquen a esa cuenta, como ocurrió con el informe de la auditoría de la cuenta del ejercicio anterior, en la que sólo fueron observadas irregularidades financieras fáciles de solventar por 2 millones 93 mil pesos que ni remotamente corresponden a la información de otro pliego de observaciones que los mismos auditores nos han hecho llegar.
En los primeros 11 meses del 2013 se erogaron 76 millones 483 mil pesos por concepto de gastos médicos que cobró la Clínica de Especialidades Wong, S.A. de C. V; en la que según el pliego de observaciones faltó la acreditación de la adjudicación nacional y no se presentaron elementos que desahogaran la observación. Lo más seguro es que estos servicios nunca fueron licitados. El alcalde tendría que subir a la página web el documento comprobatorio y una relación pormenorizada de cómo se llegó a esa cifra cuando la nómina mensual del municipio anda alrededor de los 10 millones de pesos, más otros 2 millones que se destinan a los miembros del cabildo y a los empleados que se les pagan honorarios asimilados a salarios. Pero para darnos una idea de lo que este egreso representa basta con analizar el planteamiento que anuncia la administración municipal que preside el ex rector Mario García Valdez, con un presupuesto cinco veces mayor al de Soledad, que busca una institución pública o privada que se haga cargo de los servicios médicos para los trabajadores del Ayuntamiento y por lo que sólo están dispuestos a pagar 85 millones de pesos. Otras cifras que nos ayudan a entender el tamaño de esta desproporción son los 52 millones de pesos que captó Soledad en el 2012 por concepto del Impuesto predial y Traslado de Dominio. Ni sus dos principales ingresos propios fueron suficientes para cubrir ese gasto.
Entre enero y noviembre del 2013 se repartieron casi 95 mil despensas con un valor superior a 21 millones 200 mil pesos, en las que los auditores observan que por el importe de la adquisición debió realizarse una licitación nacional que no se acredita. Sólo 174 despensas se las compraron a un proveedor distinto a la señora Judith Trinidad Torres Pachicano. El costo de cada una varía entre 203 y 285 pesos. No se anexó el contenido de la canasta alimentaria ni la documentación de los beneficiarios, como sería la solicitud, carta de agradecimiento, recibo e identificación, ni estudio socioeconómico. Es incuestionable el uso político que están haciendo de las despensas y otras caridades que reparten para integrar una base social que los apoye electoralmente en sus próximas incursiones. En el dictamen de los estados financieros de septiembre de 2013 aparece que en los nueve meses transcurridos se acumularon por concepto de gastos de orden social y cultural la cantidad de 3 millones 279 mil pesos. Que es el rubro de donde podría haber salido ese dinero. Insuficiente para cubrir el monto total de las despensas. Entonces, ¿de dónde obtuvieron esos recursos si no existe una partida presupuestal que los ampare?
En este orden de ideas, los auditores observaron que no se encontró la evidencia de la autorización de diversos desarrollos habitacionales en fraccionamientos y régimen de condominios y que tampoco hay evidencia de su autorización mediante sesión de cabildo y su debida aprobación por sus integrantes; pero lo más grave es que no existe comprobante alguno del pago de los impuestos que por este concepto debían cobrarse. Lo mismo ocurre con las autorizaciones de uso de suelo y subdivisiones de predios. También se observa que no se presentaron las bitácoras correspondientes al consumo de combustible con el desglose por vehículos.
Plano Informativo, el periódico digital del senador Teófilo Torres Corzo, que no se caracteriza por sus críticas, denunció esta semana que Héctor Mayorga fue sancionado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) con una suspensión para desempeñar su profesión del 12 de octubre de 2011 al 12 de abril de 2012, y que no obstante, siguió ejerciendo como titular del organismo fiscalizador. Esta conducta hubiera sido suficiente para que el Congreso del Estado le pidiera su renuncia o lo cesara del cargo. Todo funcionario público debe abstenerse de ejercer otro empleo, cargo o comisión oficial o particular, y Mayorga emitió como contador público 95 dictámenes entre el 2006 y el 2012.
Se adelantó para el próximo martes la sesión en la que se someterá a votación la terna para nombrar al nuevo auditor que la integran Mayorga y dos ilustres desconocidos: Fernando Díaz Jiménez y Ana María de Nuestra Señora de Fátima Abascal Sainz, y digo desconocidos porque la Comisión de Vigilancia no ha dado a conocer los currículos de los aspirantes. Por eso no me atrevo a avalarlos o descalificarlos, pero de lo que si estoy seguro, como lo han manifestado muchas otras voces potosinas, es que Mayorga es insostenible y debe irse.
