Un castigo al derroche
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Poco convincentes han sido los argumentos que ha hecho valer el ex gobernador Marcelo de los Santos para defenderse de las acusaciones en las que se ha visto envuelto. Creo que la animadversión de la que goza entre la mayoría de los potosinos no se combate con explicaciones insustanciales que se han difundido profusamente en los principales medios de comunicación y menos con un desplegado que no aporta mayor información ni hace referencia a pruebas documentales con las que se puedan desvanecer los señalamientos. Se trata de un escrito tendencioso, emocional y con graves errores que le restan credibilidad al texto y que seguramente pocas personas leyeron. Creo que le hubiera ido mejor haberse quedado callado y aguantar los ramalazos del castigo hasta que pasara la tempestad. No creo que le preocupe mayor cosa que se ponga -una vez más- en tela de juicio su prestigio y honorabilidad que muchos le reconocen, como tampoco le debe angustiar que alguna autoridad pueda hacer efectiva la sanción económica que le aplicaron. La percepción ciudadana a su administración está asociada al dispendio que la caracterizó y que quedó consagrada en aquella arrogante declaración -que todavía retumba en nuestros oídos- cuando presumió que «se gastará, lo que se tenga que gastar». Su desempeño lesivo a los intereses del estado, el derroche y la irracionalidad con la que administró las finanzas que se le confiaron tienen ahora sus consecuencias.
Son muchos los ejemplos del despilfarro que lo obligaron a pedir prestado y que desde los primeros años de su administración se le criticaron, entre los que podemos citar los siguientes: favoreció a Televisa con pagos injustificados, por no ser prioritarios, en publicidad, en eventos como Nuestra Belleza 2004 y Espacio 2005. Sólo en el 2006 le entregó al Club de Fútbol, propiedad de esa empresa, más de 53 millones de pesos. La inversión multimillonaria que destinó al fallido proyecto de Ciudad Satélite. Los gastos en la remodelación suntuosa de la Casa de Gobierno y varias de las oficinas de gobierno. Los viajes internacionales, como dos en los que visitó España, Francia y Alemania, que costaron 3 millones 400 mil pesos, acompañado de un séquito de empresarios gorrones a quienes les pagaba los cortes de pelo y hasta los cigarrillos que se fumaban se iban acumulando a la bomba que finalmente tronó. Además de dispendioso, fue un gobierno botarate capaz de deshacerse del patrimonio estatal, como ocurrió con el caso de la súper carreteras San Luis – Rioverde y la de Villa de Reyes, que prácticamente regaló al grupo Coinsan. En sus últimos tres años, su capacidad de derroche y dispendio lo llevaron a la construcción de obras faraónicas, que ahora son un fracaso, entre las que destaca el Centro de Convenciones en el que invirtió más de 700 millones de pesos.
Poco queda del brillo de aquel gobernador que hizo exclamar al diputado priista Manuel Medellín: «Que bien se ve señor gobernador en esa tribuna», cuando compareció ante la LVII Legislatura con motivo de su primer informe de gobierno. En aquella ocasión aceptó el reto de presentarse ante el Pleno del Congreso y responder a todos las preguntas que se le quisieran formular sin necesidad de apuntes ni asesores, aunque con la enorme ventaja de que los diputados no teníamos derecho de réplica y nuestro tiempo para cuestionarlo era sumamente breve, en cambio, el suyo, no tenía límites. Ahora se le escucha abatido y sin ingenio para discurrir e improvisar; confundiendo la Auditoría Superior del Estado con la Contraloría del Estado; la Ley de Deuda Pública con la de Obra Pública, la imparcialidad del procedimiento con la parcialidad de la Contraloría que es la Institución de la que se queja y dividiendo arbitrariamente en tres partes iguales el destino que se le dio a ese crédito. No convencen sus explicaciones y menos cuando advierte que la inhabilitación para ejercer cargos públicos responde a un revanchismo político y al miedo que le tienen para que pueda contender como candidato de su partido a la presidencia municipal en el 2015.
El gobierno del doctor Fernando Toranzo tampoco ha sido explícito en sus acusaciones. El contralor no tiene capacidad para explicar las conclusiones de su trabajo. En la última entrevista que le concedió a Carmen Aristegui confundió y exasperó a la periodista con sus desordenes expositivos y la falta de claridad en su sintaxis, y a los radioescuchas los hizo bolas con los números y conceptos que manejó. Creo que nadie le entendió. El contralor tiene que justificar que ni un sólo peso de los 1,500 millones de los asegura que dispuso el ex gobernador se aplicó correctamente y en este caso señalar y probar en qué lo gastó. Su resolución tenía que haberla acompañado de una relación detallada de cada uno de los conceptos, montos y beneficiarios con los que se agotó el crédito. Tampoco ha respondido puntualmente a las acusaciones que el panista le ha dirigido al gobernador, quien ha reconocido, una y otra vez, que desvió recursos por 500 millones de pesos, pero que no se robó un centavo. Su conducta se puede tipificar como una acción delictiva por el ejercicio indebido de la función pública, aunque no me queda claro por qué acepta la responsabilidad jurídica en este asunto, la política la tiene, si él no era el funcionario encargado de manejar el dinero.
Las investigaciones que hemos realizado nos permiten concluir que el gobierno de Marcelo de los Santos desvió la mayor parte del importe del crédito para cubrir los agujeros que su administración hizo al disponer indebidamente de aguinaldos, pensiones, fondos de ahorro y otros recursos etiquetados, y que solo le dejó a su sucesor 25 millones 530 mil pesos en un fideicomiso para garantizar el pago de dos amortizaciones mensuales de capital e intereses del crédito que se le otorgó; pero falta que el auditor superior del estado, Héctor Mayorga, diga la última palabra. Seguramente que su dictamen vendrá a favor del gobierno de Toranzo con el que ha sido más que obsequioso con sus cuentas públicas que han salido limpiecitas.
