Los magos de las finanzas

Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE

Quiero creer por un momento que la mayoría de los miembros del cabildo municipal son personas honestas y bien intencionadas, y que bajo ningún motivo antepondrían sus intereses políticos o personales al bienestar de los ciudadanos y de la institución que representan, pero que poco o nada les interesa investigar y asesorarse cuando tienen que valorar y votar una propuesta sobre una materia que desconocen, por lo que pueden ser fácilmente engañados.

El 23 de octubre pasado se celebró una sesión extraordinaria de cabildo en la que abundaron los elogios y reconocimientos al alcalde y su equipo financiero por el «talento y creatividad» con el que se han conducido en esta crisis, y en la que como único punto del orden del día se trató un dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda que el tesorero municipal Jesús José Bolaños Guangorena armó en unos cuantos días para contratar un crédito hasta por 487 millones de pesos que se destinaría, una parte, para reestructurar la deuda pública que por 187 millones heredaron de la administración de Jorge Lozano Armengol; y 300 millones para «atender la actual situación de emergencia financiera a través de la renegociación de los contratos de crédito de corto plazo» que contrajo el gobierno de Mario García Valdés, al siguiente mes de asumir el cargo.

En el primer caso sería la segunda reestructura que sufriría el crédito del panista, pues la primera se negoció durante el trienio de Victoria Labastida. Con esta medida se pretende mandar a las siguientes seis administraciones (20 años) el compromiso de pagar el capital insoluto. En los primeros años sólo se cubrirían intereses. No hay que perder de vista que el negocio de los bancos consiste en tener colocado su dinero y cobrar los intereses más altos que el apremio económico del deudor les permita, y más cuando la deuda está garantizada con las participaciones federales del ramo 28 como fuente de pago, a través de un fideicomiso irrevocable que no le permite al municipio ni oler el dinero que le hace llegar el gobierno federal para sufragar sus gastos. Lo que menos les gusta a los banqueros, en estas condiciones, es que les devuelvan el capital prestado. La publicidad municipal no reparó en torpes justificaciones para que los potosinos aprobaran el préstamo pues se comprometió -poniendo en tela de juicio su honestidad- a que el banco le pagaría directamente a los acreedores como una medida de seguridad para que no se desviara el dinero.

El dictamen que aprobaron los integrantes de la Comisión de Hacienda -primer filtro- y que inmediatamente después pasó al pleno del cabildo -segundo filtro- es muy deficiente porque no se analizaron otras opciones con las que se podían cubrir los pasivos, como sería la de cobrarle a Telmex su adeudo, celebrar otra subasta de bienes inmuebles -ésta sin tranzas- o cobrarle el impuesto municipal de plusvalía a los dueños de todos aquellos predios que se han beneficiado por la realización de obras públicas levantadas con recursos municipales, empezando por los ubicados sobre la avenida Himalaya que usufructúan una de las mejores vialidades de la ciudad; como tampoco se analizó la partida presupuestal que actualmente se destina a cubrir el servicio de la deuda pública, ni el impacta que provoca en las finanzas municipales. Ni siquiera se cálculo lo que se tendrá que desembolsar bajo el nuevo esquema que se solicita. Simple y sencillamente se autorizó la reestructura sin otro argumento que el de negociar un crédito en las mejores condiciones posibles en cuanto al plazo y tasa de interés que beneficien la liberación de flujos a la hacienda pública municipal. A pesar de todo, esta parte del empréstito cumple con los requisitos que señala la Ley de Deuda Pública.

La segunda parte de la deuda, la de 300 millones de pesos, viola disposiciones expresas de la ley de la materia y, por lo tanto, el Congreso del Estado -tercero y último filtro- debe rechazarla porque los créditos de corto plazo como el que se pretende pagar con los recursos que se solicitan no pueden consolidarse y constituirse como deuda pública a largo plazo. Es un engaño del tamaño del universo que se autorice al municipio a contratar endeudamiento, supuestamente destinado a inversiones públicas productivas, cuando a este concepto se le quiere dar una interpretación dolosamente equivocada para justificar la operación porque los pasivos se originaron para solventar necesidades temporales de flujo de caja al haberse excedido en el gasto corriente, que si bien tenían al municipio en una situación de crisis o emergencia financiera, la Ley de Deuda Pública se refiere a las que atiendan situaciones de emergencia y desastres naturales. De esta manera se crearía un peligroso antecedente pues cada vez que se le complicaran los pagos a algún municipio podría solicitar un crédito destinado a pagar pasivos argumentando que se atiende una situación de emergencia financiera y que para estos efectos debe interpretarse como una inversión pública productiva. Algo parecido a los razonamientos que utiliza el ex gobernador Marcelo de los Santos para justificar una parte del desvío de recursos de que se le acusa y que ahora lo tienen sentado en el banquillo de los acusados.

El Congreso del Estado debe observar que el municipio no tiene capacidad de endeudamiento para contraer un crédito por el monto que solicita porque se excede del 20% de los ingresos autorizados en el presupuesto de ingresos del 2014, que de acuerdo a la última sesión de cabildo se calculan en 2 mil 40 millones de pesos; 277 millones menos que lo que se presupuestó en el 2013. Sería muy conveniente que el tesorero nos explicara las razones de este pronunciado declive que deben provocar escozor en el banco en el que se negocia el empréstito porque si lo otorgan serían cómplices de un ilícito. Sólo los magos de las finanzas saben cómo le hará el municipio para avalar una serie de obligaciones que se le vienen encima y que para efectos de esta Ley se convierten en deuda pública, o con qué le pagará a los proveedores y acreedores a los que les adeuda más de 500 millones de pesos, si ya no tiene margen de maniobra para pedir prestado.