Se le advirtió que San Luis no es Soledad

Debe ser muy penoso para un funcionario público como el hiperactivo alcalde capitalino, quien -según sus allegados- no admite réplica ni permite el aplazamiento de la ejecución de las órdenes que dicta, ver que nada o casi nada de lo que ha ofrecido lo ha podido concretar. Son ya muchos los fracasos y contradicciones en que ha incurrido durante los cuarenta y cinco días en que ha estado al frente del Ayuntamiento, que su credibilidad y liderazgo se han visto seriamente dañados.

Si tuviera como consejero a alguien que actuara con serenidad e inteligencia y le hiciera caso, seguramente le habría recomendado que antes de que le rechazaran su propuesta y sufriera la humillación de la negativa, le pidiera al Cabildo retirar la solicitud que presentó al Congreso del Estado para incrementar los valores catastrales de los inmuebles de la ciudad, ya que era previsible que las comisiones de Hacienda y Desarrollo Municipal se la iban a rechazar porque la oposición era generalizada; y porque se había conducido con falsedad al asegurar que el aumento sólo era del cuatro por ciento para todos predios y, además, porque la iniciativa estaba viciada de origen al haberse omitido un estudio técnico que la justificara; independientemente de que el reclamo ciudadano era y sigue siendo en el sentido de que primero le cobre a los grandes deudores y después le cargue la mano a los contribuyentes cumplidos.

En Soledad de Graciano Sánchez las circunstancias son muy distintas, ahí gobernaba sin que nadie lo cuestionara, como ocurre ahora con el alcalde que lo sustituyó, quien en el colmo de la adulación que le rinde, y para que a nadie le quepa la menor duda de quién manda en ese territorio, permitió que se insertara en la papelería oficial y publicidad del Ayuntamiento un texto que dice: «UN GOBIERNO CON GALLARDÍA». En Soledad nadie objeta los incrementos catastrales que se solicitan. No sabemos si también fueron rechazados. Que necesario es que la sociedad civil se organice para frenar los excesos de las autoridades. Deben renacer aquellas asociaciones de usuarios de servicios públicos que en las dos primeras décadas de la segunda mitad del siglo pasado existieron en San Luis Potosí para exigir mejores servicios y oponerse a los incrementos en el pago de la luz, agua, predial y transporte. Recordamos con especial afecto a la asociación civil del incansable luchador social, Salomón H. Rangel, la voz que clamaba en el desierto; así como a la «Liga de Propietarios de Predios Urbanos del Estado de San Luis Potosí», que fundó el doctor Mario Tello Campos. Sin la participación ciudadana el descontento es nulo, aislado y fácilmente superado.

La postura del diputado Gerardo Serrano Gaviño, presidente de la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal, responsable de dictaminar la solicitud, era desde un principio en contra de los aumentos, al advertirle a Gallardo que buscara otras estrategias que mejoraran la recaudación, como cobrarle a los grandes deudores, no obstante que su padre es amigo personal y empleado de confianza de Carlos López Medina, y que no recurriera a la aplicación de incrementos que laceran el bolsillo de los potosinos. Sólo con la intervención del gobernador del estado, la mayoría de los diputados podrían votar el próximo jueves en el Pleno en contra del dictamen que rechazó la propuesta municipal y devolverla a comisiones para que emitan una nueva en los términos que se les ordene. No podemos olvidar que el triunfo electoral que le permitió a Juan Manuel Carreras alcanzar la gubernatura del estado se lo debe en buena medida a las negociaciones que celebró con el perredista. Un aumento en los valores catastrales no sólo impactaría en el pago del impuesto predial, sino también en el traslado de dominio, derechos de registro público, expedición de avalúos y hasta en el ISR por la adquisición.

Muchos de los incrementos a los valores catastrales del suelo aprobados por el Consejo Técnico Catastral (CTC) y por el Cabildo estarían plenamente justificados si se hubiera cumplido con los requisitos que señala la ley de la materia, como serían los que se localizan en el corredor de la avenida Sierra Vista al poniente de ciudad, que aumentarían, según la propuesta, de un mil a tres mil pesos el metro cuadrado; o los del corredor de la avenida Chapultepec, entre Paseo del Pedregal y avenida Sierra Vista que subirían de 2 mil a 3 mil 500 pesos el metro cuadrado. Todavía muy lejos de los valores reales del mercado inmobiliario que es lo que pretende la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro del Estado. Por otra parte, hay reducciones a los valores en la zona de los antros que no se pueden justificar, como es el caso del corredor de la Cordillera de los Himalayas, que va de la Cordillera de los Alpes a la avenida Sierra Vista, pues decrecen de 4 mil pesos a 3 mil 500 pesos el metro cuadrado.

Creo que lo más controvertido y confuso de la iniciativa que rechazaron las comisiones es que en la Minuta de la Reunión de Trabajo del 27 de octubre del CTC que se acompañó, pareciera que quedaron sin efecto los 585 incrementos a los valores unitarios del suelo que también se anexaron a la solicitud, pues el presidente municipal presentó en esa misma sesión una propuesta distinta que no cumplía con los requisitos legales y que fue aprobada por unanimidad. Esta consistía en que sólo habría un incremento general del cuatro por ciento con base al índice inflacionario para todos los predios. No sabemos cuál prevaleció.

Una buena parte de la culpa de todo este desbarajuste la tienen los integrantes del CTC, cuyos nombres no aparecen en el acta, pues debían saber antes de votar a favor de la ilegal ocurrencia que  presentó el presidente municipal, que la determinación de los valores catastrales del suelo se haría atendiendo a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro del Estado, que señala, entre otros, los siguientes requisitos: Las características de los servicios públicos y del equipamiento urbano. El estado y tipo de desarrollo urbano, en el cual deberá considerarse el uso actual y potencial del suelo y la uniformidad de los inmuebles edificados y el índice socioeconómico de los habitantes. Nada de esto se cumplió.