Todo tiene un precio

Entre el 4 y el 18 de julio de 2014, los integrantes del cabildo de Villa de Reyes tuvieron que sesionar para atender una consigna inconstitucional derivada de un convenio al que no fueron invitados a suscribir y del que sólo supieron que, de no hacerlo como se les indicaba, serían responsable de obstruir la millonaria inversión de la BMW en territorio potosino: exentar al 100 por ciento del pago del impuesto predial a la armadora alemana por un periodo de diez años, y otorgarle otros descomunales e ilegales incentivos. Los firmantes del convenio pusieron como condición suspensiva la obligación del gobierno estatal de obtener del cabildo de Villa de Reyes “la autorización para otorgar dichos incentivos, y (ii) entregue directa o indirectamente a través de EL ESTADO a BMW una copia certificada del ACTA DE CABILDO DEL MUNICIPIO en el que consta dicha autorización dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de firma de EL CONVENIO”. La obligación de sometimiento a las exigencias alemanas por parte de actores ausentes en el documento fue reforzada en las cláusulas Décimo Segunda y Trigésima Novena, y representa una de las tantas muestras de que el convenio que se anunció como un gran logro tiene las características de una capitulación firmada de rodillas.

Aun así, podríamos considerar que a los negociadores del convenio les quedó un poco de vergüenza. La suficiente para no dudar en pactar con los europeos una cláusula de confidencialidad (la Vigésima Séptima) que viola el artículo 70 de la Constitución Política del Estado y el artículo 33 de la Ley de Transparencia, en un intento –consciente o inconsciente– por ocultar las condiciones vergonzantes a las que se sometieron y por las que comprometieron el patrimonio de los potosinos. Pero también fue un intento por ocultar los abusos de los empresarios alemanes, a quienes se les entregan beneficios desproporcionados. Las maniobras de ocultamiento no sólo se encuentran en esa cláusula, sino también en los dos acuerdos de reserva ilegales que estamos combatiendo –el014/2014 y el 017/2014– con los que la Secretaría de Desarrollo Económico negó la difusión del convenio y el contrato adicional firmado el 18 de julio, así como en huellas documentales adicionales como el acta del cabildo de Villa de Reyes que fue una de las primeras ofrendas entregadas por el gobierno de Fernando Toranzo a los dueños de la BMW y cuyo contenido no se puede consultar en el sitio Web del ayuntamiento aludido, pues su falta de actualización es tal que nada nuevo se le ha agregado desde hace más de 2 años. Dos ilegalidades ante las que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública ha sido omisa, hasta ahora, a pesar de la trascendencia del caso.

Una lectura detenida del convenio Gobierno-BMW permite reconocer cuando menos 52 compromisos en los que las autoridades locales otorgan beneficios a la armadora automotriz. Sólo en 17 casos es posible identificar un monto determinado de recursos involucrados que suman más de tres mil millones de pesos. Los otros 35 compromisos involucran montos aún no cuantificables, por lo que es difícil señalar el total comprometido, lo que debería ser explicado por los firmantes y negociadores. Si esas cifras no son suficientes para evaluar la trascendencia del asunto, habrá que considerar que la mayor parte de los desembolsos le tocará enfrentarlos a las siguientes dos administraciones estatales y tres municipales de Villa de Reyes. Al gobierno de Toranzo le corresponde cubrir los primeros abonos del precio de las 300 hectáreas de terreno en breña sobre las que se proyecta asentar la armadora. Para esto se comprometió entregar 6 millones de dólares antes del 30 de septiembre pasado al grupo de especuladores, entre los que se encuentran dos influyentes potosinos que seguramente sirvieron de enlace para evadir la donación del 15% de la superficie vendible que le correspondería recibir al Ayuntamiento de Villa de Reyes, y cuyas identidades estamos confirmando, pues el resto son regiomontanos.  A su sucesor le deja un pago inmediato por 12 millones de dólares que tendrá que cubrir en octubre de 2015, y otro por la misma suma que vence en enero de 2016. Entre los otros pasivos que le deja al que gane la elección de junio se encuentra el costo de la preparación, levantamiento y nivelación de ese mismo predio, que tendrá que realizarse -según las cláusulas Tercera y Octava- entre diciembre de este año y marzo de 2016, con un desembolso estimado en más de 972 millones.  A los representantes del gobierno del estado no les tembló la mano cuando firmaron el convenio manifestando bajo protesta de decir verdad: «Que reconocen que el monto total de los incentivos son de acuerdo al presupuesto de «EL ESTADO» designado a «EL PROYECTO».

El frustrado ocultamiento del convenio, como acto de la actual administración en el que el ahora candidato del PRI a la gubernatura, Juan Manuel Carreras López, fue parte, tendría que ser tema de debate en la campaña si entre los contrincantes del priísta hay un verdadero interés por servir a los potosinos. Pero ese sería sólo el debate menor. El debate de fondo tendría que estar en los agravios que a la sociedad potosina se infringen con un entreguismo irresponsable que necesariamente tendrían que luchar por revertir con una medida muy simple: declarar su invalidez por no contar con el requisito constitucional de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Esa omisión convierte en una ilegalidad toda disposición de recursos públicos estatales en favor de la BMW. No se trata de violaciones a una ley secundaria, sino a la Constitución Política del Estado. La Auditoría Superior del Estado tendrá ocasión de mostrar que su autonomía constitucional vale si en su Informe de Auditoría a la Cuenta Pública 2014, que está por entregar en los próximos días, hace las observaciones del caso e inicia las medidas necesarias para aplicar sanciones. O bien, habrá de sumarse a la pandilla de violadores de la Constitución en perjuicio del erario.