Secretos mal guardados
Por Eduardo Martínez Binavente
Todo indica que la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública (CEGAIP) resolvió el recurso de queja que le presentamos hace más de 15 meses para que le ordenara al Gobierno del Estado a transparentar la información relativa al convenio que celebró con la BMW, conforme o de acuerdo a las instrucciones que recibió por parte de los operadores del gobernador Juan Manuel Carreras, por lo que la información oficial seguirá siendo un secreto arbitrariamente guardado; y los montos e incentivos otorgados a la empresa, que suman más de 3 mil millones de pesos, serán dados a conocer hasta el 2021. Al gasto anterior habría que agregarle una serie de apoyos difíciles de cuantificar, como es la condonación del impuesto sobre la nómina por 10 años, el 80 % del Impuesto Predial y el de Adquisición de Inmuebles, el valor de las licencias de construcción y las autorizaciones municipales y ambientales, entre otros. Así como los incentivos adicionales para la planta de motores y otros gastos que podrían sumar decenas de millones de pesos. Me atrevo a asegurar que el proyecto de la resolución emitida por la CEGAIP, y que nos fue notificada el pasado 15 de diciembre, no fue elaborado por los proyectistas de ese organismo, sino por un grupo de abogados del Poder Ejecutivo o asesores externos, pues el estilo y argumentos que utilizan son muy distintos a los que ordinariamente emplean en casos similares.
Pero lo que más nos agravia en esta resolución es que la CEGAIP subsanó las deficiencias y omisiones de los acuerdos de reserva que el Comité de Información de la Secretaría de Desarrollo Económico emitió, ordenándole a esa Secretaría a dictar en un plazo de diez días hábiles que comenzó a contar el 4 de enero, un nuevo acuerdo de reserva mediante el cual, siguiendo los lineamiento de la resolución, modifique los acuerdos de reserva e imponga nuevos candados y restricciones. En ninguna parte del texto se autoriza la liberación parcial de la información como ha declarado la comisionada presidente, ni se ordena la entrega de una versión pública. El organismo encargado de garantizar el acceso a la información pública gubernamental no consideró en su fallo que el convenio carece de validez porque no se ha publicado en el Periódico Oficial del Estado, como lo dispone el artículo 70 de nuestra Constitución; ni analizó las consecuencias de que el Gobierno del Estado no cuente con una partida presupuestal para hacerle frente a tantos compromisos. Si tan solícita y obsequiosa se portócon el ente obligado, enmendándole la plana, otro tanto podía haber hecho con el solicitante de la información.
Aquí cabría preguntarle al secretario de Finanzas, José Luis Ugalde: ¿de dónde va a sacar recursos para pagar los compromisos financieros que se suscribieron con la empresa, una vez que se agoten los 750 millones de pesos derivados del préstamo bancario que administra el Fideicomiso gubernamental? Calculo que en el 2016 tendrá que cubrir unos 2 mil millones de pesos y no tiene disponibilidad financiera ni partida presupuestal autorizada. ¿Con qué va a pagar los 51 millones de pesos que cuesta el derecho de paso? ¿O los 80 millones para la conexión con el sistema principal de carreteras? ¿O los 124 millones que vale la conexión de la planta con la vía férrea? ¿O los 655 millones de aportaciones para activos de la empresa? Si a duras penas pudo cubrir los aguinaldos y no se ha iniciado ninguna obra pública de relevancia.
Juan Manuel Carreras debe entender que a estas alturas resulta inútil seguir reservando la información solicitada pues el convenio se filtró hace más de un año y se dio a conocer ampliamente en varios medios de comunicación local y nacional. Nadie lo ha desmentido y la CEGAIP cuenta con una copia certificada agregada al expediente que corresponde exactamente con la que cualquier interesado puede consultar en la página web de Proyecto Tábano. ¿Qué caso tiene firmar un Código de Conducta para losServidores Públicos, que según Carreras sienta las bases de la transparencia y la honestidad en el trabajo de los funcionarios estatales, cuando no se atreve a ordenar su publicación en el Periódico Oficial, violando la Constitución del Estado?
No entiendo pues la razón por la que el gobierno del estado insiste en mantenerlo oculto si la parte sustancial del mismo, aunque no contemos con los anexos, revela los compromisos y montos inaceptables que suscribió la administración del doctor Toranzo y que el gobierno de Carreras está obligado a renegociar con los alemanes; como lo está intentando el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, con los coreanos de la fábrica de automóviles de la KIA. En esa entidad el convenio se hizo público y la sociedad está consciente de la enorme carga financiera que representa para el erario estatal, pues el monto de los incentivos fiscales e infraestructura rebasan los 11 mil 500 millones de pesos, en una inversión que suma 41 mil 250 millones; pero sobre todo, los regios están advertidos de que no hay recursos disponibles para sufragarlos. Además de que su gobierno ha denunciado las turbias negociaciones que se realizaron para la adquisición del terreno, revelando las identidades de los que ilegalmente se beneficiaron con esa operación. Es un tema que se está debatiendo en el Congreso del Estado, universidades, medios de comunicación, organismos empresariales y, por supuesto, en el interior del propio gobierno.
El Secretario de Desarrollo Económico de Nuevo León, Fernando Turner, con el estilo directo y sin rodeos que caracteriza a muchos de nuestros vecinos del norte, declaró hace unos días queno son válidos los incentivos que comprometió la administración anterior porque el monto de los mismos supera con mucho a lo que el estado puede pagar. Que las obligaciones con KIA no son suficientemente claras ni recíprocas y que es necesario buscar un nuevo acuerdo proporcional a la capacidad económica del estado, El gobernador le encargó de forma prioritaria a un comité de empresarios la revisión del convenio y sentó a los coreanos a negociar.
