No convencen
Por Eduardo Martínez Benavente
Ninguno de los candidatos con posibilidades reales de acceder a la presidencia municipal ha sabido dirigirse a los electores de una manera franca y convincente. Me refiero a Xavier Azuara, Ricardo Gallardo Juárez y Manuel Lozano Nieto, esperanzados inútilmente en gestionar recursos federales extraordinarios para «sacar al buey de la barranca», pero ninguno con un compromiso o plan de acción para hacerse de recursos propios cobrándole a los principales deudores del impuesto predial y recuperando o negociando las áreas municipales que le han escatimado. La competencia es entre ellos tres. Los otros candidatos son irrelevantes y sólo aspiran a mantener el registro y prebendas de sus partidos; y si acaso a ocupar una regiduría. No hay diferencias de estilos ni propuestas. Todos cuidan y miden lo que dicen. Ninguno ha desmenuzado los pasivos y demás obligaciones que heredarán. No ha habido discusión ni confrontación de ideas. A ninguno se le ocurre decir algo distinto al discurso político tradicional. Ni siquiera han hecho una crítica de la administración del alcalde Mario García Valdez, no obstante que ha fluido valiosa información en virtud de que ya se publicó el informe presupuestalcorrespondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2014, en el que constan las enormes e inexplicables diferencias entre los ingresos y egresos presupuestados y el gasto ejercido.
Los candidatos tampoco han denunciado la conducta irresponsable de los miembros del Cabildo que han permitido tales modificaciones sin haber sido aprobadas. De los dos mil 41 millones de pesos presupuestados originalmente para el 2014, en mayo se aprobó por mayoría una adecuación a 2 mil 286 millones de pesos. Después de aquella sesión, no se volvió a modificar el presupuesto, a pesar de lo cual en el informe se señala como nueva cifra 3 mil 320 millones de pesos, un incremento de casi mil millones de pesos sin que se formalizara en el Cabildo.
No sé si sea por negligencia o encubrimiento, pero el caso es que los candidatos viables han omitido cualquier señalamiento al incremento abismal e ilícito que tuvieron las «ayudas sociales a personas», que de 5 millones 110 mil pesos autorizados saltaron a la exorbitante suma de más de 298 millones de pesos ejercidos. Una cantidad 15 veces mayor al tope de gastos de campaña autorizado al PRI por el CEEPAC para la elección gubernamental. Estoy seguro que ese gasto no aguanta una revisión en la que se acredite que los bienes que se adquirieron -probablemente despensas- fueron debidamente licitados; y que las pólizas de los cheques expedidos amparan la solicitud, estudio socioeconómico, carta de agradecimiento, recibo e identificación de cada uno de los beneficiarios; como tampoco se justifica el gastó que se ejerció en la difusión de la imagen del ex rector y ex aspirante a la gubernatura del estado, que en el 2014 erogó en radio, televisión y otros medios 63 millones 462 mil pesos, y no los 15 millones 458 mil pesos que le fueron autorizados. Diez millones de pesos menos de lo devengado por el gobierno estatal en ese mismo ejercicio.
Es incuestionable el uso político que hizo García Valdez de las despensas y otras caridades que repartió en esta capital y en Soledad de Graciano Sánchez para integrar una base social que lo apoyara electoralmente en su fallido intento por la gubernatura del estado. El alcalde y tesorero deben responder a una larga lista de gastos desproporcionados, irracionales y fuera de presupuesto que la Auditoría Superior del Estado debe observar en el informe anual correspondiente y que se conocerá unos días antes de la jornada electoral del 7 de junio.
El candidato que resulte electo como presidente municipal presidirá también la Junta de Gobierno del INTERAPAS, que como el Ayuntamiento de San Luis Potosí atraviesa por una situación económica muy complicada. Pronto tendrá que cubrir las contraprestaciones derivadas del contrato de prestación de servicios que celebró con «Mejora Integral de San Luis, S.A. de C.V.», por un valor de 907 millones de pesos, que bajo esa modalidad se privatiza una buena parte de los servicios que le corresponde proporcionar al organismo. También tendrá que cubrir 360 millones de pesos por la conducción y potabilización del agua de El Realito, con cargo a los ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad, correspondiéndole al primero 60 millones anuales por cinco años y al segundo 10 millones al año por seis años. Ninguno de los candidatos ha emitido opinión al respecto, probablemente porque desconocen los compromisos.
En junio de 2013, haciendo uso del derecho de acceso a la información pública, obtuvimos el valor de cada uno de los 100 principales adeudos del servicio de agua potable que sumaban casi 68 millones de pesos. El nombre o denominación de los morosos nos fue negado bajo el argumento de que se trataba de información reservada. Era un listado inútil pues se revelaba el pecado pero no se daba a conocer el nombre del pecador. Insistimos en nuestra solicitud mediante un recurso de queja y el 27 de febrero de 2014, la CEGAIP desclasificó la información que el INTERAPAS había ordenado reservar, conminando al organismo intermunicipal a dar a conocer la identidad de los 100 usuarios con mayores adeudos pues consideró que habían adquirido el carácter de créditos fiscales. Exhibirlos podría haber servido como medida de apremio para que se pusieran al corriente y se incrementara la recaudación.
La CEGAIP resolvió esta semana nuestra solicitud modificando arbitrariamente la resolución anterior, pues ahora argumenta que no existían créditos fiscales firmes en contra de los usuarios, y le da la razón al INTERAPAS, quien fuera de los términos procesales justifica la inexistencia de la información asegurando que no ha iniciado ningún procedimiento coactivo administrativo para recuperar los pasivos, pues invariablemente opta por ejecutar la restricción o suspensión del servicio para ejercer las acciones de cobranza, como medio de coerción para el pago inmediato.
