Nos rendimos

No tiene ningún sentido seguir indagando en dónde quedaron los mil 500 millones de pesos que el ex gobernador Marcelo de los Santos obtuvo a través de un crédito bancario a unos cuantos días de que concluyera su mandato con el que disparó la deuda pública. Reconocemos que nuestro trabajo ha sido inútil y desgastante. A los que formamos el equipo de Proyecto Tábano nos queda claro que la información completa y veraz del destino que se le dio a ese dinero jamás será revelado y seguirá siendo un secreto cuidadosamente guardado en los cajones de la impunidad y corrupción del gobierno del estado porque las dos últimas administraciones, la panista y la priista, dispusieron indebidamente de la mayor parte de esos recursos para reponer dinero faltante, cubrir compromisos de gasto corriente y otras erogaciones injustificables que nada tenían que ver con las inversiones públicas productivas a que se refería el incierto decreto legislativo del 2009.

Si el gobierno de Fernando Toranzo no tuviera cola que le pisaran en este asunto, habría sido el primer interesado en transparentar toda la información solicitada, sin embargo, a través de resoluciones arbitrarias que han pronunciado los sumisos organismos responsables de la fiscalización y transparencia en el estado, ante los que inevitablemente tenemos que recurrir,ha negado los registros contables, pólizas, cheques y comprobantes de pago de cada uno de los movimientos que se realizaron, bajo el pretexto de que la información es reservada y así deberá mantenerse hasta que concluya el interminable litigio que sostienen con el ex gobernador del estado. Como si no entendieran que nuestro interés es conocer en qué se gastaron esos recursos públicos y no el contenido de los expedientes judicial y administrativo con los que nos han venido entreteniendo. La dispersión del crédito original en nueve cuentas bancarias desde las que se giraron cientos de cheques hasta agotar su importe, así como la reestructuración que celebró Toranzo con otro banco, sirvieron para desaparecer el pasivo que nunca debió autorizarse porque a los diputados no les interesó conocer los pormenores de los conceptos de la inversión ni los montos que se destinarían a cada uno de ellos. Cualquier auditor de medio pelo habría dictaminado en unos cuantas semanas la procedencia y justificación de las erogaciones o, en su caso, el desvío de recursos que pudo haber existido; por lo que es inaceptable que la Auditoría Superior del Estado (ASE) no haya emitido una resolución definitiva después de más de cinco largos años de la fecha en la que notificó sus observaciones para dar por concluido este asunto.

En el 2013 nos hicieron creer -con la documentación parcial que nos entregó la ASE– que los casi 562 millones de pesos de presuntos excedentes, que el ex gobernador le dejó en la contabilidad a su sucesor, eran en realidad reposiciones de fondos ajenos y federales que el panista había tomado y gastado antes de que le llegara el préstamo y que de ninguna manera podían considerarse como sobrantes líquidos y efectivos del crédito que el nuevo gobierno podría utilizar en los conceptos que el Congreso había autorizado. Uno de los mejores auditores de la ASE y de todas las confianzas de Héctor Mayorga, recurrió a nosotros inmediatamente después de que a su jefe le tendieron una trampa para que no resultara reelecto como auditor superior del estado, para hacernos ver el error en que habíamos incurrido al cargarle la totalidad de la disposición del crédito a Marcelo de los Santos, y confiándonos que el dictamen definitivo, que hasta la fecha no ha sido notificado, venía en el sentido de que Toranzo había dispuesto indebidamente de la suma anterior para cubrir una serie de gastos no autorizados; lo que nos motivó a seguir insistiendo en la entrega de la documentación completa.

El caso es que el pasado 16 de julio, fuimos sorprendidos con una resolución inaceptable de la CEGAIP en la que determina que es válida y suficiente la información incompleta y oscura que la ASE nos entregó hace dos años: “esta Comisión… determina que en la especie la resolución se encuentra debidamente cumplida, ya que (la ASE) acató la instrucción señalada en la resolución de mérito”. Bajo este criterio los entes obligados pueden entregar como respuesta cualquier documento sin importar que esté incompleto o no corresponda a lo solicitado. Si el peticionario expone ante la CEGAIP la discrepancia entre el documento pedido y el entregado, se topará con el criterio del organismo garante presentado en este caso, que dice: “Este Órgano Colegiado no es un organismo fiscalizador de la información, ya que en caso de existir inconsistencias el quejoso deberá hacerlas valer ante las instancias competentes, dado que el objetivo de este órgano colegiado se enfoca en la entrega de la información”.

Nada mejor para entender este asunto que transcribir algunos comentarios del artículo que publicó el 23 de julio el periodista Victoriano Martínez, en la página web de Proyecto Tábano: «La protagonista y presunta autora del nuevo capítulo es la comisionada Claudia Elizabeth Ávalos Cedillo, quien como ponente sustituta de Alfonso Serment Gómez, llevó al pleno una resolución que fue aprobada a pesar de que los documentos proporcionados no corresponden a lo solicitado para dar por cumplida la orden de que sean revelados los registros contables utilizados por la Auditoría Superior del Estado en la revisión de la Cuenta Pública 2009.»

«Se trata de un capítulo más de esta larga historia que inició a principios de 2010, y del que este episodio específico comenzó el 14 de abril de 2011, cuando se inició una queja en contra de la ASE por haberse negado a proporcionar la información que se le solicitó en los siguientes términos: “Copias simples de los registros contables en los que basó su observación en el Informe Final de la Auditoría a la Cuenta Pública 2009 en la que afirma que de acuerdo a los registros contables el saldo no aplicado al 25 de septiembre de 2009 por concepto del préstamo de $1,500.000.000.00 es de $561,976,348.40, mismos que no es posible identificar a cuáles Ejes Estratégicos los aplicó la actual administración (la de Toranzo) de acuerdo al Decreto 819 de autorización».