Reserva ASE información publicada

Congreso del Estado la entrega ante una solicitud, la Auditoría la “oculta”

Cuando la característica de un gobierno es la opacidad, los actos de sus funcionarios –así sean de presuntos organismos autónomos– tienen como objetivo automático ocultar la información… aunque el público ya tenga acceso a ella.

A partir de diciembre, cuando por una filtración se hizo público el convenio entre el Gobierno del Estado y la empresa alemana BMW, este 2015 comenzó su trayecto como el año de la información oculta a la vista de todos.

Con aquella difusión que al menos dos diarios de la ciudad, además de este sitio, dieron al documento, los acuerdos de reserva 014/2014 y 017/2014 de la Secretaría de Desarrollo Económico dejaron de tener sentido y todo apuntaba a que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) no tendría dificultad para ordenar su desclasificación.

No obstante, a pesar de que la queja mediante la que se solicitó la desclasificación del convenio Gobierno-BMW se interpuso el 28 de agosto, a un mes de que se cumpla un año, la CEGAIP no ha emitido la resolución para la cual el plazo se le venció desde el 14 de octubre o, en caso de haber acordado una prórroga, el 27 de noviembre.

El gobierno estatal mantiene la reserva de un documento que ya es posible consultar en diversos sitios de internet y, ante nuevas solicitudes de información que se han detectado en el sistema Infomex, continúa negando el convenio que la propia constitución estatal ordena que debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado para que tenga validez.

Si eso pasa con un documento que debe considerarse inválido por no cumplir con un requisito constitucional, que es una circunstancia que debió observar la Auditoría Superior del Estado (ASE) en la revisión de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo, no es de extrañar que otros documentos declarados por la propia Constitución como públicos, sean declarados reservados.

Corresponde a la propia ASE el siguiente caso sobre la exhibición de esa vocación de opacidad a ultranza.

Tras fijar en sus primeros párrafos las fechas en que la ASE debe entregar al Congreso del Estado los informes finales de auditoría a los entes fiscalizables, en el párrafo sexto el artículo 54 constitucional señala que “la Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones, hasta que rinda los informes a que se refiere este artículo”.

De acuerdo con esa disposición, el mismo día que la ASE entrega los documentos al Congreso adquieren el carácter de públicos, tal como ocurre con los informes similares que entrega la Auditoría Superior de la Federación(ASF) al Congreso de la Unión, con una diferencia: la ASF sí los pública completos inmediatamente en su sitio Web.

Proyecto Tábano solicitó el pasado 23 de junio las versiones electrónicas de los informes finales de la ASE sobre las cuentas públicas 2014, para lo que proporcionó un disco compacto. Se trata de documentos que, para ese momento, de acuerdo a la Constitución ya eran públicos. Además, algunos diarios y medios periodísticos electrónicos y Web ya manejaban datos sobre ellos.

En el caso de las cuentas públicas municipales, se solicitaron también, vía Congreso del Estado, copias simples de los informes finales correspondientes a los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y de la capital.

Antes de que se venciera el plazo de la solicitud de información presentada ante la ASE, el Congreso del Estado notificó el costo de las copias simples de los informes correspondientes a los dos municipios conurbados, se cubrió en la caja de la Secretaría de Finanzas, y las copias de los documentos fueron proporcionadas.

La liberación de la información por parte del Congreso del Estado confirma el criterio del carácter público de los documentos conforme a la Constitución, pues en el caso de los informes correspondientes a las cuentas 2013, el Legislativo los tiene publicados en su sitio Web desde septiembre del año pasado.

Al mismo tiempo, la agrupación Ciudadanos Observando tuvo acceso a los documentos, lo que hizo posible que Proyecto Tábano los obtuviera y generara la base documental con lo que fueron puestos a disposición del público el pasado 30 de junio.

Fue entonces cuando, al cumplirse el plazo de la solicitud de información presentada ante la ASE y a pesar de que los documentos circulaban en diversos medios y ya estaban disponibles aquí, la Auditoría Superior comunicó su respuesta el 7 de julio:

“…es importante hacer del conocimiento del solicitante que al ordenarse la continuación de dicho proceso de auditoría en los términos legales a este Órgano Fiscalizador, por parte del Congreso del Estado, debe ser considerado como información reservada…”

La ASE argumenta como fundamento de su reserva los artículos 23 y 69 de la Ley de Auditoría Superior del Estado “en concatenación con el numeral 41 fracciones 1, 111, IV YVII de la ley de Transparencia”, y afirma que la información sólo podrá liberarse cuando se emita la resolución “que ponga fin al procedimiento y sea debidamente notificada al interesado”.

El Comité de Información de la ASE no sólo no consideró el hecho de que los documentos que ya habían pasado por manos de los 27 diputados y sus asesores, eran del conocimiento público por diversos medios, sino que además le dio mayor valor a leyes secundarias que a la Constitución Política del Estado.

En la presentación que la ASE expone sobre su espacio de transparencia en internet afirma que ésta “es ponerse en evidencia ante sí mismo y ante los demás con sus propios actos sin escudarse en la posición política, administrativa o ideológica”. Mejor descripción de la forma en que evidencia su vocación por la opacidad no puede haber: declarar oculto lo que está a la vista.

Un caso que se suma al ya expuesto sobre el convenio Gobierno-BMW y al que hace una semana protagonizó el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) con la reserva de los resultados casilla por casilla del proceso electoral del 7 de junio, a pesar de que el propio CEEPAC mantiene al acceso del público casi la totalidad de las actas en el PREP.

Dos organismos autónomos que deberían ser ejemplo de anteponer los valores democráticos que les dieron vida, pero que, flanqueados por un tercero (la CEGAIP), parecen más ser parte de un mismo entramado para dificultar el derecho de acceso a la información pública sin importar caer en el ridículo de declarar oculto lo que está a la vista.