Lo más parecido al infierno

Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE

Está a punto de que ocurra otra masacre en el penal de La Pila si no se toman medidas extremas para evitarlo. Lo primero que tiene que hacer el gobierno de Fernando Toranzo para destensar el conflicto es trasladar a todos los integrantes del grupo agresor a otro centro penitenciario, lo más lejos posible de la capital potosina. Los que participaron en la carnicería de la madrugada del sábado 27 están plenamente identificados por los sobrevivientes y por las cámaras de video instaladas en patios y pasillos. Todos se conocen, y algunos de ellos han convivido por años. No se necesita ser un perito en la materia para predecir que muy pronto el grupo que sufrió la agresión buscará la manera de vengarse. Van por la revancha.

Quedan muchas preguntas sin responder: como sería el motivo por el que no intervinieron los guardias de seguridad para sofocar de inmediato la pelea. Por lo menos podían haber disparado al aire para amedrentar a los agresores. ¿Tuvieron miedo? ¿Eran muy pocos para enfrentarse a un grupo tan agresivo y numeroso? ¿No oyeron los gritos de dolor y miedo de las victimas que fueron masacradas? ¿Qué medidas preventivos se tomaron para evitar el asalto si estaban advertidos que en cualquier momento podría ocurrir una tragedia? ¿Cómo es posible que no hayan filtrado agentes de su confianza entre los presos para que les informaran de lo que realmente pasaba en el penal? ¿Qué hicieron para neutralizar al grupo de reos que hostigaba y amenazaba al resto de los internos y sus familias? ¿Por qué no se atendieron las observaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que reportaba la existencia de una “acérrima rivalidad” entre grupos de delincuencia organizada al interior de la cárcel? Rivalidad que ya había causado la muerte de quince reos entre mayo de 2011 y agosto de 2012. Un asesinato por mes, sin contar los “suicidios” y “muertes naturales”. ¿Quién abrió las puertas de los dormitorios? ¿Cómo es posible que todavía se cierren con cadenas y candados y no se controlen a través de un sistema electrónico? ¿Cuántas bajas hubo del lado de los agresores? ¿Qué valor y credibilidad pueden los peritajes del secretario de Salud estatal si no sabe distinguir entre una herida de bala y una causada con una arma punzocortante? ¿Cómo reaccionaron los del C4 si en sus monitores se transmitía en vivo la masacre?

Contradicciones, errores y mentiras le restan credibilidad a la versión del gobierno. Ni siquiera se pusieron de acuerdo en el número de muertos. Muchos creíamos que remitiendo a los reos federales a cárceles de alta seguridad ubicadas en otros estados de la República se iba a relajar el ambiente y a reducir la peligrosidad de La Pila, sin embargo, esto no sucedió, la semilla del odio y la venganza estaba sembrada y sus frutos se recogieron.

Debe ser frustrante para el doctor Toranzo, quien seguramente asumió la gubernatura con la mejor intención de dignificar la vida de los potosinos, que su sexenio sea recordado como el período más violento, oscuro e inseguro que hemos padecido en los últimos noventa años. Un gobierno que es incapaz de garantizar la vida y seguridad de las personas que están bajo su custodia es un gobierno fallido. La Ley General de Victimas que acaba de ser modificada y publicada obliga al Estado mexicano a indemnizar hasta con un millón de pesos a los parientes más próximos de las victimas para compensar de alguna manera su incapacidad en brindar seguridad a los ciudadanos. Pocas omisiones resultan tan agravantes como el hecho de dejar al garete a los deudos y desentenderse de sus problemas. San Luis tiene su propia Ley, pero no cuenta con una partida presupuestal para cumplir con estos compromisos.

Una cárcel es lo más parecido al infierno. Hay que saber sobrevivir todos los días y lidiar con extorsionadores y depredadores. Comprar protección con regalos, dinero o servicios. Sólo la muerte es peor que perder la libertad. Los gobernantes saben que para que no explote la olla de presión en la que conviven estas personas es necesario tolerar muchos de sus ilícitos y faltas al reglamento, así como ingeniárselas para administrar el vicio y la corrupción que se da entre esas asfixiantes paredes. Pero todo tiene su límite y en La Pila se desbordó el autogobierno que había instaurado un grupo de reos. Se le cedieron demasiados espacios de poder a la delincuencia organizada. Pasividad y permisividad eran los instrumentos con los que la dirección de ese penal creía tener todo bajo control.

El gobierno del doctor Toranzo debe humanizar las cárceles potosinas respetando y haciendo que se respeten los derechos humanos de los internos y celadores; ocupar a los reos en actividades deportivas; capacitarlos en algún oficio o trabajo para que puedan enfrentar la realidad de la vida una vez que salgan de su cautiverio; agilizar las preliberaciones; pedirle e insistirle a los jueces
que dicten sus sentencias dentro de los términos que marca la ley; alimentarlos mejor pues casi todos los presos tienen que llenar sus estómagos con alimentos asquerosos; suprimir las prebendas y beneficios de que gozan unos cuantos; instalar empresas y talleres que les permitan hacerse de algún dinero para cubrir sus gastos, ayudar a sus familias y formar un fondo de ahorro del que puedan disponer cuando dejen la cárcel; evitar el abuso y extorsión de internos y guardianes; separar a los sentenciados de los procesados, a los más fuertes y violentos de los que no lo son y a los adultos de los jóvenes.

Es inútil seguir cesando y nombrando directores de ese centro de reclusión si antes no se instrumenta un verdadero cambio en su administración. Es la oportunidad para instaurar el trabajo comunitario ocupando a los reos no peligrosos y a los que estén a punto de obtener su libertad en tareas de bacheo, construcción de obra pública y limpieza de caminos y carreteras para que se vayan reinsertando en la sociedad y como un medio que les permita recuperar poco a poco su dignidad y autoestima perdidas.