No le fue tan mal
A la memoria de don Julio Scherer García, la conciencia crítica de México.
Por Eduardo Martínez Benavante
Todavía no se pueden evaluar los daños causados por la aprehensión, exhibición y consignación del alcalde con licencia de Soledad de Graciano Sánchez, Ricardo Gallardo Cardona. Le pudo haber ido peor si le hubieran armado un expediente que lo vinculara con actividades del crimen organizado. Seguramente que no lo hicieron porque no le encontraron nada o lo que le tenían era demasiado endeble, no obstante que tuvieron más de dos años para investigar los graves señalamientos que existían sobre su persona, aunque el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República, Tomás Zerón de Lucio, aclaró que se siguen realizando investigaciones para determinar si hay nexos con el narcotráfico.
Hasta después de la jornada electoral del primer domingo de junio se sabrá quiénes fueron los que se beneficiaron y quiénes los que salieron perdiendo con la eliminación de los Gallardo, padre e hijo, del escenario político de San Luis Potosí, quienes a través de programas asistenciales, oficio político y millones de pesos pagados a los medios de comunicación se colocaron como punteros en las preferencias del electorado, lo que obligó al PRI -que regresó al poder con todas sus vicios y mañas- a cortarles las piernas para detenerlos, coludido en esta ocasión con lo más perverso y negociador del PRD. No tengo el más mínimo interés en defenderlos, pero creo que es justo señalar que en un país democrático no se vale utilizar el aparato de procuración de justicia para eliminar a los adversarios políticos. Se equivocó el gobierno de Peña Nieto, así como el PRD, si creían que con la remisión de un pez chico a un penal de máxima seguridad iban a ganar credibilidad y respeto, si antes no lo hacían con los grandes capos de la política nacional como Arturo Montiel, Humberto Moreira, Carlos Romero Deschamps y muchos otros que en verdad han agraviado a los mexicanos.
En la encuesta externa que se practicó el pasado mes de diciembre a solicitud del Partido Acción Nacional para definir a su candidato a la gubernatura del estado, y en la que participaron 1,200 encuestados distribuidos en toda la entidad, se llegó a un empate técnico en las preferencias electorales entre Alejandro Zapata por el PAN, Juan Manuel Carreras por el PRI y Ricardo Gallardo Cardona por el PRD. Hasta hace poco era impensable que algún candidato de la izquierda se colocara en esa posición. Como alcalde del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, el perredista Ricardo Gallardo Cardona obtenía a principios de diciembre pasado 75 puntos de opinión “buena y muy buena” entre los ciudadanos encuestados por la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica. La oposición en ese municipio estaba anulada. No existían contrapesos. El gasto en múltiples programas asistenciales y eventos musicales y deportivos hizo que comenzaran a circular rumores sobre el posible uso de dinero ilícito, con el cual pretendía hacerse de suficiente capital político para controlar el partido, como finalmente lo logró.
Fue desconcertante que en el espacio de preguntas y respuestas que abrió el titular de la (AIC) después de que explicó en una rueda de prensa los motivos del arresto del perredista, las dudas de los periodistas asistentes se hayan desviado a otros temas. Sólo uno le formuló una pregunta insustancial relacionada con el arresto. Todos creíamos que se trataba de otro golpe espectacular en contra del crimen organizado, si no de las dimensiones del de «Chapo» Guzmán, si por lo menos de uno que mereciera la atención y seguimiento de la opinión pública nacional, por lo que no descarto que se haya llegado a una negociación en la que los soledenses se retiran de cualquier actividad política a cambio de que la presunta responsabilidad que se le imputa al alcalde con licencia quede reducida a una operación con recursos de procedencia ilícita por 209 millones de pesos.
Se requiere de mayor información para saber quién tiene la razón en las posiciones encontradas entre la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP) y las de la Auditoría Superior del Estado, porque el titular del organismo fiscalizador potosino asegura que no falta nada por justificar en la cuenta pública de Ricardo Gallardo y que todo está en regla, no obstante que la SHCP detectó operaciones financieras con “montos inusuales” de transferencias bancarias y con dinero en efectivo superiores a los 209 millones de pesos “presumiblemente con origen ilícito, que eran trianguladas a través de diversas cuentas para esconder su origen y su destino”. Las transferencias se registraron desde octubre de 2012, cuando se inició la administración gallardista, hasta agosto del año pasado. En la cuenta pública del 2012 las observaciones financieras que señaló el auditor Héctor Mayorga apenas rebasaron los 2 millones de pesos. En el 2013 las observaciones financieras de la cuenta pública municipal alcanzaron los 40 millones de pesos, correspondiendo casi 17 millones de pesos a pagos de servicios médicos a la Clínica de Especialidades Wong, S. A. de C. V., que hasta junio del 2014 no se habían justificado con la documentación correspondiente.
Resulta muy extraño el monto de las triangulaciones que señala la SHCP y que éstos provengan de la hacienda municipal porque existe un contrato de prestación de servicios médicos y farmacia que celebró el municipio con la Clínica, el cual, según el ente auditado, se preste o no el servicio, la empresa debe facturar la cantidad de 70 millones 543 mil pesos anuales. Si en el 2014 se renovó el contrato por un valor similar al anterior, resulta difícil de entender cómo es que, además de pagar por la prestación de los servicios médicos, haya habido excedentes por 209 millones de pesos, que según Hacienda se transfirieron a 13 empresas en las que participa la familia Gallardo, a menos que se haya utilizado a esa clínica como instrumento para lavar dinero proveniente de otros ingresos. Es muy probable que al avicultor se le dicte el lunes un auto de formal prisión por haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita y alcance su libertad bajo fianza para seguir el juicio fuera de prisión, lo que implicaría la suspensión de sus derechos políticos y, por lo tanto, la cancelación de su participación como candidato para cualquier puesto de elección popular.
