Se les pasó la mano

Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE

Sólo un iluso podría creer que los partidos políticos representados en el Congreso del Estado iban a simplificar los requisitos para que cualquier ciudadano, de manera independiente y al margen de ellos, pudiera hacerles la competencia registrándose como candidato para acceder a un cargo de elección popular. Era previsible que los iban a obstruir para evitar que cualquier aventurero, sin representatividad y autenticidad, pudiera agregar su nombre a la lista de candidatos en las boletas electorales y reclamar apoyos y prerrogativas, pero nunca creímos que sus exigencias llegaran a extremos irrazonables.

La iniciativa que presentaron el jueves 6 de junio los ocho diputados coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias para reformar la Ley  Electoral, con el complaciente aval del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, cierra en San Luis Potosí la vía de la participación directa de la ciudadanía en los procesos electorales por los requisitos que establece y que resultan prácticamente imposibles de franquear. Se les pasó la mano, pues con esta iniciativa los diputados eliminan la competencia ciudadana y hacen nugatorio e inoperante los derechos políticos que la reforma constitucional les otorgó a los mexicanos para contender, sin la sujeción y compromisos partidistas, en los procesos electorales por la gubernatura, diputaciones locales de mayoría o para formar parte de un Ayuntamiento.

Los abogados de Acción Ciudadana preparan un juicio para la protección de los Derechos Político Electorales de los Ciudadanos para que el TRIFE declare la inconstitucionalidad de estas arbitrarias pretensiones que será presentado inmediatamente después de que se apruebe la iniciativa. En estas condiciones es más fácil y redituable constituir un nuevo partido, con el que se puede competir para cualquier elección, que cubrir individualmente la cuota de exigencias que los diputados están ahora dictaminando.

Si un ciudadano quisiera competir en un proceso previo de selección para obtener el registro de candidato independiente a la gubernatura del Estado y tuviera su base social concentrada en Valles o Matehuala, tendría que presentar a más de 36 mil personas en las modestas oficinas electorales de ese distrito –que ni apretujadas cabrían en el estadio Alfonso Lastras- con su credencial de elector en la mano, para que uno o varios funcionarios las identifiquen y asienten en un acta el nombre, número de credencial, firma y huella digital de cada uno de ellas. A menos de que hubiera de por medio una generosa retribución económica para soportar las molestias que este esfuerzo implica, una organización perfecta y un carismático líder regional con un enorme poder de convocatoria, sólo así nos podríamos imaginar la viabilidad de una candidatura independiente, y de ser así, nadie ha calculado el costo que generaría esta operación; y si a todo esto le agregamos las solicitudes de otros grupos de ciudadanos que también pretendieran inscribir a sus candidatos en la misma fecha, entonces, no me cabe la menor duda de que se crearía un caos de tales dimensiones que le daría al traste a las elecciones.

La iniciativa no permite que los solicitantes se inscriban presentándose únicamente con la lista de los ciudadanos que los apoyan para que después se verifique una muestra de la autenticidad de los documentos que se anexan. Es requisito indispensable que todos sus simpatizantes asistan personalmente a las oficinas electorales que corresponda, firmen la adhesión o apoyo, estampen su huella digital y acompañen una copia de su credencial de elector para que se le otorgue el registro a su candidato.

Al solicitante que obtenga el mayor número de adhesiones entre los que se registren –sólo a uno-, y siempre y cuando rebase el 2% del listado nominal de electores de la elección de que se trate, se le seleccionará y otorgará el registro que le permitirá competir contra los candidatos de los partidos políticos; y aún así, el registro se le negaría cuando no sea posible determinar la licitud de los recursos erogados en la etapa de obtención del respaldo ciudadano, o cuando a partir del mismo se concluya que el tope de gastos o el límite de aportaciones individuales fue rebasado. Las barreras que hay que superar son casi infranqueables, empezando por el número de simpatizantes que deben respaldar la candidatura, pues resulta casi imposible de cumplir si no existen cuadros organizados que tengan capacidad para mover y concentrar multitudes, y mucho dinero para promover al aspirante en un momento en el que todavía no tienen acceso al financiamiento público ni a los medios de comunicación.

La iniciativa que presentó Felipe Calderón al Senado de la República y que próximamente será aprobada con unas cuantas modificaciones, es menos exigente que la estatal, pues les otorga a los candidatos independientes, sin importar el número de éstos, financiamiento y acceso a los medios de comunicación, siempre y cuando hubieran obtenido un respaldo mayor al 1% del padrón electoral de la demarcación de que se trate, con la facilidad de que las solicitudes con la lista de adherentes se pueden presentar por escrito.

La iniciativa potosina establece que el procedimiento previo de selección de candidatos independientes se dará al mismo tiempo que los candidatos de los partidos políticos celebran sus precampañas, y no recibirán financiamiento público. Hasta que contiendan con los candidatos de los partidos recibirán una cantidad miserable de dinero público, siempre mayor que la que pueden recibir de los particulares. El empalme de fechas tiene como objetivo evitar que el que pierda la elección interna de su partido tenga espacio para registrarse como candidato independiente, pues se correría el riesgo de que su candidatura le reste votos a su partido. La figura de los candidatos independientes o ciudadanos resulta más atractiva que la de los partidos políticos, pues su  desprestigio y rechazo es enorme entre los mexicanos.

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