Ensuciando la basura
Por Eduardo Martínez Benavente
A través de declaraciones y desplegados contradictorios y falsos que han estado apareciendo en los medios de comunicación, relativos a la suspensión del servicio de recolección de basura y disposición final de los desechos urbanos domésticos que desde el pasado jueves 21 padece la capital del estado, la administración del alcalde Ricardo Gallardo Juárez nos quiso hacer creer que el adeudo por casi 78 millones de pesos que acumuló hasta junio el gobierno del ex alcalde Mario García Valdés con la concesionaria del servicio, Vigue-Red Ambiental, había sido negociado y pagado con un inmueble, pues se había llegado a un acuerdo en el que el Ayuntamiento reconocía los pasivos y fijaba una fecha de vencimiento para el pago, en el entendido de que éste no se iba a ocurrir porque sus finanzas no se lo permitirían y así se quedarían con el predio embargado.
El presidente municipal en un desplegado que mandó publicar el pasado jueves 21 confirma este señalamiento al manifestar que: «Toda vez que al iniciar la presente administración, se tenían grandes deudas con proveedores, se le dijo a Vigue que dispusiera de los terrenos (embargados) para saldar el adeudo”. Tan es así que en el presupuesto de egresos del 2016, que autorizó el Cabildo el 14 de diciembre pasado, no se destinó partida presupuestal alguna para cubrir la deuda millonaria porque Gallardo había aceptado que el compromiso quedaba saldado con el inmueble que en su oportunidad se adjudicarían. Esta es una de las tantas incongruencias en que ha incurrido el alcalde porque ahora acusa a su antecesor de haber permitido que se despojara al municipio de una valiosa propiedad ubicada en la calle de Sierra Vista Poniente sin número, en el fraccionamiento Privadas del Pedregal, con una superficie de un poco más de 100 mil metros cuadrados, y que según el diputado perredista Guadalupe Torres Sánchez tiene un valor de 300 pesos el metro cuadrado. Todo indica que a los directivos de la empresa les proporcionaron las características e inscripción en el Registro Público de la Propiedad del lote de terreno que más tarde embargarían y que esa información privilegiada se las hizo llegar un alto funcionario municipal en un acto de corrupción para que la utilizara cuando se emplazó al Ayuntamiento y se embargó el inmueble.
No sabemos el motivo por el que Gallardo cambió su estrategia denunciando ahora ser víctima de las arbitrariedades de la concesionaria y respondiendo con una campaña de amenazas para rescindir la concesión cuando sabía que el pago no se había realizado, ni había voluntad de hacerlo. Es entendible que ningún proveedor de bienes y servicios soportaría esta insolvencia por tanto tiempo; y más cuando sabe que las finanzas municipales no le permitirán adquirir una flotilla de camiones para recolectar la basura ni habilitar un sitio en el cual confinar los deshechos de la ciudad; por lo que no me extraña que el alcalde pudo haber recibido una atractiva oferta para que alguna otra empresa prestadora del servicio se quedara con el negocio, como podría ser GEN de Monterrey, que hace siete años incursionó por tierras potosinas con este propósito.
Vale la pena reproducir una fracción del artículo que acaba de publicar el periodista Victoriano Martínez en la última edición de la revista Reflexión Ciudadana, porque repasa de una manera breve y exacta las incongruencias y contradicciones en que ha incurrido el alcalde, al señalar que: «se exhibe como un político urgido de golpes espectaculares en aras de reforzar una imagen artificial que se ha forjado a base de manipulación y dádivas, pero que ha resultado errática cuando se trata de conflictos de fondo como el ambulantaje, los grandes deudores del predial, la compra de luminarias LED y ahora la recolección de basura». Yo agregaría que además de errática su conducta es falsa y temerosa, pues ahora, en lugar de iniciar un proceso para rescindir la concesión, como lo había ofrecido, anuncia con resignación que: «Vamos a ver la posibilidad de que haya un arreglo y buscar la forma de pagar lo que se debe, ya sea con los terrenos o como las autoridades determinen con respecto al embargo, o bien la venta de los terrenos y con lo que se obtenga pagar el adeudo, a mí lo que me interesa es la ciudadanía». (PULSO 30-I-16). Seguramente que nadie se atreve a advertirle que esto último no es posible porque el Congreso del Estado nunca le autorizaría una enajenación en la que el producto de la venta se destinara al pago de pasivos.
Ante la inminencia de un arreglo entre las partes, sale sobrando la propuesta que hizo el abogado Juan Ramiro Robledo en un artículo que publicó esta semana, en el sentido de que a solicitud del alcalde, el gobernador del estado puede declarar la ocupación temporal del terreno e instalaciones en las que VIGUE deposita la basura, así como el equipo de transporte, pues se trata de una causa de utilidad pública para impedir la propagación de enfermedades por las toneladas de basura que se están acumulando. Es un caso urgente y apremiante en el que se puede aplicar esta solución legal. El municipio tendría un plazo de 45 días para empezar a pagar una indemnización o renta mensual que fijaría un juez.
No sabemos si el ex tesorero municipal, José Bolaños Guengorena, quien fue el que suscribió el convenio que serviría de base para la demanda lo hizo con el consentimiento del alcalde o si actuó por iniciativa propia. Lo que podemos advertir es que a la concesionaria le hicieron creer que el proceso judicial se iría en rebeldía y podría hacerse de la propiedad sin mayores complicaciones; pero no contaban con que la síndico municipal, María Eugenia Rivera Fernández, contestaría la demanda negando que el Ayuntamiento hubiera celebrado un reconocimiento de adeudo, pues quien lo aceptó, según se desprende del propio documento, fue el tesorero municipal, que no tiene facultades para representarlo y aunado a lo anterior, señaló que el convenio no era un título ejecutivo porque carecía de las formalidades que señala la ley para los documentos que traen aparejada ejecución, por lo que era improcedente la vía que habían elegido. Por lo pronto, el expediente se encuentra en una de las salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en espera de que se resuelva el recurso de apelación que presentó la abogada.
