Nos rendimos
SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE
Por Eduardo Martínez Benavente
Con especial indignación nos enteramos esta semana que la CEGAIP, a través de su ex comisionado presidente Alejandro Serment, limosneó apoyos económicos por 31 mil 460 pesos a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado para pagar los viáticos y traslados de los ponentes foráneos que participaron en los eventos conmemorativos que organizó con motivo del 5° aniversario de la promulgación de la Ley de Transparencia. La dádiva que recibió es una prueba irrebatible de los compromisos que existen entre el organismo responsable de garantizar el derecho de acceso a la información pública gubernamental (CEGAIP) y los entes obligados a transparentar sus actuaciones, independientemente de ser una conducta ilegal que conlleva a un inevitable intercambio de favores. Hoy por ti, mañana por mí. Cualquier funcionario que se atreve a pedir un favor de esta naturaleza queda obligado a corresponder con otro tanto, como sería, en el caso que nos ocupa, el emitir una resolución que confirme que la información solicitada se encuentra debidamente cumplida con los documentos que nos entregaron; aunque estos no hayan sido los que solicitamos o estén incompletos. Esta es la oportunidad para que el hoy comisionado de Transparencia y ex empleado de la Secretaría de Finanzas, Oscar Alejandro Mendoza García, quien tuvo a su cargo nada menos que el módulo de transparencia de esa dependencia, nos aclare la versión que existe en el sentido de que recibió dinero de Jesús Conde Mejía para asistir a un evento a la Ciudad de México relacionado con su nueva actividad, ante la supuesta falta de recursos de la CEGAIP que no quiso apoyarlo.
Casos como estos confirman lo que denunciaba en mi columna anterior: que ante la evidente parcialidad y complicidad de los comisionados de la CEGAIP era inútil y desgastante seguir indagando el destino que se le dio a los 1,500 millones de pesos que el ex gobernador Marcelo de los Santos obtuvo a través de un crédito bancario, pues no había manera de que la Secretaría de Finanzas ni la Auditoría Superior del Estado (ASE) nos entregaran la información solicitada consistente en los registros contables, pólizas, cheques y facturas de los gastos relacionados con las observaciones que el auditor superior del estado, Héctor Mayorga, determinó en la cuenta pública del 2009; asegurando que el gobierno de Fernando Toranzo había recibido un remanente de casi 562 millones de pesos derivado de ese empréstito, que hasta la fecha no ha sido fehacientemente aclarado; y advirtiéndonos además que no podía identificar en qué se lo había gastado. Así de grave era la acusación del responsable de fiscalizar las cuentas públicas, y es, por lo tanto, la verdad legal que prevalece. A pesar de lo anterior, el secretario de Finanzas, Conde Mejía, recurrió a toda clase de artimañas para ocultar la información en lugar de exhibir de inmediato los documentos que demostraran que el gobierno del estado no dispuso de esos recursos.
Explicaba en mi colaboración anterior que a los que participamos en el equipo de Proyecto Tábano nos queda claro que la información completa y veraz del destino que se le dio a ese dinero jamás será revelado porque las dos últimas administraciones, la panista y la priista, dispusieron indebidamente de la mayor parte de esos recursos. Estimaba que cualquier auditor habría dictaminado en unos cuantas semanas la procedencia y justificación de las erogaciones o, en su caso, el desvío de recursos que pudo haber existido; por lo que era inaceptable que la ASE no hubiera emitido una resolución definitiva después de más de cinco años de la fecha en la que notificó sus observaciones.
También anunciaba que el pasado 16 de julio nos notificó la CEGAIP una resolución aberrante en la que da por concluido este asunto, pues determina que es válida y definitiva la información que nos entregó la ASE, sin atender la queja que oportunamente le presentamos en el sentido de que nunca recibimos los registros contables, pólizas, cheques y facturas de los 562 millones de pesos motivo de la controversia, y que los documentos que nos entregó no correspondían a los solicitados.
El periodista Victoriano Martínez nos recuerda que «el 24 de enero de 2013, cuando estaba por resolverse este expediente, Oscar Alejandro Mendoza García se excusó con el argumento de que él participó en el proceso de la respuesta con la que la Secretaría de Finanzas negó la información En su momento fue parte del equipo que determinó reservar los documentos. Hoy es parte del trío de comisionados que decide dar carpetazo al asunto y, con ello, mantenerlos ocultos».
«Era la segunda ocasión en que se le requería a la ASE los registros contables. Las peticiones previas comenzaron en 2010 y se presentaron ante esa autoridad y la Secretaría de Finanzas que, al igual que el organismo fiscalizador, negó la información con el argumento de que se trataba de información reservada. Hasta el 31 de enero de 2013 la CEGAIP resolvió la queja iniciada dos años atrás. Ordenó a la ASE proporcionar las copias de los registros contables requeridos, pero ésta en lugar de cumplir con la resolución comenzó una serie de maniobras que la Cegaip toleró: insistió en hacer valer su acuerdo de reserva y, ante una amonestación, recurrió a un amparo para retrasar su cumplimiento».
«Una vez declarado improcedente el amparo, la ASE se vio obligada a proporcionar los documentos solicitados. No obstante, evadió la entrega mediante dos acciones tramposas: argumentó no contar con los registros contables completos a pesar de que en el acuerdo de reserva señaló que formaban parte del expediente reservado y proporcionó un documento distinto al requerido. En junio de 2013 hicimos notar las inconsistencias. Desde entonces la CEGAIP dejó inactivo el expediente hasta que hace unos días nos notificó que la resolución estaba debidamente cumplida. Así, el crédito de los mil 500 millones de pesos se vuelve emblemático de las complicidades entre éste y el gobierno anterior, siendo la CEGAIP el instrumento que han utilizado para dar por sepultado el secreto del destino final que le dieron a ese dinero».
