Cuentas alegres

Por Eduardo Martínez Benavente

El informe de la cuenta pública estatal correspondiente al ejercicio del 2013, el cuarto que presenta el gobernador Fernando Toranzo, no fue motivo de elogio o reconocimiento alguno, no obstante que presenta un escenario boyante en el que asegura que nos está yendo muy bien a los potosinos. La falta de credibilidad de la que gozan los gobernantes y la percepción ciudadana de que la situación económica es un desastre le dan al traste a las cifras y estimaciones de su gobierno en el sentido de que, con todo y la desaceleración de la economía mundial registrada en el transcurso del año, el crecimiento para San Luis Potosí fue de 2.2 por ciento al cierre del 2013, muy por encima del nacional que apenas alcanzó el 1.2 por ciento. Presume que los índices de desocupación en la entidad son envidiables, pues casi todos los potosinos tenemos una actividad remunerada al registrar 1.5 puntos porcentuales menos que la nacional que se ubica en un 4.6 por ciento. Lo que no ocurre ni en los países más desarrollados del planeta, aunque omite aclarar que el 90 por ciento de esos trabajadores ganan de uno a tres salarios mínimos que no les alcanza para satisfacer la mayoría de sus necesidades. En materia de precios también somos ejemplares, pues la inflación registró en el estado una tasa acumulada al mes de diciembre del 2.18, esto es 1.79 puntos menos que la nacional.

El gobernador alardea en su informe que la estrategia económica del ejercicio fiscal 2013 consistió en consolidar lo realizado en ejercicios fiscales anteriores y avanzar en el cumplimiento de lo señalado en los documentos rectores de desarrollo del Estado, como sería «construir la infraestructura urbana y de comunicaciones necesaria para el desarrollo integral de las cuatro regiones del estado y asegurar un clima de paz y seguridad en la Entidad para combatir la delincuencia, la corrupción y la impunidad». Reporta una inversión de 7 mil 400 millones de pesos destinada a combatir la pobreza que no se refleja por ningún lado, aunque asegura que se redujo el déficit de servicios básicos en las viviendas, la problemática del hacinamiento y la de cocinar con leña en las localidades de muy alta y alta marginación. Es un gobierno que a lo mejor ha pretendido mitigar las expresiones más dolorosas de la pobreza con políticas asistenciales, pero no ha aplicado políticas de Estado con visión de largo plazo para erradicarla. No hay inversiones productivas. Los que hemos tenido la oportunidad de recorrer recientemente algunos municipios del estado somos testigos de la miseria y marginalidad en la que viven la mayoría de los campesinos e indígenas. Igual de extrema que la que veíamos en 1991 cuando acompañamos al doctor Salvador Nava en su gira proselitista por la entidad. Tan útil que sería conocer una versión objetiva y veraz de la situación financiera y social que vivimos en la que se exhibieran todas las carencias y deficiencias de la vida pública.

La cuenta pública es un documento abarrotado de buenas intenciones y números que comprende un mundo de información relacionada con la deuda pública, con las participaciones y fondos municipales y con las dependencias e instancias del gobierno estatal orientado a conocer los ingresos y egresos del ejercicio; y en los anexos, que no se publicaron, deben aparecer las características de las miles de obras y acciones que se ejecutaron, hasta las más insignificantes, así como el gasto asignado a cada una de ellas que nadie tiene capacidad de revisar por lo que nos pueden contar cualquier mentira y que el gobierno difunde con la certeza de que ni los diputados ni los partidos de oposición analizarán, y que la Auditoría Superior del Estado (ASE) aprobará sin mayores complicaciones, y si acaso con algunas observaciones intrascendentes, como ha ocurrido con las últimas cuentas públicas.

Sería muy tedioso tratar de analizar en este espacio los números y operaciones que se declaran en el informe, aunque para darnos una idea de su complejidad basta con comentar brevemente tres asuntos que me llaman la atención y que requieren de una explicación por parte del secretario de Finanzas. El primero son los ingresos por derechos del Hospital Ignacio Morones Prieto, que de 50 millones 658 mil pesos presupuestados, se elevaron a 629 millones 151 mil pesos obtenidos. Ese salto descomunal o manipulación de cifras pesa de manera muy importante en el monto de los excedentes que reporta la contabilidad gubernamental. El segundo se refiere a los 40 millones de pesos de utilidades que se calculó que obtendrían los invernaderos de Santa Rita y que quedaron reducidos a un poco más de 16 millones. La explicación que proporcionan no es suficiente para entender si la diferencia que resultó es la que se reinvirtió en el proyecto. Y en el tercero me quedan varias dudas para reconocer como un resultado positivo de este ejercicio la reducción significativa en el total de los pasivos contabilizados, pues de 9 mil 820 millones de pesos al cierre del ejercicio anterior, quedaron 9 mil 104 millones al 31 de diciembre de 2013.

Es una pena que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no verifique la información, pues por su autonomía y por los recursos humanos y económicos que maneja debería ser una institución con credibilidad para pronunciarse y emitir una opinión en la que avale, explique o desmienta las cuentas alegres del gobernador. Muchos potosinos se preguntan: ¿Dónde están las grandes obras de infraestructura realizadas por esta administración que puedan detonar el desarrollo del estado?  La respuesta es muy sencilla: no existen. Lo único que podría salvar a este gobierno de la mediocridad que lo caracteriza es que la BMW se instalara en la entidad.

El gobierno del estado tuvo un ingreso histórico en el 2013 que rebasó los 34 mil 743 millones de pesos. Nunca se había captado tanto dinero. Más de 3 mil 737 millones de pesos de la suma originalmente presupuestada que no se tradujeron en obras y beneficios para la sociedad, sino en incrementos a la nómina y gasto corriente que autorizó la Comisión Gasto Financiamiento que controla el contador Jesús Conde Mejía. Los diputados en esta Comisión son inexistentes, no tienen representación, y ni siquiera se les ha ocurrido presentar una iniciativa de ley que los incorpore a  esa tarea, de tal manera que tengan la mayoría de votos para que sean ellos los que decidan el destino de los excedentes.