Fiscalización fallida
Por Eduardo Martínez Benavente
No es lo mismo fijar o determinar sanciones que hacerlas efectivas. El contador Héctor Mayorga en su campaña proselitista para reelegirse como auditor superior del estado y para demostrar que no era ningún «barco» tuvo el descaro de presumir que el organismo a su cargo había impuesto multas que alcanzaban los 70 millones de pesos y que gran parte de ese recurso se había «integrado» (sic) a los municipios o entes que resultaron dañados por las malas administraciones. El boletín de prensa que hizo circular a mediados de enero no detallaba los nombres y cargos de los funcionarios sancionados ni los montos reintegrados a cada uno de los municipios como parte de los resarcimientos a que hacía referencia, por lo que le solicitamos a la Auditoría Superior del Estado (ASE) mayor información que nos fue proporcionada el 13 de febrero y con la que pudimos concluir que Mayorga engañó a la opinión pública pues el documento que nos entregaron en una foja simple denominado «Auxiliar por Cuentas de Registro» sólo reporta un ridículo ingreso de 38 mil 196 pesos por concepto de resarcimientos cobrados en efectivo a varios funcionarios de algunos de los municipios más pobres del estado.
Ante la evidente inoperancia del organismo fiscalizador y ante la indolencia y corrupción que lo caracteriza no podemos esperar que vaya a sancionar a los responsables que han incurrido en graves ilícitos, como son los que desviaron una buena parte del préstamo de los 1,500 millones de pesos, los que se enriquecieron a través de maquinaciones fraudulentas durante la administración de Victoria Labastida y los que han dispuesto arbitrariamente de los ingresos y egresos del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, como si tratara de un negocio propio, y que han sido exhibidos en los pliegos de observaciones por los auditores que revisaron sus cuentas con el propósito de evitar que sus superiores las vayan a negociar y queden reducidas a nimiedades. Poco o nada se puede esperar del nuevo auditor, José de Jesús Martínez Loredo, pues con los compromisos que asumió para ocupar el cargo, no nos extrañaría que se convirtiera en otro garante de la impunidad y corrupción de la clase política.
La ASE anexó a nuestra solicitud una relación de inmuebles adjudicadosen pago por diversos créditos fiscales a favor de 5 municipios afectados que resultó en otro embuste, pues sólo uno, el ubicado en la cabecera municipal de Rioverde fue adjudicado en remate, sin señalar el valor que reportó el avalúo que se tenía que haber practicado. Otros 5 predios, sin necesidad de llegar al remate, se dieron en pago por los presidentes municipales Fausto Izar Charre, de Rioverde, para cubrir un adeudo de la cuenta pública del 2004 por 853 mil 313 pesos; Filemón Pérez Martínez, de Guadalcazar, por 226 mil 983 pesos, correspondiente a la cuenta pública del 2003; Agustín Jaime Rivera Rivera de Tamazunchale, correspondiente a la cuenta pública del 2003, por 933 mil 884 pesos; Edgard Hurtado Migrán, de Coxcatlán por 110 mil 308 pesos, por la cuenta del 2005 y Juan Carlos Cruz Viggiano, de Xilitla, por 180 mil 971 pesos, correspondiente a la también lejanísima cuenta pública del 2003. En todos estos casos tuvo que transcurrir una década para hacer efectivas las multas e indemnizaciones. Dudo mucho que el valor real de esos inmuebles haya alcanzado a cubrir el monto de los adeudos reclamados.
Por otro lado, las multas deben ser proporcionales al daño causado y al monto del patrimonio del funcionario sancionado, pues no se vale engañar a la ciudadanía anunciando sanciones descomunales e impagables como las que la Contraloría General del Estado le impuso a Marcelo de los Santos por casi 8 mil millones de pesos; o a su ex vocera, María Luisa Paulín, por 142 millones.
Se le pidió a la ASE la lista de los servidores públicos sancionados en la que fuera posible consultar el monto de la multa o indemnización impuesta y lo que se había recuperado en cada uno de esos casos. Nos entregaron una larga lista defuncionarios municipales sancionados en la que se advierte que sólo unos cuantos han pagado los créditos que se les reclaman. Para nuestra sorpresa, en el listado de 53 hojas, no aparece un sólo funcionario del gobierno del estado. Entre los sancionados está Jacobo Payán, ex presidente concejal, con una ridícula multa de 30 mil 277 pesos que no ha cubierto y que ni remotamente corresponde a los abusos en que incurrió; el diputado Fernando Pérez Espinosa con una multa de 3 mil 308 pesos, impuesta por la Cegaip, por no haberle entregado a un peticionario la información que le solicitó cuando se desempeñaba como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. A María Luisa Paulín, por el mismo motivo, le aplicaron una multa de 28 mil 400 pesos que le cobraron con lujo de violencia. Sin revelar el nombre de los funcionarios sancionados y sólo haciendo referencia al municipio que pertenecen, destacan los de Ciudad del Maíz con sanciones que suman 17 millones 495 mil pesos; los de Axtla de Terrazas con 13 millones 377 mil pesos y los de San Antonio con 5 millones 564 mil pesos, que sabe la ASE que nunca se los van a pagar. Al ex presidente municipal Octavio Pedroza le fue mejor, pues sólo recibió una amonestación privada que ahora hacemos pública. Los nombres de los demás responsables, cargos y sanciones aplicadas se pueden consultar en el portal de Proyecto Tábano.
Con estos cuantos ejemplos podemos concluir que el sistema de imposición de sanciones que aplica la ASE es un completo y rotundo fracaso, y más el procedimiento coactivo administrativo para hacerlas efectivas. Se tiene que legislar y establecer otras medidas para evitar el peculado, el desvío de recursos y demás ilícitos en que incurren ordinariamente los funcionarios públicos, como serían la fiscalización permanente por parte del organismo revisor de los ingresos y egresos de todos los entes públicos; la capacitación de los que manejan dinero. La intervención de las tesorerías ante la menor sospecha o inobservancia a sus recomendaciones. La obligación de otorgar fianzas para garantizar el manejo de los fondos públicos. La facultad de poder embargar preventivamente los bienes de los funcionarios señalados como presuntos responsables, entre otras muchas medidas.
