El ocaso de Toranzo
Por Eduardo Martínez Benavente
Aun cuando fuera cierto, es prácticamente imposible que el vocero del gobierno del estado, Roberto Naif Kury, pueda probar que el delegado de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Martín Toranzo Fernández, -ahora con permiso para ausentarse de su cargo, al que probablemente ya no regrese- haya recibido el 10% del importe de un contrato de obra pública con valor de 29 millones de pesos por su gestión y buenos oficios ante la Comisión Estatal del Agua (CEA) para que a la empresa Tekno Dream, que no pudo localizarse en el internet con esa denominación, ni con alguna otra parecida, se le adjudicara una obra; como tampoco podrá probar el perturbador hermano del gobernador que el funcionario encargado de lustrar su imagen trató de extorsionarlo exigiéndole un millón de pesos a cambio de no generar un escándalo mediático y preservar su condición de funcionario federal pues estaba metido en un grave problema de corrupción. Es su palabra contra la del Coordinador General de Comunicación Social. Seguramente que ambos negarán cualquier participación en los hechos que se denuncian, como también lo harán el secretario general de gobierno, Cándido Ochoa Rojas y el subsecretario, Eduardo González Sierra, a los que Martín Toranzo señala como testigos que tuvieron conocimiento del presunto intento de extorsión y sobre los que ahora descarga sus baterías. Naif Kuri, por su parte, calificó la denuncia en su contra como un “escandaloso tema” y aseguró en un insulso boletín de prensa, en el que no entra al fondo del asunto, que “se reserva el derecho de integrar la actual indagatoria con la finalidad de formular la querella correspondiente en contra de quien o quienes resulten responsables de las declaraciones efectuadas con falsedad en contra de su persona”.
No me cabe la menor duda que la Procuraduría General de Justicia del Estado arrumbará las denuncias por falta de pruebas, pero principalmente porque los acusados son intocables, y en breve nadie se acordará del incidente. El más perjudicado en todo este chismerío es el gobernador del estado porque se le suma otro escándalo a la larga lista de acusaciones dirigidas en contra de algunos miembros de su familia por aprovecharse del parentesco para hacer negocios. El hermano incómodo confesó estar distanciado del gobernador pues desde hace cuatro años que no lo ve, aunque aseguró que se siguen queriendo. El altercado le ha permitido al también odontólogo, con especialidad en cirugía oral y maxilofacial, señalar los vacíos de poder, el uso político que se hace de la justicia y denunciar las amenazas que ha recibido en este asunto y las que recibió por parte de la organización criminal de los «Z» por los señalamientos que hizo con motivo de la autorización del desarrollo urbanístico el Gran Peñón. Resulta difícil de creer que el doctor Martín Toranzo haya sido el único denunciante que recibió amenazas por parte de ese grupo delictivo cuando los ilícitos en los que incurrieron los fraccionadores los tratamos varios columnistas y periodistas de «Pulso», en el que revelamos sus nombres y el de los funcionarios que intervinieron en su fraudulenta autorización.
Retador, directo, guasón, seguro de sí mismo, ameno, homofóbico, protagonista, insolente y sin respetar los cánones y lineamientos de lo que debería ser una entrevista seria, despotricó contra su hermano, cuñada, vocero, secretario y subsecretario de gobierno. Todo un espectáculo que se difunde con profusión y se disfruta en un video a través de las redes sociales, y que exhibe la decadencia de un gobierno en picada.
Si la Auditoría Superior del Estado o la Contraloría del gobierno estatal tuvieran un mínimo de credibilidad y no fueran las encubridores oficiales de los ilícitos que observan al revisar las cuentas públicas que auditan, podrían determinar en uno o dos días si las características y calidad de la obra que se adjudicó a la constructora corresponden al precio que se pagó. También podrían calcular el margen de utilidad que obtuvo y si éste fue racional o desproporcionado como para repartir 2 millones 900 mil pesos por concepto de «mordidas». Es muy difícil que el adjudicatario por licitación de una obra de esa cuantía, en la que se presentan otros competidores, obtenga ganancias superiores al 10% del valor de la operación. Si el auditor concluyera que el precio que pagó la Comisión Estatal del Agua no corresponde ni remotamente al valor de la obra, habría elementos para empezar a creer que algo turbio existió en la operación, y en todo caso las responsabilidades caerían principalmente sobre las personas que adjudicaron la obra. Todo mundo sabe que los sobornos se pagan en efectivo y se entregan en un sobre cerrado por si alguien está filmando al receptor, y la mayoría de las veces, la operación se realiza a través de una tercera persona. Nadie deja pistas documentales, pues el beneficiario tendría que ser un novato, sin maldad alguna para depositar esa suma en una cuenta bancaria a su nombre o en alguna de las de sus parientes o amigos que pudieran involucrarlo. Puede ser que Naif Kury se haya comunicado con el ex director de los parques Tangamanga y le haya pedido en son de broma que compartiera el botín pero sin la verdadera intención de obtener un lucro e intimidarlo y sin contar con pruebas para incriminarlo, si acaso fundado en la versión de algún constructor dolido que perdió la licitación y fue a quejarse. Tendría que ser un suicida, conociendo a Martín Toranzo, el que se atreviera en serio a extorsionarlo. Tampoco podemos esperar nada del inútil e inoperante Consejo Ciudadano de Transparencia que debería ser el principal interesado en investigar la licitación, la invitación restringida o la adjudicación directa de la obra, aunque no me extrañaría que la constructora saltándose las trancas se haya hecho del negocio a través de esta última modalidad con la complicidad del organismo público gubernamental.
