Al estilo Soledad
Por Eduardo Martínez Benavente
El equipo que dirige Proyecto Tábano para investigar asuntos relacionados con actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos se dio a la tarea de revisar todas y cada una de las actas de las sesiones de Cabildo del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez celebradas a partir del mes de octubre de 2009 hasta septiembre de 2015, que corresponden a los períodos que ocuparon los ex presidentes municipales Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona, así como el alcalde sustituto, José Luis Fernández Martínez, ahora presidente estatal del PRD; y encontraron que ningún fraccionamiento o condominio, ni las licencias de uso de suelo habían sido autorizados por el pleno del Cabildo. Es más, ni siquiera pasaron los expedientes por delante de sus narices, infringiendo así diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio, pues estas funciones están reservadas única y exclusivamente para ese cuerpo edilicio. Por lo tanto, todas las autorizaciones que se otorgaron en estas condiciones son nulas de pleno de derecho. No sabemos quién fue el que finalmente asumió esas atribuciones y expidió los permisos y licencias. Es muy probable que los ex presidentes municipales hayan utilizado a los ex directores de Alumbrado y Obras Públicas para estas tareas, por lo que debemos condenar la complicidad o temor de los regidores y síndicos que no se atrevieron a detener y denunciar estos ilícitos, pues es inaceptable que no se hubieran dado cuenta del auge inmobiliario que ocurría en ese municipio y que no se les tomaba en cuenta para aprobar o rechazar los proyectos. Las actas de las sesiones de Cabildo fueron retiradas recientemente del portal de transparencia del Ayuntamiento soledense, sin embargo, pueden consultarse en la página web de Proyecto Tábano (2009-2012y 2012-2015).
La Auditoría Superior del Estado, en las revisiones practicadas a las cuentas públicas de ese municipio, así como la contraloría de ese Ayuntamiento, fieles a su vocación encubridora y corrupta, en ningún caso hicieron las observaciones correspondientes y permitieron que esos ilícitos siguieran ocurriendo durante todos estos años. Ante estas omisiones no hay constancia de que los desarrolladores inmobiliarios hayan cedido el 15% de las superficies vendibles que le corresponden al municipio, y si cumplieron con todos los demás requisitos, aunque aquí habría que destacar que el títere que ahora ocupa la presidencia municipal no hará absolutamente nada para investigar estas autorizaciones y menos para recuperar el patrimonio inmobiliario que le pudo haber sido escatimado.
El alcalde Ricardo Gallardo Juárez pretende, esta vez, por la vía legal, que el Congreso del Estado reforme la fracción XXII del inciso c) del artículo 31 y la fracción XXXV del artículo 70 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para despojar al Cabildo de tan importantes atribuciones, de tal manera que se transfieran a los alcaldes para que a través de un subordinado autorice las licencias de uso del suelo y la división y subdivisión de inmuebles en fraccionamientos y condominios. Para lograr ese objetivo, el alcalde presentó el pasado 17 de marzo una iniciativa en la que argumenta que con esta medida se podrán «reducir los ámbitos de discrecionalidad, abatir la sobrerregulación de los servicios públicos, propiciar la eliminación de los espacios de corrupción y procurar la agilización de los trámites». No nos resulta difícil imaginarnos el control y poder que tendría el presidente municipal sobre la propiedad inmobiliaria de los potosinos si se aprueba su iniciativa. La discrecionalidad y facilidades para autorizar las solicitudes que le presenten dependerían, en buena medida, de las buenas relaciones que podría tener con los propietarios, pero sobre todo a los arreglos extralegales que llegaría con ellos. Los diputados no pueden permitir que se exponga a la sociedad a un riesgo de esta naturaleza.
La larga lista de columnistas reconocidos e independientes, que difícilmente se prestarían a campañas de grupos oscuros, y que hoy le señalan sus yerros no tiene más origen que una observación crítica de los cotidianos excesos en que incurre, especialmente cuando tienen características que permiten calificarlos como actos delictivos. Por ejemplo, esta semana salió a flote, a través de una profunda y bien documentada investigación del periodista Jaime Nava de La jornada San Luis, que del 9 de diciembre de 2015 al 29 de febrero de 2016, el Ayuntamiento que preside Ricardo Gallardo Juárez había emitido cheques que suman más de 34 millones 700 mil pesos a una presunta proveedora de nombre Sandra Sánchez Ruíz, por concepto de medicamentos para personal de confianza. Creo que lo más grave de este señalamiento es que las adquisiciones no se licitaron y nadie, ni el mismoalcalde, nos pudo informar quién es esta persona. Sin embargo, en la misma entrevista en la que no quiso dar explicaciones sobre este asunto, se atrevió a advertirle al ex presidente municipal Mario García Valdés, que debería estar preocupado por haber pagado 25 millones de pesos a los directores de la Foto multa, así como otras cantidades millonarias a varios proveedores y constructores por diversos conceptos, aún cuando no los hubiera autorizado y declarara que nadie tiene que ver con esas operaciones. Porque entonces, concluye el soledense: ¿quién autorizo?» «¿quién firmó?». «Cuando menos por omisión sí debe estar preocupado Mario”. Creo que los mismos cuestionamientos que le dirige al ex rector debería hacérselos él mismo por las adquisiciones que celebró su administración con una persona que a lo mejor ni existe.
Otra que también parece preocupada, es la titular del Comité de Adquisiciones del municipio de la capital, Laura Gama Basarte, al advertir que están investigando qué es lo que pasó con estasadquisiciones. Nos narra Angélica Campillo, del mismo diario, que su entrevistada reconoció que «únicamente tiene registradas dos licitaciones llevadas a cabo durante esta administración municipal: una para fierros y aceros en diciembre, y la otra fue la correspondiente al seguro para el parque vehicular del ayuntamiento».
