El desacato
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Recordad que Salvador Nava es más que el nombre de una fatídica avenida. En honor a su memoria.
No me cabe la menor duda de que existe un arreglo entre el gobernador Fernando Toranzo, su antecesor y el auditor superior del Estado, Héctor Mayorga, apuntalado por la inoperancia y falta de carácter del presidente de la CEGAIP, Alfonso Serment, que ha evitado -hasta ahora- que se conozcan los detalles y destino que se le dio al préstamo de los 1,500 millones de pesos que obtuvo el ex gobernador Marcelo de los Santos en los últimos días de su mandato y que, como botín de piratas, se repartieron los dos gobernantes.
Si el doctor Toranzo realmente quisiera que esta información se diera a conocer bastaría con dirigirse al secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía, éste sí, su inferior jerárquico, para instruirlo en el sentido de que nos proporcione una copia de los documentos que desde hace 31 meses le estamos solicitando y que dolosamente nos esconde; en lugar de haberle ordenado al presidente comisionado de la CEGAIP que atendiera el amparo que la justicia federal nos otorgó con ese propósito. Si no estuviera implicado en el desvío de recursos y hubiera tenido la voluntad de transparentar y difundir desde un principio el uso que se le dio a ese dinero, no habría reestructurado ese crédito bancario que irresponsablemente se lo transmitió a las siguientes administraciones para que lo paguen, sin antes haber aclarado pública y satisfactoriamente las observaciones que se le hicieron referentes a que dispuso indebidamente de 562 millones de pesos que sólo él y sus allegados saben a dónde fueron a parar. Si su intención fuera la de transparentar esta operación no habría permitido que sus operadores políticos manipularan al juez penal que oficiosamente intervino en este caso ordenando que no se nos entregara la documentación porque estaba sujeta a un proceso penalque se sigue en contra de Joel Azuara y Humberto Picharra, y que sabemos que ni en el resto de lo que queda de la década estará concluido.
El Poder Judicial de la Federación ha sido burlado. Habrá que esperar cómo reacciona y qué medidas va a tomar ante la denuncia que estamos preparando por la inejecución de la sentencia que tenía como objetivo principal desbloquear la información y vigilar que nos entregaran la documentación solicitada. No tuvo ningún efecto el amparo que nos otorgó el 3 de mayo la Juez Sexto de Distrito, Laura Coria Martínez, pues el destinatario final lo incumplió, no obstante que se le ordenó al presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí (CEGAIP), como consecuencia de la resolución dictada el 25 de abril por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que le dijera al auditor Héctor Mayorga que “…Entregue al ahora quejoso, a costa de éste, copia fotostática simple, tanto de los pliegos de observaciones notificadas a la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría General de Gobierno con motivo de la auditoría especial de Fiscalización Gubernamental a la cuenta pública 2009 dos mil nueve, practicada al Poder Ejecutivo del estado; así como de las observaciones presentadas a los titulares de ambas dependencias citadas, para ser solventadas antes de que ese Auditoría Superior del Estado rindiera su informe final de auditoría al Congreso del Estado”.
Mayorga no atendió el requerimiento y como era de esperarse lo desobedeció porque sabe que está protegido por el gobernador y que los diputados no van a sancionarlo. El martes se venció el plazo para que entregara los documentos y no lo hizo. A través de una entrevista que apareció publicada en este diario nos enteramos de los motivos que esgrime para negar la información, pues además de retadores y cínicos, son mentirosos ya que asegura que no recibió notificación alguna, cuando hay constancia judicial de que fue debidamente notificado, y de que no entregó la información que una vez más le reclamó la CEGAIP porque dice estar impedido por la ley para ventilar esos documentos que están reservados porque forman parte de un proceso administrativo que no ha terminado. Utiliza los mismos argumentos con los que hace dos años nos negó los pliegos de observaciones no obstante que fueron desechados por la vía de un amparo, aunque en esta ocasión actúa como si no entendiera los alcances y consecuencias de la sentencia que pronunció la justicia federal en la que le ordena a la CEGAIP la desclasificación y liberación de esa información que por su naturaleza es pública, y que este organismo se lo hizo saber al auditor para que lo cumpliera. Precisamente el amparo que se nos concedió la semana pasada versaba principalmente sobre la secrecía o la publicidad que se le debe dar a esta información. La CEGAIP lo apercibió el 8 de mayo, para que diera cumplimiento a lo que dispuso la juez federal, y como no lo hizo, la CEGAIP está ahora obligada a iniciar en su contra un procedimiento sancionador para que el Congreso del Estado lo cese y lo inhabilite para ocupar otros cargos.
Lo peor que nos podría ocurrir en este asunto es que el proceso de responsabilidad administrativa se ajuste al tortuoso camino de las amonestaciones privadas y públicas, continúe con las multas hasta llegar al cese e inhabilitación del funcionario porque ni en diez años vamos a ver resultados. Ante sus reiterativos desacatos y su conducta dolosa y maniobrera para evitar el cumplimiento de la sentencia, no queda otra solución que destituirlo de inmediato por la falta grave en la que incurrió y aplicarle lo que dispone el artículo 110 de la Ley de Transparencia, pues por lo menos en tres expedientes que hemos tramitados ante la CEGAIP ha quedado constancia de sus desacatos. Habría que mencionar también la mala fe del funcionario que afirma no haber sido notificado por el Juzgado Sexto de Distrito para proporcionarnos la información solicitada, cuando sabe que no es esa instancia la que debió requerirlo, sino que utilizó a la CEGAIP como instrumento.
