Huele mal el agua
Por Eduardo Martínez Benavente
Si el ingeniero Héctor Eduardo García Castillo, director del Interapas, contara con argumentos irrebatibles para justificar el motivo por el que aparece la sociedad mercantil denominada «Mejora Integral de San Luis» S.A. de C.V., como beneficiaria de un contrato de prestación de servicios que vale más de 907 millones de pesos, celebrado entre ese organismo y esta empresa; en lugar de haberlo hecho con Cobra Instalaciones México, S.A. de C. V., que fue la sociedad que ganó la Licitación Pública Nacional númeroLA-824028997-N19-2011, que originó este contrato, seguramente que ya habría convocado a una rueda de prensa para demostrar que la operación es legal y que no está encubriendo ningún ilícito. Si dispusiera de documentos indubitables para acreditar la limpieza de la operación no tendría porque esperarse a que se venza el plazo que le otorgó la Cegaip para entregar la información solicitada y no seguiría exponiendo a la institución que representa al descrédito por haberla clasificado ilegalmente como reservada desde el 21 de enero de 2013, 4 días después de que asumió el cargo.
Es importante aclarar que en esta licitación participaron otras 5 empresasy ninguna corresponde a la denominación de la adjudicataria. El director está obligado a explicarnos de qué se valieron para otorgarle a esa empresa el cuantioso contrato. La concursante que cotizó más bajo, en 495 millones de pesos, fue descalificada por baratera. En esa sociedad aparecían los nombres de varios empresarios potosinos que protestaron, pero que no impugnaron el fallo por la vía legal.
El 10 de julio de 2012, cuando el alcalde interino Luis Miguel Ávalos Oyarvides presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado para modificar los decretos legislativos 563 del 27 de diciembre de 2008 y 184 del 6 de mayo de 2010, para que la empresa pudiera operar y mantener los servicios ofrecidos por 12 años, en lugar de 8, como estaba establecido originalmente en la convocatoria de la licitación, nos dimos cuenta que mencionaba a «Mejora Integral de San Luis,» S.A. de C.V., como adjudicataria del contrato, que nada tenía que ver en la lista de participantes de la licitación. Avalos Oyarvides también solicitó que se ratificaran las facultades que se le habían dado al INTERAPAS para contratar una línea de crédito por un poco más de 36 millones de pesos que se utilizaría para garantizarle a la empresa el pago de 3 mensualidades, en caso de que el organismo operador no cubriera oportunamente las contraprestaciones pactadas.
El artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas no permite que los derechos y obligaciones derivados de estos contratos puedan cederse a favor de otra persona física o moral, y sólo contempla que, en caso de no firmarse el contrato con el que obtuvo el primer lugar en la licitación, se adjudique al segundo de la lista o a los siguientes si los anteriores no aceptan.
El sustituto del ex director Francisco Muñiz Pereira fue propuesto para ocupar ese cargo por el alcalde Mario García Valdez, presidente de la junta de gobierno del Interapas, quien resultó electo por unanimidad entre una terna que se votó el 18 de diciembre de 2012. El organismo fue notificado el pasado lunes 3 de marzo, por la Cegaip, para que dentro de los siguientes 10 días publique el referido contrato en el que a través de esta modalidad se privatiza una buena parte de los servicios que le corresponde proporcionar.
El contrato comprende la construcción de las obras hidráulicas que se requieren para recibir el agua proveniente del Realito, así como el control y automatización de 103 pozos, la rehabilitación y mejoramiento electromecánico de 84 pozos, la sustitución de 120,000 tomas domiciliarias, la sectorización y rehabilitación de 136 kilómetros de redes de agua potable y la instalación de 151,000 micro-medidores. Abarca también la localización y control de las fugasen tomas y redes; la actualización del padrón de usuarios que está conformado por más de 320,000 domicilios; el procesamiento, lectura y facturación del consumo de agua. Se encargará de la cobranza y recuperación de la cartera vencida, para esto se le faculta a cortar el servicio, si el consumidor no paga sus recibos. Tendrá bajo su responsabilidad la atención a usuarios e implementará las cajas móviles para la cobranza. El prestador de servicios recibirá del INTERAPAS los nombres de los usuarios morosos con adeudos mayores a 3 recibos vencidos para que se haga cargo de la cobranza mediante una remuneración del 20% sobre el monto recuperado. Existen más de 115,850 tomas sin medidor a las que se les aplica arbitrariamente una cuota fija para el cobro del servicio.
Más caos: hay 40,667 medidores que no funcionan, por lo que no es posible conocer con precisión la relación entre el agua consumida y cobrada en estas tomas. Son más de 200 páginas de especificaciones que los diputados debían haber analizado antes de aprobar la iniciativa. Es un compromiso enrome que ha obligado a incrementar las tarifas que deben pagar los usuarios del servicio de agua y que exhibe la incapacidad del organismo para prestar estos servicios que cede a un particular, no obstante que le están encomendados por el decretó que lo creó.
También se compromete a identificar a los 2,380 usuarios más representativos de consumo de agua para recabar los antecedentes de su toma, las descargas, los contratos, los pagos, las lecturas y cualquier información que precise su verdadera situación para realizar los ajustes y monitorearlos permanentemente. Se calcula un período de inversión y construcción de 4 años, y 8 más de operación. Para llevar a cabo estas obras y acciones se le entregarán a la empresa recursos federales por unos 400 millones de pesos de un fondo perdido, más otros 600 millones que tendrá que conseguir para completar la inversión. El Congreso debería exigirle al INTERAPAS, que una vez que la prestadora de servicios inicie estas funciones, reduzca sustancialmente su nómina y gasto corriente, como un primer paso, antes de que desaparezca por completo.
