Investigación Ciudadana
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Esta semana obtuvimos información relevante relacionada con el destino que se le dio al préstamo de los 1,500 millones de pesos que gestionó el gobierno de Marcelo de los Santos en los últimos días de su mandato, la que una vez que cotejamos con los informes que sobre este mismo asunto habían rendido Joel Azuara Robles y Jesús Conde Mejía, ex secretario y secretario de Finanzas, así como con la información contenida en los pliegos de las observacionesque nos entregó el 24 de mayo el auditor superior del Estado, Héctor Mayorga; nos permitió llegar a la conclusión de que la administración del doctor Fernando Toranzo no recibió el remanente de casi 562 millones de pesos que Mayorga le observó a su cuenta pública del 2009, el que sin más sustento que los registros contables que dijo tener a la vista y que corresponden exactamente a la versión que rindió Joel Azuara el 22 de marzo de 2010 al contralor de esa Secretaría; le sirvió, como si se tratara de un documento irrebatible o de un dogma de fe, y sin tomar en cuenta las explicaciones de Conde Mejía, para asentar en su dictamen que el gobierno actual recibió y aplicó indebidamente esos recursos pues no era posible identificar su destino.
Si en el pliego de observaciones que se levantó hace más de tres años se hubieran valorado objetivamente las versiones de las dos administraciones con las pruebas que acompañaron, uno asegurando que dejó el remanente, y el otro negándolo, seguramente que los ciudadanos que hemos estado atentos a este resultado hubiéramos tenido más elementos de juicio para darle la razón a alguna de las partes; aunque lo correcto hubiera sido que el auditor, con las atribuciones y recursos con los que cuenta hubiera accedido a toda clase de documentos y personas generando su propia conclusión, y así, determinar si existió o no el remanente en conflicto.
Es difícil explicar en este reducido espacio todo el proceso por el que pasamos para convencernos de que el gobierno de Marcelo de los Santos no le dejó al de Toranzo los 562 millones de pesos a que se refiere el auditor, y más cuando una columna como esta no nos permite exhibir las gráficas que facilitarían su comprensión, sin embargo haremos un esfuerzo para presentar algunas pinceladas de este trabajo, independientemente de que el resto de la información se puede consultar en la página web de Proyecto Tábano.
Todavía hace una semana creíamos en la verdad oficial, la de Mayorga, que señalaba que la administración de Toranzo había recibido de la anterior un remanente de casi 562 millones de pesos porque los argumentos que Jesús Conde utilizaba para rechazar la observación no eran convincentes, pero sobre todo por su resistencia y maniobras –iguales que la de Mayorga- para ocultar la información, especialmente el fideicomiso maestro de Banorte que le solicitábamos y en el que creíamos que íbamos a encontrar el depósito o transferencia original que el banco acreedor abonó al gobierno, así como la dispersión del monto de ese crédito en nueve cuentas bancarias, desde las que se giraron cientos de cheques para pagar diversos conceptos, algunos relacionados con pasivos originados por inversiones públicas productivas, pero otros, la gran mayoría para cubrir o reponer el dinero que se había tomado del gasto corriente y tapar los agujeros que la administración anterior había hecho al disponer indebidamente de aguinaldos, pensiones, fondos de ahorro y otros recursos etiquetados Esa información nos daría entrada para solicitar también las pólizas y facturas de aquellos gastos que consideráramos reveladores en esta investigación.
Las coincidencias en los números de cuentas, bancos y montos de por lo menos ocho de las referencias enlistadas por Conde y Azuara en sus aclaraciones o solventaciones, así como los anexos de los pliegos de observaciones que nos entregó el auditor nos llevaron a la conclusión de que los casi 562 millones de pesos de presuntos excedentes que el ex gobernador le dejó a su sucesor eran en realidad reposiciones de fondos ajenos y federales que había tomado y gastado antes de que le llegara el préstamo, pero de ninguna manera podrían considerarse como sobrantes del crédito que el nuevo gobierno podía gastar en lo que el Congreso del Estado había autorizado.
Si Joel Azuara hubiera acreditado en sus solventaciones que además de ese remanente le dejaba en otras cuentas especiales los recursos destinados a pagar aguinaldos, fondos de ahorro, adeudos municipales y otros gastos etiquetados por la federación, seguramente que la versión del ex secretario de Finanzas hubiera sido la verdadera; pero no lo hizo porque ese dinero ya no existía, se lo gastó, y entonces con esos 562 millones de pesos intentó cubrir el faltante que reportaba la contabilidad gubernamental.
Jesús Conde no ha reconocido ni los 25 millones 530 mil pesos de recursos disponibles que según el informe de Azuara le dejó como saldo en el fideicomiso de Banorte al 26 de septiembre de 2009. Tan útil que hubiera sido para esta investigación haber tenido una copia del fideicomiso que solicitamos y que se nos negó, así como los informes de las operaciones con las que se agotó ese crédito para verificar si existía algún remanente a esa fecha. Hay otra cuenta bancaria por 50 millones de pesos que no aparece en la lista proporcionada por Jesús Conde pero que Azuara señala puntualmente, y otras tres cuyos saldos son abismalmente distintos a los que cada uno señala, no obstante que el corte de la información, en ambos casos, corresponde al último día de la gestión de Marcelo de los Santos.
Héctor Mayorga contaba con toda esta información antes de emitir su dictamen y dolosamente la ocultó, asegurando que no era posible identificar la aplicación que de ese dinero había hecho la actual administración. La parcialidad y dilación con la que se ha conducido en esta revisión son causas suficientes para que el Congreso del Estado lo remueva de su cargo, aunque su permanencia y ratificación les conviene a todos los funcionarios del gobierno porque saben, que hagan lo que hagan, nunca serán sancionados.
