Todo para la BMW
Por Eduardo Martínez Benavente
En solidaridad con el notario Gerardo Parra Dávalos, víctima de los excesos del poder.
Como lo habíamos previsto, el gobierno del doctor Fernando Toranzo bloqueó toda la información relacionada con el Convenio de Colaboración para el Desarrollo del Proyecto de la Planta Ensambladora de BMW en San Luis Potosí, firmado el pasado viernes 18 de julio, del que nos interesaba conocer el monto y condiciones de los incentivos y subsidios a los que se comprometen los tres niveles de gobierno y las obligaciones que asume la empresa para instalarse en la entidad.
El 12 de agosto se nos notificó un memorándum de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), en el que nos indica que la información requerida tiene el carácter dereservada y por lo tanto, no nos la puede entregar. Para combatir tal arbitrariedad presentamos el viernes, ante la CEGAIP, un recurso de queja para que le ordene al gobierno la revocación de los acuerdos de reserva y la entrega de la información solicitada. Resulta inaceptable que con argumentos falsos pretenda el gobierno de Toranzo anteponer las cláusulas de confidencialidad del contrato que suscribieron a la prohibición legal de que se establezcan y de que sí se llegaran a pactar se tendrán por no puestas. Se trata de una operación que compromete las finanzas públicas de ésta y de las siguientes administraciones, por un monto que puede alcanzar la suma de 3 mil millones de pesos, y que obligó al gobierno de Querétaro a abandonar la competencia. No se sabe qué porcentaje le corresponde aportar al gobierno del estado.
Argumenta el gobierno de Toranzo en su negativa que “al hacer público el contenido del Convenio, sus anexos y la carta de incentivos (…) se daría origen a la violación de lo declarado en algunas de sus cláusulas con la consecuente responsabilidad administrativa institucional que implica el mismo, pues así fue establecido en el Convenio Marco”.
En abono al derecho que nos asiste, como le asiste a cualquiera otra persona, para acceder a la información solicitada, cabe citar la Ley de Fomento Económico, que en su exposición de motivos señala: «Para conceder estímulos e incentivos se han fijado reglas claras que responden a la necesidad de revestirlas de plena seguridad jurídica, que garanticen que su otorgamiento, aplicación y cancelación, en su caso, se realicen conforme a las disposiciones de esta Ley y respetando los principios constitucionales que rigen la actividad del estado frente a los particulares. Las actividades para el fomento de la inversión tendiente a la promoción del desarrollo económico de la Entidad, requiere de recursos que, para un manejo más eficiente y transparente, se canalizarán al Fondo de Fomento Económico que constituirá y operará el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, con la participación que de conformidad con la legislación financiera del Estado le corresponde a la Secretaría de Finanzas».
El artículo 23 de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado establece que la asignación de recursos del Fondo para el Desarrollo Económico se integrará con el 20% del monto recaudado del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal; y en la Ley de Ingresos del 2014 se contempla una captación de 871 millones de pesos, por lo que la expectativa del Fondo es de un poco más de 174 millones. Insuficientes para cubrir las exigencias de la BMW, que dejará sin recursos al gobierno del estado para atender otras inversiones.
Celebramos el anuncio de la instalación de la BMW en San Luis Potosí, pero reprobamos el costo desmesurado que esto implica, el ocultamiento de la información y los ilícitos que rodean a la operación, como es la exención del pago del impuesto predial y otras contribuciones municipales que expresamente las prohíbe el artículo 114 de la Constitución del Estado; así como el fraude en que incurrieron los dueños del fraccionamiento en el que se asentará la empresa porque en los planos que les autorizaron no aparece la cesión del 15% de la superficie vendible que le corresponde al Municipio de Villa de Reyes.
El gobierno del estado argumenta que el daño que se causaría por transparentar la operación es probable porque la publicidad de la información que se solicita afectaría el proceso de formalización con la BMW SLP, de los demás actos jurídicos que aún están pendientes por realizar; igualmente, afectaría las negociaciones que está llevando a cabo con otras empresas, posibilitando diversas prácticas desleales en la atracción de la inversión y toma de decisiones, ya que las empresas prospectas o que actualmente están en pláticas con este gobierno, podrían exigir los mismos incentivos que se ofrecieron a los alemanes, cuando dichos apoyos varían según la empresa de que trate. El argumento representa la confesión de que se rompe con el principio de equidad en el acceso a los estímulos e incentivos a que los obliga la Ley de Fomento Económico y, en consecuencia, el daño probable que argumentan no es producto de las reglas claras que deben regir el fomento económico, sino de la violación a la Ley en que incurren y que, para el caso que nos ocupa, repercute en que el encubrimiento de sus faltas se traduce en un límite al derecho de acceso a la información pública.
Además de las reglas a que se hace referencia en la exposición de motivos, la Ley de Fomento Económico establece principios de equidad en el acceso a los estímulos e incentivos, por lo que resulta a todas luces improcedente cualquier reserva de información, dado que es una medida que rompe con toda posibilidad de un reparto equitativo de esos beneficios al abrir una vía de discrecionalidad en el otorgamiento de los mismos. Dejar al criterio de un funcionario la responsabilidad de fijar el monto de los estímulos y demás prestaciones -y no de la Ley- para que una empresa se instale en San Luis Potosí es un encargo demasiado riesgoso porque se presta a actos de corrupción en el estira y afloja de las negociaciones, y esto sí, desalienta las inversiones. ¡Hasta octubre!
