El candidato de Toranzo
Por Eduardo Martínez Benavente
La designación de Juan Manuel Carreras López como candidato del PRI a la gubernatura del estado no fue la decisión política más acertada que pudo haber tomado la cúpula de ese partido, en el camino se quedaron otras opciones más sólidas y atractivas, su nombramiento responde, más bien, al sobresalientecurriculum vitae que lo respalda, muy superior al de los otros aspirantes. Carreras es un político serio, educado, inteligente, deportista y moderado que cumple con el perfil adecuado para ocupar el cargo. El candidato tiene una personalidad introvertida y acartonada al que le costará mucho trabajo aproximarse a la gente. Sus declaraciones son prudentes y sin florituras como las de un vocero profesional. Difícilmente lo oiremos decir algo fuera de lugar. No se le conocen enemigos potenciales, quizás porque no los tiene. Ni los grupos de maestros disidentes que hasta hace poco se manifestaban con frecuencia y vehemencia lo han molestado. Su gobierno -si gana la elección- navegaría entre las aguas de la mediocridad y la inoperancia por los compromisos y limitaciones económicas a las que se verá sometido y porque poco habrá que destacar de sus actividades cotidianas pues no se le dan las confrontaciones ni lamentaciones. Encubrirá los ilícitos e irregularidades de la administración que ahora deja. Toranzo y sus colaboradores pueden dormir tranquilos. Sus diplomas universitarios y posiciones que ha ocupado dentro de la función pública -por lo menos en el papel- son envidiables y seguramente fueron determinantes para su designación. Carreras López representa, aunque obviamente no se promocionará así, una garantía de continuidad en las políticas gubernamentales de Toranzo. No se le conoce ninguna actividad productiva que haya desempeñado fuera del ámbito de la burocracia. Ni siquiera un despacho jurídico y menos una empresa.
El proceso de selección nos indica que no se evaluaron los resultados de su gestión al frente de la Secretaría. No consideraron que su ex titular no pudo con el compromiso de mejorar el sistema de educación en el estado, ni suprimir las remuneraciones de aquellos maestros que cobran sin trabajar y que están comisionados en sindicatos y partidos políticos. Como tampoco pudo hacer valer su autoridad ante dirigentes y caciques magisteriales que son los que realmente mandan en esa dependencia. La designación del profesor Vito Lucas, como nuevo titular de la SEGE, es la prueba más palpable. Pero la omisión más grave es que no calcularon los daños que la imagen del candidato puede sufrir por las observaciones financieras que seguramente le fincará la Auditoría Superior de la Federación por el desvío de millones de pesos que se tomaron de diversas partidas etiquetadas y que se aplicaron para cubrir la nómina magisterial, como expresamente lo reconoció el gobernador Fernando Toranzo en la entrevista que «Pulso» publicó el pasado 10 de abril, quien explicó que «debido a que las aportaciones federales para el pago de la nómina no llegaron, la entidad acumuló en tan sólo 2 años 4 mil millones de pesos en déficit, por lo que el gobierno estatal se vio obligado a tomar dinero de otras partidas para cubrirla». Y advirtió para justificar su ilícito que el estado no cuenta con recursos suficientes para enfrentar las negociaciones salariales con el sindicato de maestros (SNTE), por lo que no es posible decirle a los profesores «te pago el mes que entra». Cualquier funcionario sabe que desviar recursos públicos es un delito.
Como titular de la Secretaría de Educación no dejó pasar la oportunidad de congraciarse con el magisterio, uno de los gremios con mayor capacidad operativa en cuestiones de movilización electoral, con el reparto de compensaciones salariales por casi un millón 500 mil pesos mensuales para un grupo de 302 privilegiados, de los cuales sólo entre 36 personas de mandos medios y superiores se llevan cada mes 786 mil pesos. Si bien puede argumentar que los atractivos bonos que reciben los mandos medios y superiores de la SEGE, hasta hace unos días a su cargo, provienen de un esquema de compensaciones creado en administraciones anteriores, no podrá negar que mantenerlos resulta una omisión convenenciera de su parte al evitar confrontar al magisterio con una acción de regularización de los ingresos de una casta a la que le preservó sus privilegios y en la que seguramente tendrá ahora uno de sus principales bastiones para la campaña electoral que se aproxima. Pocas esperanzas quedan, pues, de que se trate de un gobernador que llegue a poner orden en la administración pública estatal, cancele privilegios y canonjías de una clase política acostumbrada a beneficiarse del erario, antes que enfocarse en encontrar la manera en que éste reporte mayores beneficios para los potosinos.
Al conocerse las condiciones del convenio celebrado con la BMW para la instalación de su planta en la entidad, el ahora candidato se apresuró a declarar que su intervención fue exclusivamente en el tema educativo y no en el financiero, como si el documento se hubiese firmado en capítulos por separado. Su firma avaló las condiciones abusivas de la armadora. Sabe muy bien que el convenio no puede entrar en vigor hasta que se publique en el Periódico Oficial del Estado y que cualquier erogación que se haga es ilegal. Y se ha quedado callado. Para cuando se dio la firma, Carreras López ya era consciente de sus aspiraciones por la gubernatura, por lo que resulta doblemente irresponsable que argumente desconocer los compromisos económicos implicados al suscribir el convenio que compromete seriamente las finanzas estatales que le tocarían administrar en caso de obtener el triunfo el próximo 7 de junio. Como uno de los funcionarios que consintió el atropello alemán con su firma queda en condiciones muy desventajosas para la necesaria renegociación del convenio que obliga a mucho más que las dos mil becas de capacitación para adiestrar a los posibles empleados de la empresa. El candidato del PRI personifica una preocupante combinación de omisiones previsibles. Por un lado, los grupos de poder que mantienen una relación de privilegios en la administración pública y por el otro un necesario encubrimiento de los ilícitos cometidos por los actuales servidores públicos.
