El linchamiento
Por Eduardo Martínez Benavente
Es tan delicada la situación que vive la iglesia católica en San Luis Potosí que ya no le interesa rescatar al presbítero Eduardo Córdoba Bautista del linchamiento al que ha sido sometido. Hoy, su principal preocupación es salvar el prestigio del arzobispo Carlos Cabrero Romero y el de sus antecesores por los enredos y mentiras en que ha incurrido la arquidiócesis potosina que desde la perspectiva de muchos creyentes y no creyentes se comportó como una encubridora del presunto pederasta. El escándalo se les ha complicado enormemente, no dudo que lo conozca el Papa ahora que los dirigentes del clero mexicano se encuentran en Roma, y alcanza ya dimensiones nacionales y hasta internacionales con ingredientes novedosos que se le suman todos los días. Haga lo que haga, diga lo que diga, la sociedad potosina ha declarado culpable al padre Córdoba, y creo que nadie, ni el mismo inculpado que es abogado saldrán en su defensa. Se anuncia que en los próximos días se acumularán otras denuncias de padres de familia de la Colonia El Paseo que aseguran que sus hijos también fueron víctimas de su reprobable conducta. Está acabado y nadie conoce su paradero.
Después de una serie de declaraciones muy desafortunadas, la arquidiócesis potosina no tuvo más remedio que sacrificarlo ante la enorme presión social y mediática que se ha ejercido, y en un hecho inédito, presentar una denuncia penal en su contra ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por los delitos que resulten; de lo que nos enteramos los potosinos este jueves en el espacio televiso de Carmen Aristegui en CNN, por voz del rijoso abogado Armando Martínez Gómez, presidente del Colegio de Abogados Católicos de México y apoderado legal del arzobispado, quien en esta ocasión se comportó ecuánime y colaborador con la periodista que el vocero eclesial Juan Jesús Priego había calificado hace apenas unas semanas de «sensacionalista», cuando aseguraba que el sacerdote era inocente.
La crisis por la que atraviesa la arquidiócesis potosina es más seria a la que hace poco sufrió por la inculpación de un sacerdote en la violación y muerte de una adolescente dentro de las instalaciones del colegio salesiano, pues en ese caso, muchísimo más grave que este, no había la certeza de su autoría y el acusado no estaba vinculado al alto clero que también lo defendió, y a quien finalmente no se le pudo comprobar el delito, ordenándose su liberación, no obstante los indicios y señalamientos de su presunta culpabilidad.
Tan distinta que hubiera sido la reacción de la sociedad potosina si desde un principio la Iglesia hubiera aceptado lo que el comunicado oficial del pasado lunes trata de explicar en el sentido de que el 28 de noviembre del 2008, antes de que don Carlos Cabrero asumiera el cargo de máxima autoridad religiosa, el sacerdote Eduardo Córdova Bautista fue declarado “no culpable” de los delitos de abuso sexual que se le atribuían, por el Tribunal de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, que es la instancia a la que según el Derecho Canónico le corresponde conocer y enviar el expediente al Vaticano en caso de encontrar elementos para procesarlo, o bien, ordenar su archivo o sobreseimiento por falta de pruebas, que es lo que finalmente ocurrió; pero que tan pronto como llegó a San Luis, el 16 de mayo de 2012, recibió nuevas denuncias en contra del presbítero, con las que «se crearon las condiciones jurídicas y procesales para comprobar el fundamento de los hechos alegados y así fue convenientemente comunicado al Dicasterio competente de la Santa Sede”, que es la instancia en la que se encuentra el expediente para su resolución. Don Carlos no puede regresar de Roma sin una resolución definitiva, aunque no me queda claro si ya la tiene porque su apoderado así lo dio a entender en la entrevista del jueves; de cualquier manera urge que regrese a su sede y pida perdón a las víctimas por haber permitido que un presunto pederasta frecuentara a menores de edad cuando él y sus antecesores conocían sus antecedentes y a la sociedad por los desaciertos en que incurrieron al tratar este caso.
Por conducto de su apoderado nos enteramos que el arzobispado entregó el jueves, a la (PGJE), la información relacionada con el menor que acusa al sacerdote de haber abusado de él en el 2012 en un hotel de la Ciudad de México, que es el caso que detonó el conflicto. No creo que la victima vaya a ratificar la denuncia si no hay de por medio una reparación económica que la complemente. El abogado aseguró que ya dieron a conocer la identidad del adolescente, pero no los hechos que ocurrieron. Lo más seguro es que este caso, como en casi todas las otras denuncias de pederastia que se presentan quede archivada para siempre en los cajones de la impunidad y el olvido.
Los obispos saben que el Papa Francisco ha ordenado que, ante un delito cometido por un religioso que abuse sexualmente de un menor de edad, la víctima, sus padres o las personas a las que les conste el ilícito deben denunciarlo ante el Obispo y éste ante las autoridades civiles y el Vaticano, una vez que haya escuchado al acusado y valorado la solidez de los hechos porque hay que tener en cuenta que ser señalado como infractor no quiere decir que es culpable.
Sólo alguien con las habilidades que caracterizan al padre Córdoba pudo haberse mantenido durante tantos años en el círculo de confianza y cercanía de los tres arzobispos que conviven con nosotros y a los que sirvió, no obstante que conocían las denuncias que por abusos sexuales pesaban en su contra. Seguramente que siempre los negó. Durante el gobierno de don Luis Morales Reyes, el Tribunal local de la Arquidiócesis reconoció su inocencia. Es muy probable que el arzobispo emérito haya calculado los daños que le causaría a la iglesia potosina un escándalo de esas dimensiones si se reconocía su conducta delictiva y prefirió encubrirlo, declarando el Tribunal local su inocencia. De esta manera la denuncia no se turnó a Roma y se le dio carpetazo. El actual arzobispo heredó el problema, aunque permitió que el presunto delincuente siguiera apareciendo públicamente con él y fungiendo como representante legal de la arquidiócesis. Sin embargo, actuó e integró el expediente, enviándolo a la Santa Sede para que decidiera la suerte del procesado y mientras tanto lo suspendió de sus actividades ministeriales y administrativas.
