Su explicación no es suficiente
Por Eduardo Martínez Benavente
Aunque muy pocas personas le creyeran, creo que habría sido menor el daño ocasionado a la imagen presidencial si la señora Angélica Rivera hubiera acreditado desde el mismo día en que explotó la bomba informativa de la periodista Carmen Aristegui que su capacidad económica le permitía adquirir la residencia ubicada en Sierra Gorda 150 de Lomas de Chapultepec, que un perito valuador cotizó en 88 millones de peso; y el gobierno de Peña Nieto habría tenido tiempo para analizar con más calma los inconvenientes de revocar el fallo de la licitación de la obra del tren México-Querétaro, en la que se vio favorecida una constructora con un inocultable conflicto de intereses con el presidente, que le «vendió» el inmueble a la primera dama, en abonos, con tres años de gracia en los que la compradora no abona al capital, sin enganche y otras generosas facilidades.
La señora Rivera declaró en el video difundido este martes, en el que trata de explicar el origen de su fortuna, que en 2010 recibió de Televisa un pago por 88 millones 631 mil pesos, más IVA y las escrituras de la casa contigua a la finca anterior como contraprestación del contrato de exclusividad que celebró por cinco años con la empresa. Nuevamente el equipo de Aristegui investigó que la escritura de la casa que le formalizó Televisa el 14 de diciembre de 2010 no se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad, por lo menos hasta marzo del 2013 en que se realizó la última revisión, por lo que se pone en tela de juicio que esta operación se haya celebrado en los términos que señala y que no acompañó al video.
Por el contrario, en la página electrónica en la que se reproduce el video se anexa el contrato privado de compra venta de «La Casa Blanca», que celebró el 12 de enero de 2012 la mujer más vapuleada del país con una empresa de Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo Higa, el consorcio del que forma parte Ingeniería Inmobiliaria del Centro, adjudicataria fallida del tren rápido México-Querétaro, la cual -sin ser constructora de casas- edificó la residencia de Sierra Gorda 150. Sería muy ilustrativo que la compradora nos explicara por qué con los más de 130 millones 724 mil de pesos que recibió en ese ejercicio por concepto de «prestación de servicios independientes», celebró un contrato de compra venta en abonos, sin anticipo, en un precio de 55 millones de pesos y con la obligación de cubrir intereses a razón del 9% anual sobre saldos insolutos, en lugar de haber pagado la operación al contado, cuando las inversiones bancarias reditúan menos del 4% anual. A menos que la señora tuviera otros negocios más productivos que los intereses que paga un banco.
También agregó una declaración complementaria del Impuesto sobre la Renta correspondiente al ejercicio fiscal del 2010, presentada el 9 de abril del 2012, un año después de la fecha en la que debió enterar el impuesto, en la que cubre una diferencia por más de 26 millones de pesos, cuando es presumible que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no se atrevería a auditar a la esposa del presidente y la evasión fiscal ya se había cometido. Si los documentos que ahora exhibe hubieran existido en la fecha en la que la periodista hizo pública la investigación, el vocero de la presidencia, que salió al quite, tenía la obligación de mostrarlos en la entrevista que le concedió a Carlos Loret de Mola, en el noticiero matutino del canal 2 y no llegar con las manos vacías.
Si fueran ciertos los pagos en numerario y especie que asegura la ex actriz que recibió de la empresa de Emilio Azcárraga, tampoco vacilarían los asesores de la presidencia de la República en presentar la documentación comprobatoria, como serían los cheques o transferencias bancarias, pólizas y finiquitos correspondientes a su liquidación. Todo es un burda farsa con la que creen que han engañado a la opinión pública nacional y extranjera. Ninguno de los comentaristas de Tercer Grado que analizaron superficialmente el video y que conocen las entrañas de Televisa se atrevió a confirmar o negar que un desembolso de ese tamaño es normal y justificable en el canal de las estrellas. Al gobierno federal no le representa ningún problema falsificar documentos y exhibirlos como prueba plena, así se trate de escrituras y declaraciones fiscales, por lo que la mayoría de los mexicanos no creemos en las explicaciones de la esposa del presidente. Televisa podría ser severamente sancionada si se atreviera a falsificar información contable o financiera de sus operaciones porque sus acciones se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York y cualquier inversionista puede acceder a la documentación de la televisora en la que, si se hizo el pago, debe aparecer el monto de las remuneraciones recibidas por su ex empleada.
Con la seguridad que da el poder y con la certeza de que no será investigada ni castigada, la esposa de Peña Nieto compareció a través de un video en el que, podría ser su última actuación, intenta convencernos que dice la verdad. Nos hace ver su molestia y lo ofendida que se siente por poner en tela de juicio su honorabilidad. Creo que habría ganado credibilidad y simpatías si se hubiera atrevido a presentarse personalmente en una rueda de prensa en la que aceptara preguntas de los representantes de los medios de comunicación y se diseccionaran los argumentos de su explicación. Tampoco ofreció someterse a una investigación independiente que analizara cada una de las aristas de su adquisición.
