Con licencia para robar
Segunda Parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Habrá que distinguir entre las cifras y referencias que aparecen en la primera parte del voluminoso informe de la auditoría que se le practicó a la cuenta pública municipal correspondiente a los últimos nueve meses de la gestión de la priista Victoria Labastida -que se puede consultar en la página web de Proyecto Tábano– y los números y notas que se refieren propiamente a las observaciones financieras y administrativas que los funcionarios responsables de ese gobierno no lograron solventar, y que se localizan en la parte final del documento, para no confundirnos entre lo que es la información de la gestión administrativa y lo que son los asuntos -que el voluble auditor- cuestionó y observo durante ese período.
En la primera parte encontramos información general de ingresos, egresos y comentarios que podrían resultar muy valiosos y comprometedores pero que en este caso, muchos de ellos, de nada sirven porque no fueron observados y quedaron reducidos a simples anécdotas que sólo producen indignación y escándalo. En la segunda parte del informe es en la que se localiza –según el auditor- lo que quedó pendiente de aclarar y sobre lo que se pueden fincar responsabilidades; por eso es inaceptable que en esta revisión no se hayan observado como asuntos graves una serie de gastos ofensivos e irracionales que se detallan en la primera parte del informe pero que no aparecen expresamente en el pliego de observaciones. No se trata de erogaciones ordinarias en las que sería infructuoso prestarles mayor atención que una simple ojeada, como sería por ejemplo la contratación de un oficinista, la compra de una podadora o una grapadora para los usos que requiere ese ayuntamiento. No, se trata de maniobras muy delicadas que cualquier ciudadano podría calificar como fraudulentas y que sólo alguien que tenga permiso para delinquir se atrevería a cometerlas. Es imposible analizar las miles de operaciones que se realizan en cada ejercicio. Nadie tiene capacidad para detectar todas las irregularidades e ilícitos en que pueden incurrir los encargados de manejar los recursos públicos; por eso es indispensable que participe la ciudadanía en la fiscalización de esas cuentas. Que la competencia de los proveedores de esos bienes y servicios verifiquen si los precios que se pagaron corresponden a los del mercado y si el municipio podía haberlos adquirido en mejores condiciones. El trabajo es tan arduo que ningún particular, ni la Auditoría Superior del Estado, puede sólo con esta tarea.
Los casos que enseguida nos ocupan son alarmantes y no pueden pasar inadvertidos pues se trata de varios pagos por servicios o trabajos que de ninguna manera se pueden justificar, que no eran prioritarios y no estaban presupuestados; pero que para el auditor superior del Estado, Héctor Mayorga, no merecieron la pena de ser agregados expresamente en la lista de observaciones financieras. Sólo señala generalidades porque no sabemos si se refiere a estos u otros gastos al denunciar que “se presentan facturas de las cuales se hace constar en acta administrativa que no existen los negocios en los domicilios señalados en los comprobantes, corresponden a casas deshabitadas y locales desocupados, desconocen a las personas que expidieron las facturas, el mismo domicilio fiscal corresponde a cuatro personas morales y que actualmente se encuentra una persona física, se comprobó en algunos casos que las facturas exhibidas por el Municipio no fueron elaboradas por el impresor…”.
En la página 66 del Informe se hacen constar 24 erogaciones, entre las que destacan las siguientes: “Por paredes, techos y estructuras de inmuebles municipales, resanados, sellados, impermeabilización (sic) y pintados con materiales acrílicos de primera calidad”, se pagaron 26 millones 735 mil pesos. Sabemos que ni la construcción de otro piso en la Unidad Administrativa del municipio hubiera tenido ese costo; menos los arreglos y mantenimiento con los que se pretende justificar ese egreso. Si esa erogación fuera cierta se tendría que haber licitado -por más que se hubiera fraccionado en varias adquisiciones- y aparecería entre las obras que se le auditaron al municipio. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ya le había entregado recursos por 4 millones de pesos para restaurar el Palacio Municipal.
Más adelante aparece otro gasto por 11 millones 278 mil pesos, que por absurdo es irrisorio. Es la suma que se pagó a un proveedor, no se dice quién, como en el caso anterior, por “Pulido de piso, incluye lavado previo y pulido con cera”. Sabemos que ni reponiendo todo el piso de las oficinas de la Unidad Administrativa se hubiera gastado una cifra de esas dimensiones. Por artículos y material de limpieza en los edificios municipales se erogaron 4 millones 979 mil pesos. El auditor no observó ni comentó expresamente estos excesos. Tampoco sabemos si los más de 16 millones de pesos que se destinaron a la compra de materiales para construcción son a los que refiere el auditor como “apoyos económicos otorgados a personas de escasos recursos”, en los que la firma en la solicitud, recibo y agradecimiento no coinciden entre sí con la identificación oficial del IFE. Para rotular las oficinas se gastaron 146 mil pesos.
La auditoría reporta otro gasto por 40 millones 378 mil pesos que aplicó la Tesorería Municipal, vía la Dirección de Ingresos, para fortalecer sus oficinas recaudadoras. Esta cantidad equivale al 50% de lo que se recaudó durante los últimos nueve meses por concepto del Impuesto sobre Traslado de Dominio. A nadie, con las limitaciones presupuestales y falta de liquidez que sufría el municipio, se le hubiera ocurrido gastar en esos conceptos, y más cuando ya iban de salida. No dudo que una buena parte de estos recursos se haya desviado a sufragar las campañas políticas de los priistas que contendieron ese año, principalmente a las de Peña Nieto, Labastida y Mario García. Por eso a nadie nos debe sorprender la impunidad que cubre a los responsables de estos tejes y manejes.
