¡Ahí vienen los ingleses!

Según el sensacionalista tabloide británico The Mirror, la propuesta no ha gustado a los trabajadores, como tampoco ha sido del agrado del dirigente cetemista Emilio de Jesús Ramírez, quien ha manifestado que a esa empresa sólo ingresarán los agremiados a su sindicato ante el riesgo de que personas extrañas e incontrolables le alboroten la paz de su gallinero, y sin que se haya concretado la negociación para que la CTM sea la titular de ese contrato colectivo con la empresa. El corresponsal de ese diario viajó a la capital potosina para escribir un reportaje del lugar que les proponen. Describe a San Luis Potosí como una ciudad próspera, llena de historia y bullicio, con centros comerciales como los de ellos y con una población que los recibiría con los brazos abiertos. Con sol garantizado y temperaturas que alcanzan los 37 grados centígrados y con un equipo en segunda división como el de su localidad, en el que no sería necesario asistir al estadio con sombrilla. La parcialidad y exageraciones de su crónica no le permitieron narrar la inseguridad, pobreza y las abismales diferencias sociales que prevalecen en el lugar que visitó.

De cualquier manera sería ilegal la contratación de ese grupo de asalariados porque la Ley Federal del Trabajo obliga a los patrones a preferir, en igualdad de circunstancias, a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean; aunque el obstáculo insalvable para que los ingleses se animen a venir a San Luis Potosí es el que se refiere a las remuneraciones salariales porque la Constitución federal dispone que para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad, y un obrero inglés gana siete veces más de los 6 mil pesos mensuales que percibe un obrero potosino bien remunerado, pues la mayoría no alcanza ni los dos salarios mínimos diarios. Reducir los gastos de operación pagando salarios bajos y acercarse al mercado americano y a las armadoras de automóviles del centro y bajío del país, son la causa del cierre de la fábrica inglesa y el aliciente para invertir en la capital potosina 550 millones de dólares y crear más de 1,000 empleos directos. Las limitaciones para que los extranjeros trabajen en el país no son aplicables a los directores y administradores de la empresa, siempre y cuando obtengan la autorización correspondiente por parte de la Secretaría de Gobernación. Es muy probable que el gobierno potosino, dentro del paquete de subsidios que otorgó a la empresa se haya comprometido a pagar el terreno, exentarla del pago de impuestos estatales y municipales y cubrir el valor de las becas de capacitación para los futuros operarios, entre otros estímulos.

El gobernador violó una vez más la Constitución del Estado porque no ordenó la publicación del convenio en el Periódico Oficial. Las cláusulas de confidencialidad no pueden ir por encima de esta norma. No sabemos cuánto pagó por los 405 mil metros cuadrados sobre los que se desarrollará la inversión de la Goodyear, ni de que partida presupuestal dispuso para cubrir ese gasto; aunque parece que las exigencias de nuestros nuevos huéspedes no han sido tan abusivas como las de los alemanes con la BMW.

Por cierto que el inmueble sobre el que se levantará la llantera tiene un historial de corrupción y defraudación fiscal porque durante la administración de Victoria Labastida se permitió que las propietarias del desarrollo inmobiliario recuperaran las dos superficies de terreno que habían donado al municipio y que sumaban más de 263 mil metros cuadrados, mediante el pago de 8 millones 200 mil pesos, cuando el representante de la empresa en la que participaba el empresario Vicente Rangel Lozano reconoció públicamente que el metro cuadrado lo estaban vendiendo a 29 dólares, la misma cantidad que habían cubierto al municipio, pero en pesos mexicanos.

El próximo alcalde de la capital tiene materia para reclamar a los propietarios de la inmobiliaria una justa compensación por el precio lesivo y bajo que pagaron por las áreas de donación, con el agravante de que la transacción fue nula de pleno derecho y nunca debió celebrarse porque la Ley de Desarrollo Urbano sólo permite que los fraccionadores recobren los inmuebles que donan a los municipios si cumplen con todos los requisitos de un procedimiento de transferencia, y siempre y cuando la superficie cedida no exceda de 500 metros cuadrados. De haber sido así, el precio que se debía cubrir al municipio por parte del fraccionador sería el mayor que resultara de un avalúo catastral y uno practicado por un perito valuador. Lo que no ocurrió en esta negociación porque el valor lo determinó arbitraria y unilateralmente el representante de las empresas adquirentes. Las dos superficies donadas fueron aceptadas ilegal e irresponsablemente por las administraciones municipales de Octavio Pedroza Gaitán y Jorge Lozano Armengol, una el 31 de agosto de 2004 y la otra el 23 de noviembre de 2003, pues al existir un litigio con un grupo de ejidatarios no se pudieron escriturar ni el municipio estaba en condiciones de tomar posesión de las mismas. Las áreas ofrecidas y aceptadas no se ubicaban dentro de los fraccionamientos autorizados, sino en otro predio sin servicios municipales distinto al de Parque Logístico Interpuerto y Parque Logístico fase II.