El auditor que viene
Por Eduardo Martínez Benavente
¡Mina, mina asesina que tienes el cinismo de plantar una corona floral sobre los féretros de tus victimas! Te maldecimos.
Celebramos que el contador Héctor Mayorga no haya sido ratificado en su cargo. Su reelección habría sido una decisión funesta e inaceptable. El daño que le ha causado a la credibilidad del organismo fiscalizador del que fue fundador y titular durante 7 largos años es incalculable. No fue reelecto porque uno de los diputados que le había ofrecido su voto reculó un día antes y en la sesión del martes anuló la boleta para que no alcanzara la mayoría absoluta y de esta manera se presentara una segunda terna en la que ya todo estaba arreglado para elegir al contador José de Jesús Martínez Loredo. No contendieron juntos en la primera terna porque ninguno hubiera obtenido esa mayoría y los dos habrían quedado descalificados. Si Mayorga no hubiera estado seguro de que contaba con los votos necesarios para repetir como auditor superior del estado no se habría presentado como candidato, pues es un individuo calculador y ambicioso que no se aventuraría a salir derrotado. Lo engañaron. Se extinguió su buena estrella, pues alguien más pérfido y mejor negociador que él le movió el tapete y lo tumbó del puesto en el que proyectaba permanecer hasta el 2021.
Aunque el voto es secreto, es muy fácil saber por quién vota cada uno de los diputados y así comprobar si cumplieron con su compromiso. La manera más sencilla y segura es enseñar discretamente la boleta a alguien que sabe que lo está observando o entregársela marcada con una tinta invisible que sólo con humedad o luz fosforescente se puede leer, como le hacía Gonzalo N. Santos con los curros de la sociedad potosina que votaban en la casilla que se instalaba en la Plaza de Armas y le interesaba saber el sentido de su voto.
El nuevo auditor para imponer su autoridad y ganar respeto debe revisar los ingresos y egresos de que dispuso su antecesor -se va a encontrar verdaderas sorpresas-, evaluar su desempeño, inventariar todo los asuntos que le dejó pendientes y rendir un informe público de su pesquisa. También debe cesar o reducir a responsabilidades menores a los colaboradores más cercanos a Mayorga y hacerse de su propio equipo si no quiere que el ex auditor siga mandando en esa oficina.
Que bajo ningún motivo se le ocurra clasificar como reservada la información relativa a las auditorías que practica ese organismo como lo hacía su antecesor para que nadie se enterara de su contenido. Es inconstitucional bloquear la información derivada de las revisiones de las cuentas públicas. Que no le quepa la menor duda que cada vez son más los ciudadanos y medios de comunicación que están atentos a su desempeño y que no tolerarían a otro garante de la impunidad en el estado, subordinado a los intereses de la clase política.
Debe saber el nuevo auditor que 5 días antes de la elección, cuando Mayorga saboreaba su reelección, amplió el plazo hasta el 19 de febrero para entregar o negar 10 solicitudes de información que se le presentaron sobre diversos temas que unos días antes había presumido ante los medios de comunicación como logros de su gestión al frente del organismo, y que si los mencionaba era porque disponía de la información. Se le solicitó la lista de los 500 funcionarios que según su comunicado fueron sancionados por la ASE, desde 2007 a noviembre de 2013, en la que se pudiera consultar, el cargo que ocupaban, tipo de sanción y monto de la multa o indemnización. Se le pidió que desglosara las multas que por 70 millones de pesos aseguraba que había impuesto. Los nombres y cargos de los inhabilitados y la relación de los bienes embargados, entre otros asuntos que estamos esperando.
No me gustaría repasar ahora algunos antecedentes que pueden poner en tela de juicio la ética del nuevo auditor superior del estado, pero es imprescindible hacerlo pues no podemos ocultar sus responsabilidades como tesorero del gobierno de Fernando Silva Nieto en la operación de compra venta de los Invernaderos Santa Rita y en la última cuenta pública de esa administración que la LVII Legislatura reprobó por su falta de probidad. El operador financiero, el que realmente movía el dinero y el hombre de todas las confianzas de Silva Nieto era su amigo «Pepé Chuy», como lo llamaba; y no Olegario Galarza, que sólo representaba la cuota de poder que le impusieron los dirigentes de los organismos empresariales y sobre el que se ensañó el ex gobernador Marcelo de los Santos. Alguien así como Eibar Castilla Sosa, que como tesorero y yerno de Carlos Jonguitud era el que manejaba el erario del estado y no Jorge Ramírez Cruz que aparecía como secretario de finanzas. Pero todo eso es historia, ahora también tenemos que mirar para adelante y vigilar cuidadosamente al nuevo auditor, otorgándole por lo pronto un voto de confianza dentro del optimismo renovador que nos caracteriza a los mexicanos cada vez que hay un cambio de gobierno. Un voto de confianza que se vence el 15 de junio, fecha en la que deberá entregar el informe de la auditoría de la cuenta pública estatal del 2013, para que resuelva por lo menos tres asuntos que exasperan a muchos potosinos. El primero: fincar responsabilidades al actual gobernador o a su antecesor o ambos, en su caso, por la aplicación ilegal de los recursos del préstamo de los 1,500 millones de pesos. Es inaceptable que con todo el personal y recursos con los que cuenta no pueda determinar cómo, quién y en qué se agotó ese dinero, en el que una buena parte no fue identificado y otra nada tenía que ver con inversiones públicas productivas como ordenaba el decreto legislativo. El segundo: un informe en el que se analicen todos los ilícitos que se ha denunciado de la administración de Victoria Labastida y las acciones que se han emprendido para resarcir el daño que le infringieron al erario público; y el tercero: determinar sin ocultamientos ni negociaciones si los ilícitos e irregularidades que observaron los auditores en sus hojas de trabajo a las cuentas públicas de Soledad de Graciano Sánchez son procedentes o cómo y cuáles de los gastos irracionales y desproporcionados quedaron solventados.
