Obsesión por el poder
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
El alcalde Mario García Valdez no ha medido las consecuencias de la censura ciudadana que ha provocado la promoción abusiva y falsa de su imagen en los medios de comunicación y otros sitios en los que aparece presumiendo logros inexistentes con motivo de su primer informe de gobierno, y que en los últimos días se han intensificado con la inserción de testimonios zalameros de personas vinculadas a intereses municipales que se pagan con recursos públicos hasta alcanzar niveles de hartazgo entre la población, sin que el Consejo Estatal Electoral sancione esas conductas y ordene el retiro de la propaganda pues nadie podrá negar que se trata de actos anticipados de una campaña electoral que se avecina y que están prohibidos por la Ley. Por omisiones como éstas y por su dependencia con el gobernador del estado se justifica plenamente que desaparezca el organismo estatal responsable de los procesos electorales y sea reemplazado por el Instituto Nacional de Elecciones como se está gestando.
Tampoco le importa violar -una y otra vez- el artículo 134 de la Constitución General de la República que prohíbe expresamente que la propaganda gubernamental incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público; como también lo tiene sin cuidado ocupar espacios acreditados por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para exhibirse como los tres espectaculares que se localizan frente al teatro universitario bicentenario. Su actitud triunfalista y mentirosa anula cualquier mérito que pudiera tener su administración. Su incontinencia por alcanzar la candidatura de su partido a la gubernatura del estado no le permite entender que los potosinos no son tontos y que la ciudad de San Luis Potosí está muy lejos de ubicarse como la «Tercera Mejor Ciudad Americana del Futuro», por más que lo diga un medio como el Financial Times o que estamos considerados, según el Banco Mundial, entre las cinco mejores metrópolis de México, cuando los baches, pobreza, inseguridad y deficiencia de los servicios municipales lo contradicen rotundamente.
Los regidores panistas han tenido una actitud digna al señalar oportunamente las anomalías en el manejo de los fondos públicos que se le confían como el apoyo a familias de bajos recursos que se reparte con fines proselitistas, o como el anuncio de que no hay obras y que diversas líneas de acción que se presumen son meros proyectos como el Parque Puro Potosino, el Rastro TIF, el cementerio de Milpillas, la ventanilla única, la sistematización de trámites, las ciclopistas y la implementación de diversas acciones anunciadas relacionadas con la tecnología de la información.
No se le ha dado sustento jurídico al Monitor Ciudadano de Buen Gobierno, conformado por personas afines a su proyecto político, que vino a sustituir al Observatorio Ciudadano de Transparencia que nunca operó y que presidiría el doctor José de Jesús Macías Mendoza. Ninguna explicación merecieron esos cambios ni los más de once meses que tardó en formalizar su compromiso, como tampoco justificó la exclusión del prestigiado médico en la dirección de ese organismo.
Si el alcalde no se dejara ningunear por Horacio Sánchez Unzueta, director del fideicomiso y responsable del Proyecto para la Rehabilitación y Conservación del Centro Histórico, gestionaría que los recursos de las obras de rehabilitación de la calle de Arista se destinaran a concluir las obras de la Alameda, así como a reparar los estragos de la avenida Universidad. Es inaceptable desviar tanto dinero a un remiendo innecesario cuando existen calles intransitables en el corazón de la ciudad, y menos esperarse para reanudar las obras a que un tribunal resuelva dentro de varios años el litigio que se presentó en contra del constructor al que se le asignó el trabajo. Hay suspicacias de que el alcalde negoció el crédito fiscal de más de 100 millones de pesos que Telmex le adeuda al municipio por los espacios publicitarios en las casetas telefónicas, pues no ha informado del estado que guarda el expediente, ni tampoco ha hecho gestiones para cobrarle a la empresa de Carlos Slim los impuestos que se han generado por este concepto en los últimos ejercicios y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró válidos. No quisiera ni imaginarme que la contraprestación que negoció para ya no insistir en el cobro haya sido a cambio del servicio de su red en plazas y espacios públicos para concretar su proyecto de Ciudad Digital al que sólo los clientes de Prodigy podrían acceder.
El municipio no tendría autoridad moral para incrementar ningún impuesto, como pretende, si antes no cobra esos adeudos y reabre aquel asunto que denunciamos el 18 de diciembre de 2011, en el que dos empresas recuperaron por un poco más de 8 millones 211 mil pesos varias superficies de terreno que sumaban más de 263 mil metros cuadrados, que habían donado al municipio y que estarían destinadas a obras de equipamiento urbano, ubicadas dentro del Interpuerto Parque Logístico y en el fraccionamiento Parque Logístico II de esta capital, cuando su valor podría alcanzar los 80 millones de pesos. El ilícito no aparece en la denuncia que el auditor Héctor Mayorga presentó a la PGJE, con motivo de las irregularidades que observó de la cuenta pública municipal del 2011, no obstante que la negociación era nula de pleno derecho porque las superficies negociadas excedieron 526 veces el límite permitido por la Ley y el precio lo determinaron arbitrariamente porque no exigieron los dos avalúos que debían reflejar el valor real de los inmuebles.
Tendría también que eliminar partidas presupuestales ofensivas como las que destina a los medios de comunicación para que hablen bien de él. Reducir las remuneraciones del cabildo y funcionarios, congelar salarios y sólo permitir la sustitución de una de cada diez bajas de trabajadores que se produzcan, entre otras medidas de austeridad y recortes del gasto público, porque todos sabemos que su situación financiera es insostenible y hasta a punto de la quiebra.
