Va el resto
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Parece que nadie podrá detener las reformas constitucionales que les permitirán a los empresarios nacionales y extranjeros incursionar en el lucrativo negocio del petróleo y gas, reservado -hasta ahora- a PEMEX, y que en pocos años se verá desplazado de la competencia por las grandes compañías petroleras. Las condiciones están dadas para privatizar toda la cadena productiva del petróleo. Es el último activo que nos queda y el gobierno de Peña Nieto se empeña en apostarlo. Su irresponsabilidad y codicia no tienen límites. Va el resto o el «all in», con el que los jugadores de póker advierten a sus compañeros de cartas que apuestan todas sus fichas, pero en este caso con un crupier tramposo que lo hará perder. El sindicato, la pesada nómina y sobre todo la enorme corrupción que caracteriza a ese monopolio son los principales motivos para que lo marginen de la rebatinga petrolera. Ningún inversionista aceptaría que en la ley reglamentaria se establecieran ventajas y prerrogativas a favor de PEMEX, como las que anticipó el secretario de la paraestatal, Emilio Lozoya, en el programa de CNN de Carmen Aristegui, cuando aseguró que PEMEX tendría derecho de preferencia para elegir en cuáles sitios invertir y cuáles dejar a la competencia para que se liciten. Es cierto que PEMEX no se privatiza, lo que la iniciativa propone es reformar dos artículos constitucionales, el 27 y 28, que hasta ahora establecían que la propiedad del petróleo correspondía íntegramente al Estado en una forma que limitaba la entrada de capitales privados y la inversión extranjera en el sector y que con ese propósito serán cambiados. No me cabe la menor duda de que las condiciones para atraer capitales serán impuestas por los grandes consorcios petroleros y no por los legisladores, quienes cuidarán que la tajada de sus utilidades sea ventajosamente conveniente y mínima la carga tributaria. Vienen a hacer negocios y no obras de caridad. Calculo que las utilidades que se pacten serán desproporcionadamente mayores en los lugares en los que el petróleo se extraiga de las profundidades del mar -por los riesgos que la inversión implica- que las que se obtengan en lugares de fácil acceso. Negociar todos y cada uno de los detalles de la reforma requiere de una enorme dosis de entreguismo pues habrá que satisfacer las ambiciones de los grandes capitales, la que una vez aprobada no tendrá marcha atrás. La reforma constitucional es sólo la puerta de entrada a este productivo negocio. La ley secundaria será el instrumento que se confeccionará a la medida de las exigencias de las empresas que usufructúen el petróleo.
El gobierno de Peña Nieto cuenta con los votos de los senadores y diputados del PAN, PRI, Verde y PANAL, y no dudo que hasta de algunos de la izquierda, así como con el de las legislaturas de todos los estados que le garantizan que su iniciativa pasará sin mayores complicaciones, y con la que se formalizará el mayor atraco de nuestra historia que ésta y las siguientes generaciones habrán de lamentar. La información mentirosa del gobierno que nos quiere hacer creer que el país se colapsaría si no se aprueba la reforma; la profusa y profesional difusión de la iniciativa presidencial en la que todo son bondades y aciertos; la falta de espacios para que opinen los críticos y opositores; así como la facilidad con la que la mayoría de la población se deja manipular, les permitiría darse el lujo hasta de convocar a un plebiscito con la seguridad de que la reforma energética y eléctrica serían aprobadas por un amplio consenso que le darían legitimidad popular.
La mayoría de los mexicanos ignoran o no se acuerdan de la larga lista de bienes del estado que pasaron a manos de particulares con los que se enriquecieron y empobrecieron a la nación. La historia de corrupción y abusos que prevaleció en esas transacciones son razones más que suficientes para rechazar la reforma. No le tenemos confianza a sus promotores y menos al que ostenta el cargo de titular del Poder Ejecutivo. ¿Acaso nos beneficiamos los mexicanos con la privatización de los ferrocarriles? ¿Quién ganó con la venta de Teléfonos de México? ¿Se redujo la usura ahora que la mayoría de los bancos son propiedad de extranjeros?
Que no nos quepa la menor duda de que las fortunas de las grandes compañías petroleras y de los magnates mexicanos, vinculados al poder, que participen en esta apertura se verán brutalmente incrementadas. Bien o mal, PEMEX funciona, es la que nos saca de apuros, tan es así que contribuye con más de una tercera parte del gasto público. ¿Qué ocurriría con esta empresa si desapareciera la corrupción o por lo menos se redujera de manera sustancial y fuera bien administrada? Estos son los objetivos por los que debemos pelear. La soberanía de la nación depende en gran medida de la suerte de PEMEX.
Andrés Manuel López Obrador, fiel a su vocación pacifista y a su sentido de responsabilidad, no expondrá a los miles de mexicanos que lo siguen a tomar instalaciones petroleras y eléctricas, bloquear caminos y carreteras, ni a correr otros riesgos en los que la población pudiera ser violentamente reprimida. Existen métodos gandhianos mucho más efectivos para detener la reforma, como la desobediencia civil, la resistencia pacífica, la disposición a asumir sacrificios, las marchas y la presencia de la oposición en los eventos gubernamentales que serían multitudinariamente apoyadas ahora que se incremente el IVA y se graven alimentos y medicinas; pues sólo con más impuestos se podrá cubrir el déficit financiero que originaría la desaparición de una buena parte de las contribuciones que PEMEX aporta ahora al erario público.
López Obrador, a pesar del enorme desgaste que ha sufrido, es el único dirigente político que tiene poder de convocatoria, calidad moral y credibilidad para encabezar la lucha en contra del despojo del principal patrimonio de la nación. El gobierno y sus voceros pretenden minimizar los alcances de un personaje que tiene el poder de revertir sus pretensiones y exhibir a los colaboracionistas y farsantes.
