Todo tiene un precio

CUARTA Y ÚLTIMA PARTE

Por Eduardo Martínez Benavente

No hay dinero, el gobierno del doctor Fernando Toranzo está paralizado por las deudas y compromisos financieros que lo tienen en la insolvencia. No puede pagar las pensiones que le adeuda a los burócratas, ni cubrir la totalidad de los recursos que le reclama el Consejo Estatal Electoral para el proceso electoral que arrancó hace más de 4 meses. Los fondos que recibe de la federación son insuficientes para cubrir la nómina magisterial por lo que ha tenido que desviar más de 3 mil millones de pesos etiquetados para cubrir este concepto. Sin embargo, el falaz y electorero anuncio que hizo esta semana el garante de los intereses empresariales, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, en el sentido de que es muy probable que antes de que concluya el mes el presidente Enrique Peña Nieto ponga en marcha de manera oficial la construcción de la armadora de vehículos de la BMW, pretende convencernos de que todo marcha bien y que hay dinero de sobra. El próximo lunes, según el dirigente obrero, se inician los trabajos de preparación y desmonte del terreno sobre el que se proyecta la planta. La primera fase del desarrollo tiene un costo aproximado de mil millones de pesos que deberá solventar el gobierno de estado y nadie sabe de dónde obtendrá los recursos ni a quién y cómo le adjudicó la magna obra.

Pero algo anda mal, pues si el gobierno estatal hubiera cumplido con los compromisos contraídos en las cláusulas tercera, cuarta, quinta y sexta del convenio que celebró con la empresa, seguramente que lo habría presumido como un logro importantísimo de su administración porque su cumplimiento traería aparejada más inversiones y la creación de más puestos de trabajo para los potosinos. En la cláusula trigésima novena se pactó que si cualquiera de éstas y otras condiciones no se cumplían en o antes de las fechas establecidas, sin importar la razón o justificación, el convenio no tendría ninguna validez y se consideraría que nunca surtió efectos, y cada parte asumiría la totalidad de los costos en que hubiera incurrido. Pero hay más, el convenio está sostenido con alfileres porque establece que ante cualquier situación imprevista de riesgo o inconveniente a criterio de la empresa, como podría ser una carga fiscal no considerada o problemas de inseguridad y delincuencia, ésta simplemente notificaría al gobierno estatal y cancelaría la inversión. Ni siquiera se pactó un procedimiento expedito para revertir la propiedad. La instalación de la planta también está sujeta al desarrollo del mercado de demanda y a la situación económica mundial.

En la cláusula tercera se estableció que dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firma del convenio que se formalizó el 18 de junio pasado, 13 días después de que se anunció en Los Pinos, el gobierno del estado haría su mejor esfuerzo para apoyar a la BMW en la negociación con el Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado, para celebrar un contrato de promesa de compraventa en términos similares a la adquisición de las primeras 300 hectáreas. Esto significa que el valor del terreno y todos sus accesorios correrían de nuevo a cargo del erario. Se trata de una superficie no determinada que se detalla en un anexo que no se filtró, pero que estamos ciertos que la CEGAIP ordenará que se haga público. El Fideicomiso opera como un instrumento para financiar estas obras con los 750 millones de pesos que se obtuvieron a través de un préstamo bancario y que resultan evidentemente insuficientes para cumplir con todas estas obligaciones.

El la cláusula cuarta se establece una opción para adquirir una superficie adicional de 40 hectáreas para la posible instalación de una planta de motores de la BMW, que en su caso complementaría el desarrollo del proyecto. La superficie adicional es propiedad del Fideicomiso quien le otorgaría una opción de compra válida hasta el 31 de diciembre de 2016 a un precio garantizado de 10 dólares por metro cuadrado sin servicios. La opción debió formalizarse antes de 4 de julio pasado y es una condición suspensiva para la validez del convenio. En caso de que la BMW decida ejercer la opción de compra, deberá notificarlo por escrito al gobierno para que pague el precio establecido. El gobierno cubriría los gastos relacionados con la preparación de la superficie adicional que no se calcularon en el convenio, pero que podrían ascender a más de 130 millones de pesos.

En la cláusula quinta se manifiesta que a la BMW le interesa celebrar otra opción de compra a un precio garantizado de 31 dólares por metro cuadrado, válida hasta el 31 de diciembre de 2020, sobre una superficie de 80 hectáreas colindantes al terreno principal, propiedad del Fideicomiso y viable para un potencial parque industrial de proveedores.

En la cláusula sexta se establece que el Fideicomiso, el gobierno pues, realizará una inversión de 164 millones de pesos para la adquisición de una superficie de 21 hectáreas destinadas a conectar la planta con la vía ferroviaria existente operada por la empresa Kansas City Southern de México. El desembolso incluye el valor de las obras e instalaciones necesarias que deberán concluirse antes del 31 de diciembre de 2017. Se obliga también al pago de un derecho de paso que se estima en más de 51 millones de pesos, las instalaciones eléctricas en 124 millones, la construcción de un sistema de calles de acceso a la planta en 160 millones, 2 mil becas de capacitación, la conexión con la carretera 57 con un costo de 360 millones, el pago del terreno y parte de las construcciones del Centro de Capacitación con un valor de 30 millones de pesos, la planta de tratamiento de aguas residuales, el equipamiento y construcción de dos pozos, entre otros muchos beneficios. Algunos tan generosos como el apoyo de 20 pesos mensuales para el transporte a becarios. Los diputados tenían la obligación de solicitar toda la información necesaria y un ejemplar del convenio con sus anexos publicado en el Periódico Oficial del Estado para estar en condiciones de aprobar el préstamo, y no lo hicieron. No revisaron todo el paquete de estímulos y exenciones. Fueron unos facilitadores irresponsables que deben ser sancionados.