Las declaraciones de Carreras

Por Eduardo Martínez Benavente
Fiel a su estilo de andar de puntillas para pasar inadvertido, Juan Manuel Carreras difundió hace unas semanas un breve y discreto aviso en el que comunicaba que había subido a la página web del gobierno del estado su declaración patrimonial, la de conflicto de intereses y la fiscal; como lo había prometido si resultaba electo gobernador del estado. Creo que a nadie le interesó adentrarse en esas páginas y verificar la información que había soltado, pues el conflicto originado durante el pasado proceso electoral por la inexactitud o falsedad de su declaración patrimonial hizo crisis, y hasta ahí llegó, cuando sus contrincantes políticos exhibieron el inventario y avalúo de sus bienes como si hubieran sido mal adquiridos, denunciando que había omitido declarar otras propiedades y que la valuación de los mismos no correspondía ni remotamente a los valores reales del mercado inmobiliario.
Su declaración patrimonial es oscura e imprecisa porque siendo uno de los asuntos más delicados que se le han señalado debió esmerarse en transparentarla  y proporcionar toda la información actualizada de sus bienes, sin importar que la deficiente normatividad que regula esta obligación no se lo exija. Me refiero principalmente a los inmuebles que ocupan los dos planteles de la Universidad IDEP, el de la calle de Madero y el de la avenida de Venustiano Carranza, que hasta hace poco eran de su propiedad y ahora no aparecen en su inventario. Todo indica que se deshizo de ellos a través de una donación a favor de sus descendientes, así como de las partes sociales que representaba en la sociedad civil propietaria de ese centro educativo. No aclara cuándo formalizó su renuncia a seguir formando parte del consejo directivo de esa institución. Hubiera sido muy ilustrativo que en un anexo aclarara todas esas dudas.
Salta también la adquisición de su casa habitación ubicada en el Club Campestre de Golf, pues insiste en que el valor de los tres lote de terreno que suman una superficie de 664.87 metros cuadrados, sobre los que está construida, tuvieron un precio de 273 mil 386 pesos, conforme a las tres escrituras públicas de compra venta que celebró hace varios años en distintas fechas. La declaración no precisa la ubicación del inmueble, aunque por los antecedentes del caso podemos concluir que se refiere a esa finca. El  valor de las construcciones no está actualizado pues apunta que tuvieron un costo de 1 millón 764 mil pesos. Reconoce que él y su cónyuge son copropietarios de dos departamentos, uno en la Ciudad de México, adquirido en el 2011, con un costo de 3 millones 291 mil pesos, y otro en San Luis Potosí, en el que no señala el valor porque una mitad indivisa la adquirió por donación y la otra mitad por compra venta, en la que necesariamente se tuvo que pagar un precio. Declara que al 26 de septiembre tenía dos inversiones bancarias, una con un saldo entre 100 mil y 500 mil pesos y la otra con un saldo mayor a medio millón de pesos. Se confirma que no recibió contraprestación alguna por la enajenación de los predios donde se ubican los dos planteles de la Universidad IDEP, pues de lo contrario se verían reflejados esos ingresos en otras inversiones. De la larga lista de inmuebles que le señalaron los panistas durante la contienda electoral sólo quedan tres propiedades a su nombre y al de su cónyuge: su casa habitación y los dos departamentos. En su declaración de conflicto de intereses de carácter económico y financiero que podrían ser susceptibles de influir en sus decisiones públicas como gobernador del estado, reconoce la participación accionaria de sus hijos en un sector de la educación. Seguramente se refiere a esa Universidad.
Cabe destacar que cuando se desató el escándalo de su declaración patrimonial, los panistas le señalaron propiedades que calcularon en un valor de 60 millones de pesos, ahora ni a Sonia Mendoza le interesa el tema, sin embargo, el ex candidato del PRI aclaró en esa ocasión que junto con su esposa, el valor de sus inmuebles ascendía a la suma de 13 millones 728 mil pesos, y que no poseía ningún bien que le generara ingresos y que pudiera influir en el desempeño de sus funciones. El ex secretario de Educación Pública sigue sin revelar el monto de las remuneraciones que le han correspondido por los diversos cargos públicos que ha ocupado, no obstante que era un requerimiento medular de la información solicitada por el Instituto Mexicano para la Competividad, A.C. (IMCO),  que junto con otras destacadas personalidades de la sociedad civil presentaron la plataforma electrónica CandidatoTrasnsparente.mx (iniciativa #3de3). En las declaraciones fiscales correspondientes a los ejercicios del 2013 y 2014, no acompaña los anexos que revelen el monto de lo que pagó por concepto de Impuesto sobre la Renta, ni la relación de sus ingresos y egresos. Se trata de dos acuses de recibo de las declaraciones de impuestos federales. La del 2013 reporta una cantidad a pagar por 27 mil 891 pesos; y la del 2014, un saldo a su favor por 21 mil 943 pesos. También manifiesta que no tiene deudas ni vehículos a su nombre o al de su esposa y que el maneje de casa lo estima en un valor de 250 mil pesos.
Lo anterior viene al caso porque hace dos días el gobierno del estado, a través de la Contraloría General, celebró un Foro Ciudadano de Expertos en Gobierno Abierto, Honesto y Eficaz, en las instalaciones de la CANACINTRA, para integrar el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, en el que participé como invitado en la mesa de trabajo denominada «Gobierno Cerrado». En un principio llegué a creer que con esa denominación su subconsciente los había traicionado y que iba a estar acompañado de los personajes más radicales de la ciudad, más cual va siendo mi sorpresa que la formaban principalmente funcionarios de gobierno y de instituciones públicas, algunos, por cierto, con diagnósticos muy acertados. Se escucharon propuestas muy valiosas como la del doctor David Arellano Gault, profesor e investigador del CIDE, que trató el tema de la corrupción, pero que sólo quedarán apiladas en ese montón de planes y programas gubernamentales que nunca aterrizan. Se concluyó que la transparencia gubernamental es uno de los instrumentos más efectivos para combatir la corrupción.

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