Y al tercer día… reculó
Por Eduardo Martínez Benavente
El acuerdo que tomó el Cabildo capitalino el pasado viernes 4 de marzo para demandar la invalidez y nulidad de los acuerdos de los Cabildos de las cuatro últimas administraciones municipales (2003-2015), que se refieren al cambio de uso de suelo o de densidad de población de 134 inmuebles ubicados principalmente en el poniente de la capital, y en el que se acusa a sus propietarios de haber incurrido en presuntas irregularidades para obtenerlos, no tuvo mayores efectos ni duración, pues tres días después, el siguiente lunes, el presidente municipal Ricardo Gallardo Juárez se desistió de la acción intentada sin siquiera consultar a sus regidores y síndicos «borreguitos». No aguantó las presiones y reclamos de un grupo de abogados y dirigentes empresariales que le advirtieron de las consecuencias que tendría esta decisión y de la incertidumbre jurídica que había provocado, por lo que anunció sin ninguna reserva o condición que «No se verá afectado ningún permiso que ya fue dado en administraciones pasadas para los desarrollos habitacionales o comerciales u otros trámites que fueron librados en aquellas épocas, porque es un derecho que ya ganaron». (Pulso, edición del 8 de marzo de 2016). En la misma entrevista explicaba que «He recibido abogados que han visto la forma de litigar lo que se da de permisos y tienen razón, porque los permisos que ya fueron dados no los puedo cancelar porque el municipio va a perder si demanda y no me puedo meter en esa dinámica».
Este acuerdo, que votaron en contra los regidores del PRI y PAN, no es más que una medida preparatoria para acudir más tarde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y demandar las nulidades. Sus efectos no son inmediatos ni automáticos. Para cada caso en lo específico, debería emitirse la correspondiente resolución que se generaría a partir de este acuerdo y que debe estar debidamente fundado y motivado para que prospere. Por lo pronto el precio de los lotes de terreno señalados han perdido más del 50% de su valor, según el cálculo de un grupo de agentes inmobiliarios que fueron consultados. El principal argumento que sirvió para tomar esta medida es que los permisos fueron emitidos con violación a la Ley de Desarrollo Urbano, mediante los cuales se pretendió modificar el Plan de Centro de Población Estratégico de las ciudades de San Luis Potosí y Soledad, sin la participación de este último Ayuntamiento y la SEDUVOP.
No es la primera vez en la que el alcalde recula o falla. Estas conductas han ocurrido en repetidas ocasiones hasta convertirse en el sello de la casa, y como ejemplo podemos citar los siguientes casos: 1).- Su iniciativa paraincrementar los valores catastrales de los inmuebles de la capital fue desechada por el Congreso del Estado por no cumplir con las formalidades que señala la Ley. 2).- Tuvo que dar marcha atrás a la amenaza de retirar por la fuerza al comercio informal del centro histórico de la ciudad, pues no midió la reacción de los afectados. 3).- Lo mismo ocurrió con el compromiso decancelar laconcesión de las luminarias otorgada a Panevi. No sabemos qué fue lo que negoció para nunca más volver a tocar el tema, no obstante que había denunciado que esa operación era fraudulenta porque la administración de Mario García Valdés había aceptado pagar más de 1,300 millones de pesos, que ni remotamente corresponden al valor del servicio prestado. 4).- El cobro de los adeudos del Impuesto Predial a los grandes deudores es otro fiasco. Su recuperación no se ha reflejado en los ingresos municipales, no obstante las facilidades y descuentos que se otorgaron. Los pagos que realizó la principal deudora, Inmobiliaria Peña Blanca, durante el mes de enero, de acuerdo a la relación de recibos de entero, suman menos de 652 mil pesos. 5).- No ha podido cobrar un peso de la contraprestación que le corresponde pagar a Aguas del Poniente al municipio por la concesión que usufructúa desde la administración de Jorge Lozano, pues de acuerdo a la información que se obtuvo a través de un peticionario no han podido calcular el monto de los adeudos. 6).- El Rastro TIF no ha iniciado operaciones. Su venta o concesión es otro fracaso pues no se puede concretar porque según el alcalde no se cuenta con 6 millones de pesos para completar la inversión calculada.
7).- El pleito que sostiene con la empresa Vigue-Red Ambiental está a punto de perderlo. A tal grado que un juez federal amparó a Vigue para que de manera exclusiva proporcione el servicio. Es tal el derrotismo de Gallardoque ordenó la devolución de los camiones que le facilitaron en comodato para atender la emergencia. No sabemos qué es lo que persigue la empresa si el municipio no está dispuesto a pagar el servicio y menos los adeudos acumulados durante la administración de su antecesor. Por lo que no me extrañaría que un juez ordene el embargo de las cuentas bancarias municipales y otros activos. 8).- Es muy probable que el Congreso delEstado niegue la solicitud del Cabildo para cancelar o revocar la concesión a la empresa encargada del servicio de recolección de basura en la capital. La mayoría de los diputados está convencido que no tienen facultades para emitir un dictamen de esta naturaleza. 9).- El presidente municipal no ha conseguido la autorización del gobierno federal para darle un uso distinto al edificio conocido como Subcomandancia Centro, ubicado en la calle de Reforma, no obstante que se comprometió a destinarlo como guardería infantil para los hijos de los policías ante la oposición de los vecinos que no quieren correr riesgos por la inseguridad que representa un sitio como el Charco Verde. 10).- No ha concretado con un acuerdo de Cabildo el compromiso de sus integrantes para que acepten una reducción de hasta el 30 por ciento en sus prestaciones. Debemos reconocer que todos estos ofrecimientos le han servido como publicidad para acaparar la atención de los potosinos y ganar simpatías para su proyecto político reeleccionista, aunque sus desaciertos y mentiras sean mucho mayores que sus pobres y escasos resultados.
