El lado oscuro de Carreras
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Hay dos asuntos que últimamente han sacado de quicio al candidato electo a la gubernatura del estado y ambos tienen que ver con la transparencia y rendición de cuentas. El primero se refiere a su declaración patrimonial que se resiste a dar a conocer y de manera especial el capítulo que contiene el inventario y avalúo de sus bienes inmuebles que fueron machaconamente exhibidos por sus contrincantes políticos durante el pasado proceso electoral como si fueran mal habidos; y eso que no repararon en el valor comercial que deben tener las partes sociales de la boyante sociedad civil denominada Instituto de Educación Productiva (IDEP), que de acuerdo a la escritura constitutiva le pertenecen. En esa ocasión sus rivales políticos le señalaron propiedades que calcularon que podían valer 60 millones de pesos; sin embargo, el candidato del PRI aclaró, que junto con su esposa, el valor de sus inmuebles ascendía a la suma de 13 millones 728 mil pesos, y que no poseía ningún bien que le generara ingresos y pudiera influir en el desempeño de sus funciones. La historia se ventiló en la prensa nacional y en las redes sociales se hizo todo el escándalo que fue posible porque no había dicho la verdad a los electores. Ante tales señalamientos no le quedó más remedio que reconocer que además de los bienes que le publicaban, también era dueño de un condominio en la Ciudad de México y una finca en la capital del estado en la que residía su madre.
No entiendo qué es lo que motiva al candidato electo a seguir ocultando su declaración patrimonial, si sus activos han sido ampliamente difundidos, a menos que haya omitido otros bienes que no quiere revelar. La revista Forbes México dio a conocer las declaraciones patrimoniales de siete de los nueve candidatos recientemente electos a las gubernaturas de sus estados que promovió el Instituto Mexicano para la Competividad, A.C. (IMCO), junto con destacadas personalidades de la sociedad civil que presentaron la plataforma electrónica CandidatoTrasnsparente.mx (iniciativa #3de3), que buscó que cada candidato pusiera en manos del elector y de la opinión pública información relacionada con tres documentos básicos de interés general: (1) La Declaración patrimonial o carta de compromiso de hacerla pública en caso de resultar electo. Ha transcurrido casi un mes de que el candidato de Fernando Toranzo recibió la constancia de mayoría y sigue sin presentar su declaración patrimonial. El 6 de mayo dirigió un desplegado «A quien corresponda», que publicaron los organizadores del evento, en el que de una manera mañosa y vaga se compromete «ante la ciudadanía en general a que al resultar electo en el cargo para el cual competiré en las próximas elecciones de fecha 7 de junio de 2015, presentaré mis Declaraciones Patrimoniales como Servidor Público durante toda mi administración con apego a los principios de transparencia, legalidad, honestidad y publicidad, conforme lo determinen las leyes y disposiciones aplicables…».
De esta manera sus declaraciones quedarán en la secrecía de una caja de seguridad a la que nadie, más que el contralor general, puede tener acceso, cuando el reto era la presentación de la declaración de sus bienes ante esa organización ciudadana para hacerla pública, como lo permitieron sus otros siete colegas que aceptaron el desafío. Juan Manuel Carreras es un mal ejemplo para el resto de los funcionarios potosinos porque de igual manera esconderán sus declaraciones patrimoniales en un momento en que la transparencia gubernamental, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública son algunas de las demandas más sentidas de la sociedad.
El ex secretario de Educación Pública presentó el 8 de junio, al día siguiente de la jornada electoral, la información sobre sus intereses de carácter económico y financiero que podrían ser susceptibles de influir en sus decisiones públicas como gobernador del estado. (Documento 2). Reconoció en el formulario que CandidatoTrasnsparente.mx subió a su página web, la participación que tuvo como miembro del consejo directivo del Instituto de Educación Productiva, S.C., manifestando bajo protesta de decir verdad no haber recibido remuneración alguna porque se trataba de una función voluntaria. El hermético ex director del Seguro Popular y doctor en derecho por la UNAM ocultó el monto de las remuneraciones que le han correspondido por los diversos cargos públicos que ha desempeñado, no obstante que era un requisito imprescindible para darle sentido a la información solicitada.
La declaración fiscal de los candidatos electos (Documento 3) es una información incompleta e inútil porque sólo exhibe la carátula del acuse de recibo que expide el Sistema de Administración Tributaria (SAT). En el caso de Juan Manuel Carreras se reporta un saldo a su favor por 21 mil 943 pesos por concepto de Impuesto sobre la Renta del ejercicio fiscal 2014. No se acompañan los anexos que justifiquen cómo se llegó a esa cifra, ni la relación de ingresos y egresos declarados y menos el monto de los impuestos pagados por el contribuyente.
El gobernador electo, como muestra de su interés por transparentar el gasto público y deslindarse de la política oscurantista de su antecesor, debe ordenar en los primeros días de su mandato que se libere toda la información relacionada con los diversos convenios que el gobierno del estado ha celebrado con distintas empresas. Me refiero a los convenios y obras para la instalación de las plantas de la General Motors, BMW y Goodyear Oxxo, entre otros asuntos, y publicarlos en el Periódico Oficial del Estado, como dispone nuestra Constitución para que sean válidos.
El otro asunto que hizo tambalear al brillante ex alumno de la Escuela Libre de Derecho fue la denuncia que presentó un grupo de senadores panistas por un probable conflicto de interés que se derivó de dos contratos de prestación de servicios en materia de seguridad pública que le fueron asignados directamente a su universidad por parte del gobierno del estado, por un valor de 4 millones 814 mil pesos. A raíz de ese incidente me impresionó una fotografía en la que el candidato del PRI aparece crispado y apretando exageradamente los labios ante las preguntas que le formula un periodista. Sus aclaraciones no fueron satisfactorias para acreditar que su empresa no fue favorecida en su crecimiento mientras fungía como funcionario público federal en el 2012.
