Apetito inmobiliario
Por Eduardo Martínez Benavente
No es satisfactoria la aclaración que hizo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en el sentido de que ni él, ni su cónyuge, ni ninguno de sus familiares es o ha sido dueño de alguna de las dos fincas ubicadas en una de las zonas residenciales más exclusivas de la Ciudad de México -que según la revista Proceso «hizo suyas»- porque calla en su réplica una serie de circunstancias fundamentales que tenía la obligación de aclarar si es que le interesa quedar libre de sospechas y en condiciones de aspirar a la presidencia de la República en el 2018. De acuerdo a las conclusiones difundidas hace ocho días por el semanario, se pudo haber incurrido en actos que implican conflictos de interés porque el propietario es un contratista que se ha visto beneficiado con la obra pública gubernamental del estado Hidalgo desde que el encargado de la política interior del país fue gobernador de esa entidad.
Pero tampoco son exactos los señalamientos que denuncia la publicación que fundó don Julio Scherer en 1976, por lo menos, en la parte relativa a que el inmueble es propiedad de la señora de Osorio Chong. La investigación requiere de precisiones y correcciones para que se ajuste exactamente a la verdad de los hechos. Los periodistas que firmaron el reportaje, Jesusa Cervantes y Santiago Igartúa, debieron ser más cuidadosos en la búsqueda de la información y más meticulosos en la redacción. El medio para evitar caer en las inexactitudes es único e infalible: no publicar nombres, datos, cifras, números, frases, afirmaciones si sobre ellos cabe alguna duda. No entendieron ni consultaron los alcances y consecuencias legales del primer aviso preventivo que presentó el notario público número 19 de Pachuca, Hidalgo al Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, comunicando la intención de la esposa del hidalguense de celebrar un contrato de compraventa con un crédito hipotecario para la adquisición del inmueble ubicado en Paseo de las Palmas 1380 de las Lomas de Chapultepec, cerca de la polémica Casa Blanca, propiedad de la esposa del presidente.
Es falso que la mujer del secretario haya adquirido la propiedad del inmueble, como lo asegura Proceso en el tercero y décimo párrafos del reportaje, aunque es cierto que el secretario y su familia ocupan la finca como inquilinos desde julio de 2014, sin que ninguna de las partes haya exhibido el contrato y acreditado con comprobantes fiscales el importe que se cubre por este concepto. Los números que maneja Proceso son meras especulaciones. Con anterioridad, el mismo arrendador -que ha sido su proveedor inmobiliario- les dio en arrendamiento otra casa ubicada por el mismo rumbo que habitaron desde agosto de 2011 a junio de 2014. No me extrañaría que las hayan ocupado gratuitamente o bien, le hayan pagado una renta muy por debajo de lo que corresponde. Mientras que no se dé a conocer toda la información seguirán siendo operaciones sospechosas que pueden estar relacionadas con el pago de favores recibidos.
Creo que el primer aviso preventivo que presentó el notario el pasado 29 de mayo para bloquear la inscripción mediante una anotación marginal y continuar con los trámites notariales los confundió y creyeron que la operación se había concretado. Sin embargo, el primer aviso dejó de tener vigencia 10 meses antes de que se publicara el reportaje y el segundo aviso preventivo no se presentó dentro del plazo que marca la ley porque no se firmó la escritura. De haberse firmado, el notario tenía la obligación de indicar la fecha en que esto ocurrió y el número del instrumento que le correspondió. Pero si el notario presentó el primer aviso preventivo al Registro Público de la Propiedad es porque tenía el expediente con la documentación necesaria para protocolizar la compraventa y el crédito hipotecario; y lo más importante, tenía la anuencia de las partes para formalizar los contratos porque previamente habían acordado el precio y condiciones de la transacción. El secretario de gobernación está obligado a explicarnos el motivo por el que abortó la operación. Puede haber sucedido que alguien le haya advertido que el equipo de Carmen Aristegui estaba investigando la compra de la casa de la señora Angélica Rivera, ya que las pesquisas se habían iniciado varios meses antes de que estallara el escándalo, y entonces decidió cancelar o suspender la adquisición para no verse involucrado en un lío similar al de la pareja presidencial, al de Luis Videgaray y al de los otros personajes de la elite gubernamental que, como él, nunca serán investigados ni sancionados.
Osorio Chong tenía que haber justificado que sus ingresos y los de su esposa eran suficientes para cubrir el importe de las mensualidades del crédito hipotecario que se le autorizó, así como de todos los demás gastos que origina su alta posición socio económica. Es muy probable que el préstamo que se le concedió haya andado por los 40 millones de pesos ya que el inmueble que se iba a dar en garantía, según el avalúo que ordenó Proceso, tiene un valor aproximado a los 50 millones de pesos,. En estas condiciones tendría que haber pagado al banco la cantidad de 400 mil pesos mensuales durante 10 años por concepto de intereses y abono a capital. Como secretario de Gobernación su salario y demás prestaciones en efectivo no llegan a los 140 mil pesos mensuales. Su esposa, Laura Ibernia Vargas Carrillo, como directora general del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) recibe un ingreso mayor al de su cónyuge que suma entre salario y compensaciones casi 190 mil pesos. Sus ingresos como servidores públicos no alcanzarían a cubrir las amortizaciones bancarias a menos que tuvieron otros ingresos que no se revelan en su declaración patrimonial. Osorio elude el dato principal de este conflicto que es la relación que ha tenido con el empresario hidalguense desde hace varios años y que corresponde al patrón de conducta o sello de la casa que caracteriza a varios de los funcionarios más próximos al presidente.
