Entre auditores te veas

PRIMERA PARTE

Por Eduardo Martínez Benavente

El motivo del auditor superior del estado, José de Jesús Martínez Loredo, de sentar y exhibir en el banquillo de los acusados al ex auditor Héctor Mayorga, como cualquier otro malhechor, se debe a una revancha por los conflictos que le ha armado en el interior del organismo fiscalizador que ahora dirige y haber filtrado información que ha dañado su imagen; y no al interés de integrar una investigación seria y exhaustiva de sus actuaciones al frente de esa oficina para que se le aplique la Ley. Busca desquitarse de las afrentas que le ha inferido exhibiéndolo públicamente como un vulgar dilapidador de los recursos que administró, por lo que sólo se centrará en asuntos menores y no incursionará en otro tipo de responsabilidades como las que corresponden por haber encubierto a conocidos delincuentes y haber dejado que pasaran más de cuatro años sin resolver en definitiva si el ex gobernador Marcelo de los Santos o el actual solventaron las observaciones que les fincó en el informe de la auditoría de la cuenta pública del 2009 del Poder Ejecutivo, referentes al desvío de una buena parte del préstamo de los 1,500 millones de pesos que el primero gestionó, y que no sabemos quién de ellos, o si los dos, son culpables de esos ilícitos, como también podemos pronosticar que el nuevo auditor no hará absolutamente nada para esclarecer este caso, no obstante de que ya existe un predictamen en el que nos asegura uno de los ex asesores más cercanos de Mayorga que la responsabilidad es compartida y que los dos hicieron mal uso de esos recursos.

Habrá que recordar que en el informe de la auditoría correspondiente a ese ejercicio, el ex auditor palomeó sin observación alguna 381 de los 1,500 millones prestados, a Toranzo le señaló 561 millones de desvíos y 558 al gobierno marcelista. Cualquiera puede predecir, sin riesgo a equivocarse, que el ex auditor no será sancionado y que si algún día logran formalizarle algún cargo no sabrán cómo hacerlo efectivo, pues sus habilidades para chicanear y prolongar indefinidamente cualquier litigio son por todos conocidas. Por lo pronto, para demostrar su rebeldía, ha desentendido los citatorios que la Auditoría Superior del Estado (ASE) le ha girado para que se presente a declarar con el trillado pretexto de que él y su ex coordinador de Ejecución, Juan José Frías Aguilera, a quien también están convocando, se encuentran incapacitados.

Un grupo de ciudadanos que hemos estado investigando el destino que se le dio a ese crédito llegamos hace unos meses a la conclusión de que el ex gobernador Marcelo de los Santos dispuso de la totalidad de ese dinero y que no le había dejado a su sucesor ningún remanente. Para eso nos basamos en la información que obtuvimos a través de engorrosas gestiones judiciales y administrativas. Ahora creemos que estamos equivocados y tenemos serias dudas de haberle adjudicado al ex gobernador toda la responsabilidad, pues independientemente de lo que nos ha explicado el ex consejero de Mayorga, la ilegal cerrazón del gobierno de Fernando Toranzo para entregarnos la documentación solicitada, lo exhibe y delata como responsable de una buena parte de ese desvío. Su gobierno ha llegado a los extremos de utilizar al Juez Tercero del Ramo Penal para que clasifique como reservada la información requerida porque según él forma parte de un proceso penal, como si no entendiera que lo que estamos investigando es el destino que se le dio a esos recursos, que por su naturaleza es información pública, y no el estado que guarda el expediente. El Poder Judicial de la Federación le había ordenado a la CEGAIP que hiciera valer el acuerdo con el que en un principio había desclasificado la información de la auditoría de la cuenta pública estatal del 2009 como reservada, y que después, su presidente no sostuvo y revocó en una resolución arbitraria y unilateral. El amparo que se nos concedió se convirtió en el primer precedente para que la información sobre la revisión de las cuentas públicas dejara de ser un secreto.

Si Toranzo estuviera libre de culpa sería el principal interesado en ordenar la entrega y difusión de los estados financieros y movimientos bancarios, con pólizas y comprobantes de los gastos de las 9 cuentas a las que el ex gobernador transfirió el importe del crédito y desde las que se expidieron los cheques y órdenes de pago hasta agotarse los recursos. Sólo así podríamos contar con un sustento documental completo que nos permitiría seguirle la pista a la dispersión de esos fondos. Es inaceptable que la ASE con decenas de expertos contadores que cobran en su nómina no haya emitido un dictamen final en el que resuelva de una vez y para siempre quién fue el responsable de esas pillerías.

Se ha dejado correr la versión de que el ex titular de la ASE tiene abiertas cuatro investigaciones que van desde las multas e indemnizaciones cobradas a los presidentes y tesoreros municipales que se cubrieron en especie, sin que se les exigiera un avalúo que determinara el valor del inmueble que se daba en pago, hasta los fondos especiales que ha recibido de la Auditoría Superior de la Federación destinados a revisar dependencias que manejan recursos federales. Así como el montón de empleados de confianza a los que les dio base. Según el informe del cuarto trimestre de 2013, la ASE tuvo un presupuesto autorizado de un poco más de 133 millones de pesos, aunque al final ejerció más de 160 millones de pesos. Para este 2014, según el informe del segundo trimestre, el presupuesto autorizado es de 155 millones 911 mil pesos y ha tenido en lo que va del año varias ampliaciones que lo llevan a 162 millones 188 mil pesos. Todo tirado a la basura, ya que los resultados por el cobro de indemnizaciones y multas a los entes auditados son un fracaso y ni siquiera ha logrado reducir los ilícitos e irregularidades en que incurren permanentemente. Es necesario que un despacho externo de contadores revise las cuentas que maneja discrecionalmente el auditor superior del estado. A nadie rinde cuentas, ni nadie se las pide. Su contraloría interna no es confiable. No existe ningún otro organismo o dependencia de gobierno que maneje con más libertad e impunidad los dineros que se le confían, que ese inútil recoveco.