Casi perfecta
Por Eduardo Martínez Benavente
Los diez diputados que votaron en contra del informe final de la auditoría de la cuenta pública estatal del ejercicio fiscal de 2014, practicada por la Auditoría Superior del Estado (ASE), debieron señalar los casos concretos que no observó el auditor y aquellos sobre los que exista alguna duda. No basta con reprobar el dictamen porque tienen la percepción del que monto observado no corresponde a la realidad con la que los funcionarios públicos manejan el dinero en San Luis Potosí; o porque el resultado es inverosímil, como argumenta el diputado panista Miguel Maza Hernández, quien sólo apunta uno de los actos de corrupción recientemente denunciado en la Secretaría de Salud y que no consta en el documento; o porque las observaciones son mínimas, pues explican que no es posible que con un presupuesto cercano a los 34 mil millones de pesos, que en realidad fueron más de 37 mil 500 los que se ejercieron, sólo se hayan observado 10 millones 906 mil pesos, correspondiendo el 85% del monto anterior a obra pública administrada por Servicios de Salud y el 15% restante a SEDUVOP. Todas las otras oficinas de gobierno resultaron perfectas con cero observaciones financieras. Una de las observaciones administrativas de mayor trascendencia que no quedó solventada es la que se refiere a las retenciones y aportaciones patronales que el gobierno de Toranzo no entregó a la Dirección de Pensiones.
El auditor superior del estado ha sido muy obsequioso con los funcionarios públicos auditados porque les acepta cualquier gasto o comprobante sin analizar la racionalidad del mismo y sin importarle si esa erogación cumple con los compromisos de austeridad que se han establecido. Nos saldría más barato y efectivo eliminar a la ASE y encomendarle esta tarea a despachos externos de contadores, que seguir sosteniendo a un aparato injustificadamente caro e inútil.
Cabe la aclaración que en la muestra anterior no se revisaron los recursos del Ramo 33 y otros programas federales que suman 15 mil millones 800 mil pesos que serán dados a conocer por la Auditoría Superior de la Federación hasta febrero de 2016. Los diputados estaban obligados a denunciar en tribuna los abusos e ilícitos en que incurrió la administración de Fernando Toranzo, quienes por su posición privilegiada tienen acceso inmediato a la información pública gubernamental y atribuciones para llamar a comparecer a cualquier funcionario, quien bajo protesta de decir verdad debe responder a los cuestionamientos que les hagan y aclarar las dudas que existan sobre sus actuaciones. Era la oportunidad para saber a quién y cómo se le adjudicó la obra de mayor cuantía del sexenio que el auditor no toca en su informe. Me refiero a la preparación, levantamiento y nivelación de las 300 hectáreas sobre las que se asentará la ensambladora de la BMW en el municipio de Villa de Reyes. Es inexplicable que ni los diputados, ni los partidos políticos, ni los organismos empresariales se hayan interesado en conocer los pormenores de esa licitación o adjudicación directa, que de acuerdo al convenioque firmó el gobierno estatal con la empresa alemana vale más de 1 mil millones de pesos. El auditor debió observar que el convenio carece de validez porque no se publicó en el Periódico Oficial del Estado como lo dispone la Constitucióndel Estado, y sin embargo se han erogado cantidades millonarias no presupuestadas para esa inversión a través del Fideicomiso Público del Fondo de Fomento Económico del Estado, cuyo comité técnico preside Fernando Toranzo. Los legisladores debían haber denunciado el desvío de más de 3 mil millones de pesos que reconoce el gobernador del estado que destinó al pago de nómina del magisterio, cuando estaban etiquetados para cubrir otros gastos. El informe no revela el monto del desvío que correspondió al ejercicio fiscal del 2014, ni los programas y obras que se vieron afectados.
La auditoría no hizo una evaluación exhaustiva de los acuerdos tomados por la Comisión Gasto Financiamiento a la que le perdonó todas las observaciones que le hizo. Esta instancia es la responsable de autorizar las ampliaciones presupuestales, que en ese ejercicio ascendieron a miles de millones de pesos. Como tampoco analizó la legalidad y monto de los estímulos y subsidios fiscales que otorgó el gobierno del estado. Si los diputados realmente consideran que el auditor es un falsario y lavador de cuentas deberían promover un juicio político para cesarlo del cargo.
El manejo inmaculado de las finanzas públicas no ocurre ni en Finlandia que es el país con menos corrupción en el planeta. La ausencia de esta calamidad es casi absoluta, pues esta nación encabeza la lista de la honestidad con una calificación de 9,7 sobre un ideal de 10 puntos, según estudios del Foro Económico Mundial y otras 15 instituciones de gran prestigio y seriedad que coinciden. Finlandia es una sociedad participativa y educada, con bajas disparidades de ingresos y salarios adecuados. La corrupción es incidental, no endémica. Es una sociedad con valores éticos y morales que se inculcan desde la niñez, como la moderación, el autocontrol y el bien común que impone límites importantes a la búsqueda de beneficios privados a expensas de otros. No existe analfabetismo. Uno de los últimos casos de corrupción en el gobierno, de escasa trascendencia, ocurrió cuando un grupo de funcionarios del transporte naval aceptó unos pasajes de avión que les obsequiaron unos proveedores de ese organismo. Intervino la Suprema Corte de Justicia y falló en contra de los burócratas. No hubo cárcel, pero fueron despedidos y obligados a devolver el regalo. Este principio de proporcionalidad en el castigo, junto con el estigma social de estar involucrados en un caso de corrupción, resultó muy disuasivo frente a posibles nuevos intentos de cruzar la línea de la legalidad.
Los diputados, entre las limitadas facultades que les restan en materia de fiscalización, tienen derecho a solicitar los pliegos de las observaciones u hojas de trabajo de los auditores y las pruebas de desahogo que hicieron valer los servidores públicos para reducir o desaparecer los señalamientos de su revisión. Los diputados debieron registrar las múltiples denuncias que se presentan a través de los medios de comunicación y ordenar su investigación. Para eso tienen asesores que los auxilian y cuentan con la infraestructura y personal de sus partidos que, en teoría, deberían estar atentos a todas estas quejas.
