Gallardo aumenta el predial

Por Eduardo Martínez Benavente
A las decenas de miles de propietarios de bienes inmuebles de la capital del estado que aparecen en la lista de deudores del impuesto predial, muchos con varios años de retraso, los tiene sin cuidado si se incrementa la tasa del impuesto y si se actualizan o no los valores unitarios de suelo y construcción de sus inmuebles; pues en ningún caso tienen la menor intención de pagarlo, y cuando se vean obligados a hacerlo porque van a celebrar una operación traslativa de dominio se acogerán a las «ofertas» y descuentos en multas, recargos y actualizaciones que periódicamente promueve el Ayuntamiento de la capital, por cierto, con muy pobres resultados; independientemente de que también podrían obtener otros beneficios porque aquellos créditos que cumplan más de cinco años de antigüedad quedan extinguidos.
Ante estas circunstancias es preferible evadir las obligaciones fiscales y correr los riesgos que esta acción conlleva, y más cuando está de por medio una autoridad condescendiente e inepta como la municipal. Así de injusta es la política fiscal en San Luis Potosí, pues premia a los incumplidos y castiga con más impuestos a los propietarios que cubren puntualmente sus contribuciones. Reconocemos que los propietarios de viviendas de interés social o popular son los que mejor cumplen con el pago de sus contribuciones, ya que en la mayoría de los casos el impuesto predial que les corresponde se reduce a una cuota anual de cuatro salarios mínimos. Ese sector de la sociedad se verá mínimamente afectado con los nuevos valores catastrales que se proponen. Y como ejemplo podemos citar los siguientes casos: las construcciones catalogadas como habitacional antiguo económico, habitacional moderno de interés social, edificio habitacional económico y medio de cuatro o más niveles, mantendrán, según la propuesta municipal enviada al Congreso del Estado, los mismos valores que han regido durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2015. No así lo habitacional y comercial moderno bueno, superior y superior de lujo, en el que el metro cuadrado construido se eleva hasta en un 13 por ciento. La construcción comercial especial de lujo se incrementa de 6 mil 804 pesos a 8 mil 350 pesos el metro cuadrado. Se fija un valor de 8 mil pesos el metro cuadrado, el más alto, para los edificios habitacionales antiguos de lujo y para los de más de cuatro niveles que también tengan la característica de especiales de lujo.
A estos incrementos habría que agregarle el valor del suelo, al que según el acuerdo tomado se le aplicará un aumento general del cuatro por ciento, con base al índice inflacionario, como propuesta ocurrente y cuestionable del presidente municipal, Ricardo Gallardo, por haberse brincado las trancas del procedimiento a que obliga la ley de la materia. Además de que no es cierto que el incremento sea parejo para todos los terrenos de la ciudad, pues en muchos áreas los aumentos resultaron mayores a ese porcentaje, independientemente de que la propuesta debía acompañarse de un estudio técnico que fundara y motivara los incrementos al valor de los solares, lo que únicamente se cumplió con las construcciones; por lo que de conformidad con la nueva ley catastral no tendrán validez y pueden ser impugnados. La iniciativa fue aprobada por unanimidad por el Consejo Técnico Catastral del Municipio, el pasado 27 de octubre. La tasa que se aplica para calcular el Impuesto Predial también podría verse incrementada en un cuatro por ciento, si el Congreso del Estado aprueba la iniciativa que presentó el presidente municipal para modificar la Ley de Ingresos. Proyecto Tábano sube a su página web la propuesta municipal con los nuevos valores catastrales y sus anexos.
Los diputados deberían rechazar los incrementos que solicita el Ayuntamiento, si antes no acredita que ha hecho un verdadero esfuerzo para que los morosos se pongan al corriente. No estoy en contra de la actualización de los valores catastrales, muchos de ellos desfasados y ridículamente bajos como los terrenos ejidales que se han incorporado al desarrollo urbano, pero estoy en contra de que los incrementos sólo recaigan en ese 60% de propietarios registrados en el padrón catastral que cumple religiosamente con la obligación constitucional de contribuir al gasto público.
Las omisiones en que incurrieron los diputados para adicionar un párrafo a la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Catastro, que les permite a los ayuntamientos presentar su propuesta de nuevos valores unitarios de suelo y construcción hasta el 31 de octubre, y no el 14 de ese mes, y sólo en el primer ejercicio de su administración, les da elementos a los que se puedan sentir afectados para recurrir al juicio de amparo y pedir su nulidad porque no se cumplió con el procedimiento legislativo, ya que innovaron una figura inexistente en la normatividad que rige al Congreso del Estado: los citatorios «a prevención» para las reuniones de comisiones. Fue una forma de evadir la obligación de citar a las comisiones con 48 horas de anticipación, conforme al reglamento del Poder Legislativo, para tratar los asuntos que les son turnados. Un procedimiento ilegal para el que crearon la coartada de citar “a prevención”, que también utilizaron para aprobarle a Juan Manuel Carreras su propuesta de reestructuración de la deuda pública.
Creo que la medida más efectiva para que los morosos acudan a las cajas registradoras a pagar sus adeudos es embargando y rematando las propiedades de algún centenar de los principales deudores y otro tanto de los de en medio, para que con este antecedente y la correspondiente exhibición de estas personas, muchos otros reaccionen y se acerquen a negociar sus pendientes. Los diputados deben entender que el incremento en los valores catastrales, también repercutirá en aumentos en el pago del Impuesto de Traslado de Dominio, en los derechos de Registro Público por la inscripción de esas operaciones, en el pago por la expedición del avalúo y hasta en el Impuesto sobre la Renta, cuando el valor del avalúo resulte mayor al de la operación.

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