Pasaron inadvertidos
Por Eduardo Martínez Benavente
No hay crónica legislativa. La información que fluye del Congreso del Estado se centra principalmente en los abusos, chismes y conductas reprobables de los legisladores. Estamos acostumbrados a escuchar y leer las críticas que les dirigen con motivo de sus percepciones, gastos, ausencias, viajes, desplantes y actividades promocionales, pero muy poco de su trabajo legislativo. El repudio de la población es generalizado. No obstante, todos quisieran ser diputados. Muy pocas veces se difunden sus iniciativas y dictámenes. Ni siquiera una síntesis o un comentario. Algunos de enorme importancia para nuestra vida social, política y económica como los que acaban de ser aprobados y que pasaron inadvertidos. Aunque nos debemos de perder de vista que los diputados que las suscriben no son los verdaderos autores o redactores de esos documentos. El trabajo es obra de los despachos de abogados que contratan, de algunos asesores y de los funcionarios del Instituto de Investigaciones Legislativas del propio Congreso, o bien, producto de inocultables plagios de leyes de otros estados y países. Por eso cualquier inepto puede llegar a ser diputado, pues no se requieren mayores conocimientos que saber leer y escribir. Todos conocemos los alcances y cultura jurídica de nuestros representantes y sabemos que con excepción de uno o dos, ningún otro es capaz siquiera de redactar uno de los artículos de las propuestas que presumen como propias; y menos fundar y motivar los dictámenes de las leyes que aprueban o rechazan.
En la Legislatura que me tocó participar (2003-2006) me ofrecían por una módica suma de dinero un paquete de 40 iniciativas de reformas y adiciones a los códigos y leyes del Estado para que figurara como el diputado más productivo por el número de proyectos presentados, a los que sólo les tenía que hacer algunas pequeñas adecuaciones como ordenar la numeración y cambiar el nombre del estado para que no apareciera el de la entidad de origen. Por cierto, hay que reconocer que esa legislatura contó con diputados como Juan Ramiro Robledo, Manuel Medellín, José Luis Ugalde y Oscar Vera que eran capaces de redactar sus propias promociones.
El área de comunicación social del Poder Legislativo es un fracaso. No sabe cómo dar a conocer y difundir los asuntos trascendentes que ahí suceden. Deberían sintetizar y explicar, cada día, por lo menos uno de los decretos aprobados para que los interesados pudieran digerirlos. En la sesión ordinaria y solemne que celebró el Congreso del Estado el martes 13 en Ciudad Valles se aprobaron asuntos tan importantes como la nueva Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, que armoniza y homologa la organización y funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales; para que de ahora en adelante queden constituidos como entidades paraestatales con personalidad jurídica y patrimonio propios; de tal manera que se abrogan las leyes que actualmente rigen estas materias, así como las disposiciones reglamentarias y administrativas que se opongan al decreto; y que por su trascendencia merecerían que el Congreso del Estado o la Facultad de Derecho celebraran un foro de análisis en el que se convocara a todos los interesados. Los catastros municipales que no administra el gobierno del Estado seguirán operando como antes y la Ley entrará en vigor a los 30 días de su publicación.
Otra iniciativa que fue aprobada en esa sesión es una adición a la Ley de Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado, que es la Ley que rige a los burócratas; en la que se establece que los presidentes municipales y tesoreros están obligados a pagar el importe de los laudos firmes que se hayan originado durante su gestión antes de concluir el trienio, pues de no hacerlo se les fincarán responsabilidades financieras. Esto quiere decir que los créditos laborales no podrán heredarlos a la siguiente administración. Aquí el problema es la insolvencia de los ayuntamientos para hacer frente a esos compromisos, pero es al mismo tiempo un freno para que los alcaldes piensen varias veces las responsabilidades en las que pueden incurrir si despiden injustificadamente a los trabajadores, muchas veces para hacerle espacio a sus amigos y a los que colaboraron en su campaña. La mayoría de los municipios enfrentan enormes pasivos que muchas veces no reportan sus cuentas públicas derivados de las pensiones y el pago de laudos laborales, y que en cualquier momento harán crisis en sus finanzas. Esta legislatura aprobó hace unos meses una reforma en la que el burócrata que demande por despido injustificado sólo podrá recibir los salarios vencidos de un año, independientemente de que el litigio se prolongue por más tiempo; pero si no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagará al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario, a razón del 2% mensual capitalizable al momento del pago.
Otra de las reformas y adiciones que se aprobaron se refiere al rezago legislativo de iniciativas de diversos temas que quedan en la congeladora y que a nadie, con excepción de su promovente, les interesa sacar; o alguien, con la influencia y poder necesarios puede detenerlas indefinidamente. El número de iniciativas atoradas desde hace más de 6 meses asciende a 248 y 28 puntos de acuerdo que se irán a la basura. Sucede en muchos casos que la iniciativa es absurda o insustancial y no vale la pena dedicarles una sesión de trabajo en la mesa de las comisiones a las que le corresponde analizar y dictaminar ese asunto. Por lo que se aprobó la figura de la caducidad legislativa, como forma de abortar el proceso. Esto quiere decir que si pasados 6 meses de presentada una iniciativa o punto de acuerdo, no ha sido aprobado o desechado por el Congreso del Estado, se extinguirá el proceso iniciado por el sólo transcurso del tiempo.
