64 días de silencio

Por Eduardo Martínez Benavente

El 22 de febrero pasado escribí en este mismo espacio sobre la candidata panista a gobernadora Sonia Mendoza Díaz: “Estoy investigando el testimonio de un abogado de mi confianza que me asegura que durante la administración de Horacio Sánchez Unzueta fue cesada como secretaria de estudio y cuenta de la Mesa Penal del Juzgado Mixto de Matehuala, junto con otros funcionarios, cuando se advirtió que había un faltante en las fianzas que se depositaban en esa oficina”. Hasta esta semana, después de 64 días, se hace pública una reacción por parte de la candidata que en aquel momento, según me refirió uno de sus colaboradores, estaba muy complacida con mi texto, que titulé “Sonia… ¿Gobernadora?”. Es probable que Mendoza Díaz haya apostado a que aquella referencia se perdería con el tiempo y ante su falta de elementos con qué desmentir el hecho haya preferido guardar silencio –de la misma forma en que ocultó en sus currículos su paso por el Poder Judicial–, hasta que ese antecedente incómodo para ella comenzó a ganar espacio en los medios. Su reacción no obedece a la necesidad de aclarar el incidente, sino a la de borrarlo de su pasado para que éste no la alcance en sus ambiciones de convertirse en gobernadora.

Pero no es tan fácil eliminar el pasado como lo hizo en sus currículos, incluida la sección “Conóceme” de su sitio oficial de campaña, donde su paso por el Poder Judicial no es mencionado como si fuera un trabajo que le hubiera avergonzado, como tampoco aparece en Wikipedia y en los correspondientes de los sitios del Senado y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Por supuesto que tampoco cabe la ingenuidad de creer que un pasado que le incomoda a ese grado, y que hoy reconoce, obligada por las circunstancias, que estuvo dos años laborando en el Poder Judicial, no haya sido motivo para que moviera sus influencias desde los altos cargos que ha tenido, para que el expediente fuera eliminado de los archivos del Poder Judicial, como efectivamente me confirmó un ex magistrado que ocurrió.

Amenazar con recurrir a una demanda por difamación en contra de un trabajo periodístico que no siempre tiene que basarse en pruebas documentales que, en el caso, hay suficientes testimoniales de que el hecho ocurrió y de que las huellas fueron borradas, lejos de hablar de un personaje de trayectoria intachable, muestran a una persona que prefiere recurrir a la intimidación a presentar elementos contundentes que desmientan el hecho. El primer indicio sobre lo ocurrido con las fianzas en Matehuala me fue dado por un abogado de mi confianza, como lo mencioné el 22 de febrero. Tras aquella publicación, lo que han sobrado son testimonios que me han dado personas de Matehuala y de esta ciudad, incluidas algunas que han ocupado cargos en el propio Poder Judicial y la legislatura federal. No sólo refieren el caso de las fianzas, sino otras situaciones que, por prudencia y respeto a la señora, es preferible omitir. Mi encuentro hace unos días con el ex magistrado y su versión sobre el hecho que nos ocupa, coincidente con las que yo ya tenía, significan para mi trabajo periodístico un elemento suficiente para haber hecho pública la versión.

En contraste, que quien aspira a ocupar un cargo de la mayor trascendencia para los potosinos se limite a negar un señalamiento, que tiene la agravante de formar parte de una omisión en sus currículos, y a amenazar con una demanda por difamación exhibe su irresponsabilidad y falta de transparencia ante la ciudadanía que pretende representar. Si tan limpia es su trayectoria, desde el primer momento del señalamiento habría exhibido el documento con el que renunció al Poder Judicial, la aceptación de la misma y el finiquito que le hayan otorgado. Es lamentable que hasta que el señalamiento se convierte en un estorbo para su campaña surja la necesidad, no de aclarar, sino de intimidar para que se olvide la mancha, y poder mantener una propaganda en la que presume una honestidad que, en su fuero interno, sabe que hay muchos, tanto aquí como en Matehuala, que conocen más de un asunto en el que falta a ese valor que presume.

Baste aquí mencionar dos ejemplos recientes: (1) la falsificación de su imagen como una maniobra para darse a conocer, en una clara muestra de que no le importa engañar para favorecer sus ambiciones, y (2) el caso que, en el mismo texto del 22 de febrero, mencioné: La forma en que obtuvo su candidatura, sobre la que incluso hay una resolución judicial que confirma irregularidades en el 18% de la votación interna de su partido y que no anuló el proceso porque no se alcanzó el 20% que establece la ley. “Si la señora Mendoza Díaz fuera una persona con principios y valores éticos y morales no aceptaría el resultado y solicitaría la reposición del proceso electoral porque sabe muy bien que los votos nulos fueron determinantes en el resultado de la votación”, escribí el 22 de febrero y hoy lo reitero. Ahí tuvo una de las mejores oportunidades de demostrar la honestidad de la que presume. No la aprovechó, y al preferir aferrarse a la postulación panista, exhibió que no le importa abrir paso a sus aspiraciones, aunque eso signifique la adopción del cínico “haiga sido como haiga sido” de su compañero de partido, Felipe Calderón. Es insostenible la candidatura de Sonia Mendoza. La violencia familiar que ejerció en contra de su cónyuge y suegros la hacen inelegible. Ante tal emergencia debe ser sustituida por Octavio Pedroza.