CEGAIP da carpetazo a transparentar destino del crédito marcelista

Si algo marcó el cierre del sexenio de Marcelo de los Santos Fraga fue el crédito que por mil 500 millones de pesos solicitó a unas semanas de concluir su mandato y cuya historia se ha convertido en una saga de complicidades para ocultar el verdadero destino de esos recursos, en la que, a punto de cumplirse seis años del hecho, la CEGAIP se apunta con un nuevo episodio.

La protagonista y presunta autora del nuevo capítulo es la comisionada Claudia Elizabeth Ávalos Cedillo, quien como ponente sustituta de Alfonso Serment Gómez, llevó al pleno una resolución para dar por cumplida la orden de que sean revelados los registros contables utilizados por la Auditoría Superior del Estado en la revisión de la Cuenta Pública 2009, y fue aprobada a pesar de que los documentos proporcionados no corresponden a lo solicitado.

Se trata de un capítulo más de esta larga historia que inició a principios de 2010, y del que este episodio específico comenzó el 14 de abril de 2011, cuando se inició una queja en contra de la ASE por haberse negado a proporcionar la información que se le solicitó en los siguientes términos:

“Copias simples de los registros contables en los que basó su observación en el Informe Final de la Auditoría a la Cuenta Pública 2009 en la que afirma que ‘De acuerdo a los registros contables el saldo no aplicado al 25 de septiembre de 2009 por concepto del préstamo de $1,500.000.000.00 es de $561,976,348.40, mismos que no es posible identificar a cuáles Ejes Estratégicos los aplicó la actual administración de acuerdo al Decreto 819 de autorización’”.

Los documentos solicitados corresponden al eslabón que une a la administración de Fernando Toranzo, hoy en el ocaso, con la de su antecesor, y su ocultamiento sólo se puede explicar como parte de un juego de complicidades para ocultar el verdadero uso que dieron a esos recursos ambos mandatarios, pero especialmente el actual.

Fue la segunda ocasión en que se le requirieron los registros contables a la ASE, pues con motivo de una solicitud previa, la dependencia argumentó que se trataba de información reservada, para lo cual informó al solicitante la documentación forma parte del expediente de auditoría, lo que se hizo valer en la nueva petición.

“Cabe hacer la aclaración de que presento por segunda ocasión la misma petición, dado que en el caso anterior ese organismo reconoció en su Acuerdo de Reserva No. ASE-AEFG-PE/09 que los documentos por mí requeridos obran en sus archivos al comunicarme que “se le informa al solicitante que los registros contables forman parte del Expediente de Auditoría de la Cuenta Pública 2009 del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí””, se agregó a la solicitud.

Las peticiones previas comenzaron en 2010 y se presentaron ante la ASE y la Secretaría de Finanzas que, al igual que el organismo fiscalizador, negó la información con el argumento de considerarla como información reservada.

Hasta el 31 de enero de 2013 la CEGAIP resolvió la queja 270/2011-3, iniciada dos años atrás. Ordenó a la ASE proporcionar las copias de los registros contables requeridos, pero ésta en lugar de cumplir con la resolución comenzó una serie de maniobras que la Comisión toleró: insistió ante la propia CEGAIP en hacer valer su acuerdo de reserva y, ante una amonestación, recurrió a un amparo para retrasar su cumplimiento.

Una vez declarado improcedente el amparo, la ASE se vio obligada a proporcionar los documentos solicitados. No obstante, evadió la entrega mediante dos acciones tramposas: argumentó no contar con los registros contables completos a pesar de que en el acuerdo de reserva señaló que formaban parte del expediente reservado y, como la parte que sí poseía, proporcionó un documento distinto al requerido.

Al reportar el presunto cumplimiento de la resolución, la ASE advirtió a la CEGAIP que entregaba la información a pesar de que “esta Autoridad manifestó a esa Comisión los impedimentos con los cuales se cuenta para hacer entrega de dicha información”, cuando en realidad no entregó ningún documento de los solicitados.

“Esta Auditoría sólo cuenta con los registros contables parciales los cuales forman parte de los papeles de trabajo de los papeles de auditoría, en virtud de que es una información generada por la propia Secretaría de Finanzas mediante el Sistema de Información Financiera”, fue la respuesta que dio al solicitante.

Como “registros parciales”, proporcionó un documento de 13 páginas con cifras y cuentas bancarias sin ninguna relación con el crédito de los mil 500 millones de pesos.

Además, el documento contenía la leyenda “saldo al 25/09/10 Inv Total”, es decir, se trataba de un registro generado tres meses después de que el Informe Final de Auditoría 2009 había sido aprobado por el Congreso del Estado, señal inequívoca de que no correspondía al solicitado.

Desde junio de 2013, cuando se dio la entrega de esos documentos, el solicitante hizo notar las inconsistencias al no haber recibido la información requerida. La CEGAIP dejó inactivo el expediente desde entonces.

El pasado 16 de julio, dos años y un mes después, el solicitante fue sorprendido con una resolución de la CEGAIP en torno al caso: “esta Comisión… determina que en la especie la resolución se encuentra debidamente cumplida, ya que (la ASE) acató la instrucción señalada en la resolución de mérito”.

Al acuerdo fue tomado por el pleno el pasado 12 de mayo. La resolución está firmada por la comisionada Ávalos Cedilla como ponente, el comisionado numerario Oscar Alejandro Mendoza y el tercer comisionado supernumerario Miguel Ángel Ruiz Martínez. Tres comisionados evitaron conocer del caso:

Yolanda Camacho, presidenta de la CEGAIP, se excusó por su parentesco con el auditor José de Jesús Martínez Loredo; y los supernumerarios María Angelina Acosta Villegas y Luis Villanueva Ángel, no respondieron al llamado sin precisar sus impedimentos. Aparentemente los tres comisionados que votaron el acuerdo no tenían impedimento alguno para hacerlo.

No obstante, Oscar Alejandro Mendoza ya se había excusado en un asunto relacionado con los registros contables, aunque en un expediente de queja diferente. Entre las peticiones de los registros contables, la presentada ante la Secretaría de Finanzas originó la queja 294/2011-3, iniciada el 29 de abril de 2011, 15 días después de la que ahora están dando por concluida.

El 24 de enero de 2013, cuando estaba por resolverse ese expediente, Mendoza se excusó con el argumento de que él participó en el proceso de la respuesta con la que la Secretaría de Finanzas negó la información En su momento fue parte del equipo que determinó ocultar los documentos. Hoy es parte del trío que decide dar carpetazo al asunto y, con ello, mantenerlos ocultos.

Una historia que evidencia el rezago en el que ha caído la garantía del derecho de acceso a la información pública en el estado, en manos de comisionados que llegaron al cargo gracias a intereses de funcionarios caracterizados por su opacidad y a quienes hoy rinden buenas cuentas en perjuicio de quienes pretenden ejercer ese derecho.

Con el cierre del expediente, cuatro años después de iniciado, el estado de indefensión de los usuarios del derecho de acceso a la información queda plenamente retratado:

Los entes obligados pueden entregar como respuesta cualquier documento –hasta una hoja en blanco posiblemente– sin importar que no corresponda a lo solicitado. Si el peticionario expone ante la CEGAIP la discrepancia entre el documento pedido y el entregado, se topará con el criterio del organismo garante presentado en este caso y en otros:

“Este Órgano Colegiado no es un organismo fiscalizador de la información, ya que en caso de existir inconsistencias el quejoso deberá hacerlas valer ante las instancias competentes, dado que el objetivo de este órgano colegiado se enfoca en la entrega de la información”.

Los entes obligados tienen en los comisionados a verdaderos representantes de sus intereses por ocultar la información que deseen, y el caso del comisionado Mendoza habla por sí solo: unos meses antes de asumir el cargo participó en la elaboración de la respuesta que oculta una información que hoy vota para que quede inaccesible por un tiempo indeterminado.

Así, el crédito de los mil 500 millones de pesos de Marcelo de los Santos se vuelve emblemático de las complicidades entre el actual gobierno y el anterior, en el que la CEGAIP en manos de personeros, fue el instrumento para, desde su perspectiva, dar por sepultado el secreto del destino final que le dieron, tanto Fernando Toranzo como Marcelo de los Santos, al préstamo que terminará de pagarse hasta el 2029.

Para los interesados en continuar la lucha por abrir esa información las instancias locales ya dieron muestra de ser un dique insalvable, a pesar de que cualquier persona puede volver a solicitar los documentos hasta hoy ocultos.

Al tratarse de información que puede ser solicitada en cualquier momento, la esperanza de lograr abrir esa información surge con la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que dará, en unos meses, la posibilidad de recurrir a una instancia foránea como el INAI… [coming soon]