El arte de saber desaparecer el dinero

Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE

Es inaceptable que el gobierno del doctor Fernando Toranzo no haya podido aclarar las observaciones que desde hace más de tres años le fincó la Auditoría Superior del Estado (ASE), en el sentido de que “De acuerdo a los registros contables el saldo no aplicado al 25 de septiembre de 2009 por concepto del préstamo de $1,500,000.000.00 es de $561,976,438.40, mismo que no es posible identificar a cuales Ejes Estratégicos los aplicó la actual administración de acuerdo al Decreto 819 de autorización”. Esto quiere decir que el organismo encargado de fiscalizar las cuentas públicas no sabe en dónde quedó todo ese dinero que, de acuerdo a la contabilidad que revisó, recibió el gobierno de Toranzo y menos sabe quién y cómo lo gastó, y esto, después de que a la Secretaría de Finanzas se le han dado dos oportunidades para aclarar su destino. Así de grave es la acusación que pesa sobre la administración priista que el auditor no ha desmentido ni corregido y que podría encuadrar en un posible delito de peculado.

Jesús Conde, el Mago, el que según el titular de la ASE es el responsable de la desaparición del dinero, sabe que si no tiene una respuesta fehacientemente documentada que solvente el señalamiento que se le hizo puede ser el tercer ex secretario de Finanzas que termina en la cárcel. Le quedan 28 meses para acreditar que es falsa la observación que asentó el auditor en su informe. El siguiente gobierno, que seguramente encontrará unas finanzas en crisis y sin liquidez, para justificar su inoperancia y como es habitual, le echará la culpa de su fracaso a su antecesor.

Esta observación es más grave que la que pesa sobre el gobierno de Marcelo de los Santos, pues a éste le observó un desvío de recursos por un poco más de 556 millones de pesos -nada más en lo que se refiere al asunto del préstamo-, que cualquier interesado puede consultar en la página web de Proyecto Tábano para que se entere de los distintos conceptos en los que se malversó ese dinero; pero por lo menos se sabe que lo ejerció en el pago de pasivos y gasto corriente que nada tenían que ver con las inversiones públicas productivas a las que estaba condicionado. No sabemos qué argumentos y pruebas ha presentado el ex gobernador para desvanecer esas acusaciones. Uno de sus ex colaboradores nos asegura que su defensa estriba en probar que tomó recursos del gasto corriente y de los fondos de pensiones retenidos para pagar los compromisos de las obras que estaban en proceso, mientras que el Congreso del Estado y el Banco le autorizaban el crédito; pero que una vez que lo obtuvo, repuso el dinero, y que por eso aparece cómo si hubiera desviado el préstamo a objetivos distintos a los autorizados.

Sólo un despacho externo con el prestigio del contador Daniel Diep Diep o de Joaquín Herrán Martínez, entre otros, podría tener la credibilidad y confianza de muchos potosinos para que nos explique qué se hizo con esos recursos y si es cierto o falso de que este gobierno recibió el remanente del crédito.

Es inadmisible que Mayorga no haya podido rendir en todo este tiempo un informe final de su revisión en el que precise si las autoridades señaladas como responsables de manejar esos recursos pudieron o no solventar las observaciones. Esta dolosa morosidad e ineptitud profesional serían causas suficientes para que el Congreso lo hubiera removido. El auditor debe informarnos por qué razón no ha concluido su trabajo y en qué estado se encuentra éste. Era de esperarse que un ex gobernador como Marcelo de los Santos, con el oficio que se le reconoce como blanqueador de cuentas públicas no iba a dejar desprotegida la suya, y menos cuando sabía que en la administración que le seguía contaba con potenciales enemigos que lo iban a estar asechando permanentemente. Sabía que sus desvíos eran inocultables, por eso no me extraña que les haya dejado tal maraña de números y papeles en la contabilidad gubernamental que ahora resulta indescifrable su verificación, y con 562 millones de pesos virtuales depositados en sus cuentas bancarias que el gobierno de Toranzo niega haber recibido. De esta manera, las dos administraciones aparecerían ante la ciudadanía como delincuentes, la última en mayor grado que la primera, pero con material suficiente como para negociar un armisticio que les garantizara a ambos impunidad absoluta.

Nos gustaría entender por qué el Auditor Superior del Estado que se caracteriza por solapar los ilícitos del Poder Ejecutivo asentó en su informe tan comprometedoras acusaciones. El grupo de ciudadanos que hemos estado investigando este caso creemos que ante las evidencias inocultables del desvío de recursos en que incurrió el gobierno panista y para proteger al principal responsable de esos manejos, el ex secretario de Finanzas Joel Azuara Robles, amigo personal y promotor de la carrera de Mayorga; el auditor involucró al gobierno torancista en esta danza de millones con una acusación todavía más grave que la de su antecesor que le permitiría llegar a un acuerdo para que ninguna de las partes se viera seriamente afectada. La reducción del monto de la fianza que le permitió a Azuara y coimputados salir de la cárcel es el mejor testimonio de este arreglo.

El pliego de observaciones que nos tuvo que entregar la ASE es insuficiente para conocer los pormenores de la auditoría, pues es inaceptable que el grave señalamiento que le hizo al gobierno de Toranzo sólo haya merecido cuatro renglones de ese documento. No detalla todos los pasos que los auditores tuvieron que dar para llegar a esa conclusión, ni acompaña sus cédulas de trabajo; por lo que estamos presentando nueve solicitudes de información que nos permitirían seguir desmenuzando este asunto.

El largo litigio que iniciamos en octubre de 2010 y que acabamos de ganar rompe la secrecía de los informes de las cuentas públicas que por su naturaleza –gasto público- deben ser del conocimiento de todos los ciudadanos. Nunca más serán reservadas. Nos interesa de especial manera la relación completa de los cheques enlistados en los seis anexos que Azuara asegura que le entregó a Conde, con sus facturas y pólizas; así como el fideicomiso a que hace referencia, en el que, según él, informa de la aplicación exacta de los recursos del crédito.