¿De dónde viene el dinero?
Por Eduardo Martínez Benavente
Hay una pregunta que cada vez más potosinos nos hacemos: ¿De dónde provienen los recursos que se están aplicando para atender los programas asistenciales que ha activado el alcalde Ricardo Gallardo Juárez, si el Cabildo municipal sólo le autorizó una partida presupuestal destinada a «ayudas sociales a personas» por 4 millones 427 mil pesos para todo el ejercicio fiscal del 2016, y otros 8 millones 955 mil pesos que se distribuirán entre becas y programas de capacitación, ayudas a instituciones de enseñanza y a instituciones sin fines de lucro; así como ayudas a entidades de orden público y para desastres naturales y otros siniestros? ¿Cómo es posible entonces que en los tres primeros meses de la administración gallardista, con las finanzas quebradas, haya gastado casi 320 mil pesos diarios en «ayudas sociales a personas»? Veintiséis veces más de lo que se podría erogar mensualmente con los recursos autorizados para el 2016; como se puede verificar en el informe financiero municipal correspondiente al cuarto trimestre del 2015. La cantidad autorizada para gastar en el 2016 es evidentemente falsa e insostenible, así como la del último presupuesto de egresos del ex alcalde Mario García Valdés, que se modificó dos meses antes de que concluyera su mandato destinando una partida de casi 107 millones de pesos para cubrir las «ayudas sociales a personas». Para alcanzar esa cifra se sumaron arbitrariamente los descuentos otorgados a los contribuyentes por concepto de Impuesto Predial y multas de tránsito, como si se tratara de un egreso, lo que les permitió falsear la contabilidad gubernamental. El presupuesto de egresos debe ser un cálculo razonable de lo que se pretende gastar. Nunca un disparate. Debe coincidir con el presupuesto de ingresos. Y el inmediato anterior, una vez actualizado o modificado, debe servir de referencia para elaborar el nuevo.
Las pistas que va dejando el dinero son los medios más efectivos para ir conociendo los aspectos oscuros de esta administración que desde un principio ha mostrado su rechazo a la transparencia y rendición de cuentas, al grado de negarle a un peticionario de información pública algo tan elemental como son los nombres de los representantes de las empresas que pagaron el programa «Fiesta de Luz», y por haber prorrogado el plazo para contestar otra solicitud con el que quiere ganar tiempo para calificarla como reservada. En esta solicitud se le pidió una copia simple de la relación de empresas y/o empresarios que aportaron recursos, en especie o en efectivo, para la realización del programa «Posadas Navideñas 2015», mediante el cual se repartieron 40 mil cobijas, 200 mil juguetes y un número indeterminado de despensas en distintas colonias de la ciudad. El presidente municipal manifestó que no tiene por qué transparentar los recursos que utilizó para realizar las fiestas navideñas, pues aseguró que fueron donativos de empresarios que no salieron del erario municipal, cuando debería saber o alguien informarle que el artículo 115 fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre establece que la Hacienda Pública está integrada, entre otros bienes, por las donaciones que recibiera, y por lo tanto, debieron ingresar a la contabilidad municipal y rendir cuentas de las mismas.
La falta de una respuesta transparente y satisfactoria con la que se pueda justificar todos los ingresos y egresos que no constan en los presupuestos nos permite exteriorizar a los ciudadanos toda clase de conjeturas sobre quiénes son los que aportan esos recursos y, lo más importante: ¿Qué les va a dar a cambio? Por lo pronto sabemos que unos de los bienhechores de la política asistencial de Gallardo es la empresa propietaria del desarrollo inmobiliario «El Gran Peñón». Se trata de una inversión que ha sido duramente criticada por la forma en la que obtuvo el permiso para el cambio de uso de suelo y porque la superficie que excede a la anchura reglamentaria de la principal vialidad, que tiene una longitud de 10 kilómetros, desde la prolongación de la avenida Juárez hasta la Zona Industrial, se le tomó en cuenta como si se tratara de una área de donación, independientemente de que el costo de esa vía correrá por cuenta del gobierno.
Es difícil calcular el valor de los cientos de miles de garrafones de agua, despensas, kilos de tortilla y otros bienes que sin costo alguno proyecta distribuir el alcalde entre decenas de miles de potosinos de las colonias más pobres de la ciudad durante su trienio, cuando ni siquiera se conoce el padrón de beneficiados. Sabemos que un kilo de tortilla anda entre 11 y 13 pesos, dependiendo del sector de la ciudad, aunque parece que este programa entrará en vigor hasta el 2017; y llenar un garrafón con agua purificada tiene un costo de 8 pesos. Si se tienen programadas 15 plantas que beneficiarían a 4 mil familias cada una, como lo ha presumido Gallardo, nos dan 60 mil familias beneficiadas con derecho a abastecerse de 4 garrafones por semana. Serían 240 mil garrafones semanales por 52 semanas del año, suman 12 millones 480 mil garrafones por 8 pesos cada uno; nos dan un costo de 99 millones 840 mil pesos.
Este sólo programa le permitiría asegurar una clientela electoral cautiva que le allane el camino para incursionar con éxito en futuras aventuras políticas y afiance su cacicazgo regional. Sabemos que nadie, absolutamente nadie, le prestaría ayuda económica sin el interés inmediato de obtener un favor a cambio. Así se trate de «amigos», proveedores, fraccionadores, constructores, dueños de giros negros y otras actividades lícitas o ilícitas. Es evidente que cientos de millones de pesos están circulando fuera de las estrictas normas de la contabilidad gubernamental, pero lo peor del caso es que los órganos de fiscalización no hacen absolutamente nada para impedirlo. No estoy en contra de que el municipio apoye a ese sector de la población con programas asistenciales en la medida de sus posibilidades y sin desatender los servicios públicos que debe prestar. Lo que condeno es la falta de transparencia en el gasto público y el protagonismo del alcalde que quiere que le aplaudan cada vez que tapa un hoyo o le sale un diente.