Los deudores del predial
Por Eduardo Martínez Benavente
Hasta el 31 de enero de 2014, más de 163 mil propietarios de bienes inmuebles de la capital del estado habían pagado el impuesto predial. Son los que puntual y religiosamente cumplen con esa obligación durante los primeros días del año y a quienes como aliciente se les otorga un descuento del 15% en el pago de la contribución. Otros 144 mil contribuyentes, de los 307 mil que reporta el padrón municipal, no lo habían hecho, algunos porque seguramente lo cubrirán en los siguientes meses; otros muchos porque su situación económica no se los permite y son a los que se les siguen acumulando multas, recargos y actualizaciones que cada año les dificultan más para ponerse al corriente. A éstos se les debe dar toda clase de facilidades para que por lo menos abonen una parte del adeudo. Otros no pagan con el pretexto de que están en desacuerdo con las liquidaciones que les han notificado; otros más porque la propiedad está en litigio o abandonada; y muchos otros porque gozan de influencias, les deben favores o saben que el sistema de cobranza del municipio es tan deficiente que se aprovechan de esta situación. De cualquier manera parecía que la recaudación llevaba un buen ritmo y que antes de abril sólo quedarían unos cuantos rezagados.
El tesorero municipal, José Bolaños, presumía que el ingreso era histórico pues llevaban recaudados más de 177 millones de pesos. Los espacios publicitarios al servicio del municipio anunciaban el éxito de la campaña que invitaba a los potosinos a pagar el predial. Hasta el presidente municipal, Mario García Valdez, para demostrar que el pago del impuesto es parejo para todos los propietarios, en un acto populista y demagogo, aparecía retratado frente a la caja registradora de una tienda de Oxxo, billetes en mano, pagando su predial, convirtiéndose en el primer ciudadano que utilizaba el nuevo esquema de bancarización y simplificación administrativa.
Todo iba bien, hasta que un ciudadano solicitó y obtuvo a través de Infomex un corte de «Deudores de predial al 31 de enero de 2014», que en 4 mil 381 páginas le entregó la Unidad de Información Pública del Ayuntamiento. En el documento se incluyó sin ningún orden un descomunal listado de contribuyentes con y sin adeudos. No la totalidad. Proyecto Tábano se dio a la tarea de ordenar la información alfabéticamente y de monto mayor a menor como se puedeconsultar en su página web, resultando que 80 mil 916 potosinos deben al ayuntamiento de la capital mil 663 millones 88 mil 47 pesos, según el corte realizado por las propias autoridades. Otros 63,799 contribuyentes no aparecen en el documento porque sus adeudos son menores a 1 mil 298 pesos, y seguramente que el que proporcionó la información le pareció que era innecesario exhibir a todos los morosos; por lo que el adeudo total por este concepto puede superar los 2 mil millones de pesos. Una cifra igual al presupuesto de ingresos del propio municipio autorizado para este ejercicio con lo que se podrían sanear sus finanzas y darle un mejor aspecto a la ciudad. Los adeudos no aparecen en los informes financieros del Ayuntamiento como activos, aun cuando se trata de créditos que pueden considerarse que tienen una garantía inmobiliaria; como tampoco se observan en los informes de la Auditoría Superior del Estado.
Pero lo más grave de esta revelación que está provocando un enorme descontento e indignación entre los contribuyentes cumplidos es cuando nos enteramos que el adeudo que acumulan 5 empresas inmobiliarias supera la suma de lo que se ha recaudado hasta esafecha. Esto que decir que el monto de lo pagado por los 163 mil propietarios de bienes inmuebles que hasta el 31 de enero habían cumplido con el pago del impuesto predial no supera los 178 millones que adeudan Urbanizadora Peña Blanca, con el mayor adeudo por 66 millones de pesos; Grupo Desarrollador Cima; Edificadora del Bajío; Residencial La Tenería y Grupo Las Águilas, propietarias de los inmuebles con mayor plusvalía que se encuentran ubicados en la zona residencial de la ciudad, y cuyos actuales accionistas y administradores se están investigando en el Registro Público para ser exhibidos.
En el listado de deudores también aparece el gobierno del estado, bancos, funcionarios públicos y otros personajes que deberían dar el ejemplo de causantes cumplidos. El tesorero municipal, en lugar de aprovechar toda esta información para presionar a los incumplidos y presumir de transparencia, ha intentado desacreditarla con el argumento de que no está actualizada porque se trata de datos revisados hasta el 31 de diciembre, cuando su propio documento claramente marca que el corte es al 31 de enero de 2014. El tesorero debería explicar las razones de esta enorme deuda y las medidas que está tomando para recuperarla; pero sobre todo debe informar de las gestiones de cobranza que ha enderezado en contra de esos 5 grandes deudores. Ha querido también encubrir los adeudos que por 72 millones reporta el gobierno del estado con el argumento equivocado de que están exentos del pago del impuesto predial porque se trata de bienes de dominio público destinados a servicios públicos, cuando alguien debería explicarle que el gobierno también es dueño de bienes del dominio privado, como la Casa de Gobierno, terrenos recuperados en la zona industrial, lotes de terreno en Ciudad Satélite y muchos otros predios que por su naturaleza no cuadran en la primera clasificación y que como cualquier otro contribuyente deben pagar el impuesto predial.
Mientras que el gobernador Fernando Toranzo ha tenido la atención de ofrecer que se hará una revisión de las deudas que pudiera tener el gobierno del estado derivadas de algunas de sus propiedades; el presidente municipal timoratamente ha declarado que los funcionarios municipales deben pagarsus adeudos, pero sin meterse en enredos con los deudores principales. El ex rector debería visitar personalmente a los 298 contribuyentes que según el informe adeudan cada uno más de 500 mil pesos, y que suman 604 millones de pesos, para exigirles el pago, advirtiéndoles que si no se regularizan iniciaría de inmediato acciones coactivas administrativas para embargarles y rematarles sus bienes.
