LA HIJA DEL REY
Por Eduardo Martínez Benavente
Sentar a la hija del Rey de España en el banquillo de los acusados por su presunta participación en la comisión de una serie de delitos es un hecho singular y memorable que honra y le da credibilidad a la justicia española, fortalece su sistema democrático y es un ejemplo a seguir por otros países, como México, en el que sólo a los políticos en desgracia se les juzga y castiga, no obstante las evidencias de la enorme corrupción y enriquecimiento ilícito en el que éstos y sus familiares se ven implicados.
El caso Iñaki Urdangarin, que retiene la atención de los españoles, ahora mejor conocido como el de la infanta Cristina de Borbón, se centra en un fraude fiscal y blanqueo de capitales, en el que ésta, junto con su marido, participa como condueña en una sociedad vinculada a otras en la que se exhiben actividades ilícitas de la pareja, así como una serie de correos que balconean sus gastos y gustos personales. Todavía no se puede medir el daño que provocará en la Casa del Rey si se prueba la culpabilidad de su descendiente. Una sociedad vapuleada por la crisis, con 5 millones de parados y desencantada de sus gobernantes, espera con ansiedad que caiga la guillotina y rueda la cabeza de la princesa. El solo hecho de que la justicia haya fincado una sospecha formal sobre una integrante de la casa real constituye un golpe devastador para la imagen de la institución monárquica española, sometida a un pronunciado desgaste y a una pérdida de simpatías y popularidad entre la sociedad.
Los escándalos y frivolidades de la nobleza motivan entre la mayoría de las personas una morbosa y fascinante curiosidad, por lo que cualquier chisme, desgracia o evento social que les ocurra es noticia universal, por más obsoletas y disfuncionales que para muchos parezcan las monarquías. Pero en esta ocasión se trata de un evento extraordinario por la imputación de un delito a un miembro de la descendencia directa del Rey, hasta ahora intocable, quienes según el juez de la causa «Están llamados a observar un especial cuidado para no situarse en órbitas comprometedoras».
La historia comienza en febrero de 2006, cuando un diputado socialista del Parlamento Balear, Antonio Diéguez, observa un pago irregular por 1 millón 200 mil euros en un convenio sin concurso público para organizar en 2005 un Fórum que duró un fin de semana, adjudicado directamente a dos empresas dependientes del Govern balear, y al Instituto Nóos, una sociedad en la que descubre que es presidida por el yerno del Rey; lo que lo anima a denunciar el hallazgo en una concurrida rueda de prensa a la que asiste la dirigencia de su partido. La acusación causa revuelo en La Moncloa y los asesores de la Corona le piden a Urdangarín que se retire a vivir lejos de España, en Washington, en donde se incorpora como ejecutivo de una empresa telefónica. El consorte de la infanta había iniciado sus actividades privadas en el mundo del marketing deportivo y la imagen hacia 2003 junto a un tal Diego Torres, quien fuera profesor en una prestigiosa escuela de negocios donde el duque de Palma obtuvo la titulación que le faltaba, un máster en Administración de Empresas. A partir de esa fecha, Urdangarin preside exitosamente el Instituto Nóos, una consultora creada en 1999 por Torres, donde los clientes son atraídos por un personaje con un perfil envidiable: deportista, medallista olímpico, guapo, elegante, noble y candidato a ejercer la presidencia del Comité Olímpico Español.
Los socialistas llegan al poder y exhiben los dispendios sin control de la administración anterior. Cuatro años después, el juez abre el expediente número 25 del sumario de corrupción y tráfico de influencias de que se les acusa, orientado a investigar los pagos del Govern al Instituto Nóos. A pesar de que el fiscal general del Estado intenta abortar la investigación, una maniobra del juez José Castro lo impide. Urdangarin creía que estaba blindado. Nadie más había vuelto a preguntar por él, y de Diego Torres no quería saber nada. El abogado de éste se presenta ante el juez y aporta información comprometedora porque cree que es mejor cooperar y enfrentar la situación. En los ordenadores que entrega hay material explícito sobre la vida privada, gastos y actividades del yerno del Rey como socio y gestor de varias empresas relacionadas con el Instituto Nóos, sin fines de lucro, aunque las ganancias no las puede ocultar porque al año de crear la sociedad compra una lujosa mansión en Barcelona, valorada en seis millones de euros.
Urdangarín para eludir las acusaciones que pesan en su contra establece una estrategia equivocada pues responsabiliza de todo a Diego Torres y su esposa, quienes ya han sido interrogados por el juez Castro e imputados como presuntos delincuentes. En el discurso navideño del 2011, Juan Carlos I afirma que “la justicia es igual para todos”. Y sus asesores hacen públicas por vez primera los ingresos y egresos de la Casa del Rey, y aclaran que el yerno nunca ha recibido dinero de la Corona. Un día después, la pieza 25 del sumario deja de ser secreta y el cónyuge de la infanta también es imputado. El intento de aislarlo dejó de funcionar. En abril del 2013 se detectan varios correos electrónicos en los que se demuestra que el duque es parte activa de cuanto sucede en Nóos y sus sociedades, y que la Infanta es socia y está enterada de sus actividades. Desde entonces, la investigación se centra de forma exclusiva en las finanzas de la Infanta, quien se retira a Suiza con su esposo e hijos para escapar del escarnio público.
El juez José Castro ha citado a la primera infanta con título universitario y octava en la línea de sucesión como imputada para el 8 de marzo próximo, para ser interrogada sobre los supuestos delitos fiscales y de blanqueo de capitales en que “hubiera podido incurrir a raíz de su participación en la entidad Aizoon pues llevaron a cabo un reparto fáctico, fiscalmente opaco, de dividendos sobre la base de la disposición de fondos de esa sociedad para atender gastos personales». Esa entidad es una empresa privada propiedad a partes iguales de Urdangarin y su mujer a la que fueron a parar muchos de los fondos que supuestamente obtuvo el marido de la infanta de manera ilícita. De esos fondos se aprovechó no sólo Urdangarín sino también la hija del Rey.