El Gran Recaudador

Por Eduardo Martínez Benavente

La capital del estado se podría convertir en una especie de ciudad policial si el Congreso del Estado le aprueba al alcalde Ricardo Gallardo Juárez, en los términos que lo solicita, la Ley de Ingresos municipales para el ejercicio fiscal del 2016,  pues requeriría de cientos de cobradores y tránsitos que pulularían por plazas, calles y avenidas para hacer efectivas las sanciones y contribuciones que pretende implementar. Tendría que mantener un estricto control sobre la sociedad y un gran despliegue e inversión en mecanismos de vigilancia para recaudar los recursos que ambiciona, particularmente sobre los vendedores ambulantes y conductores de vehículos, con la certeza de que los índices de corrupción se dispararían por las nubes debido al valor y diversidad de las multas que se establecerían, y más si se  obliga a los inspectores y policías a entregar una cuota a sus superiores en ese esquema de distribución de beneficios diseñado para que el chorro más abundante de dinero llegue a los de mero arriba.

El redactor de la iniciativa identificó 35 actividades comerciales que se pueden desarrollar en la vía pública y que estarían permitidas para eventos especiales, de temporada, fiestas patronales y eventos deportivos que se gravarían con distintas cuotas referidas en salarios mínimos, que van desde la venta de globos hasta la de elotes y jugos que pagarían por adelantado un impuesto de más de 70 pesos diarios, exceptuando a los tianguistas. Sólo ellos saben si sus utilidades les permitirían cumplir con estas obligaciones. Los franeleros, limosneros, traga fuegos, sexoservidoras y otros trabajadores que se ganan el sustento en la calle deben agradecerle al alcalde que por ahora no se fijó en ellos.

El también empresario soledense prometió esta semana que acabará con la corrupción que existe en ese sector de la administración pública pues la recaudación por concepto de multas es muy baja debido a que muchas se quedan en el camino; y en una declaración que corresponde más a alguien que ha caído en el abismo del hartazgo e impotencia que a una autoridad obligada a vigilar el buen manejo de los recursos públicos, sentenció que «lo que hicieron no meinteresa«, para que a nadie se le ocurra pedirle que investigue los latrocinios de sus antecesores. En esa misma conferencia anunciaba la creación de 200 nuevas plazas para la Policía Vial y las Fuerzas municipales que se encargarán de estas tareas. La cantidad que se proyecta recaudar por multas de policía y tránsito asciende a la suma de 45 millones de pesos. Son 223 infracciones las que se castigan con una sanción administrativa que va desde un día de salario mínimo para los ciclistas que circulan en aceras o lugares de uso exclusivo de peatones hasta las más altas que se castigan con 150 DSM al que choque y participe en un hecho de tránsito que cause una muerte; o 10 mil 224 pesos al que maneje en estado de ebriedad, o 2 mil 523 pesos al que maneje con aliento alcohólico y 1,051 pesos al que use el teléfono celular mientras conduce.

Ante el temor exhibido por el presidente municipal de reclamar a los principales fraccionadores de la ciudad la devolución o pago de las valiosas áreas de donación que le han escatimado al municipio para no confrontarse con ellos, y ante su incapacidad para cobrar el impuesto predial a los grandes deudores, como es el caso del Chato López que hace unos días lo mandó por un tubo alegando que no debía nada, y que si existía algún crédito se lo cobrara a sus clientes; o el caso del falaz Oficial Mayor del Gobierno del Estado, el segundo en la lista de deudores, que también se niega a pagar los adeudos de su representado, argumentando que los bienes del dominio público están exentos de esa contribución, cuando debe saber que el gobierno estatal también es dueño de bienes del dominio privado que no gozan de ese beneficio, como son el fraccionamiento de Ciudad Satélite o la Casa de Gobierno, entre otros muchos; ha tomado la decisión de irse en contra del ambulantaje al que pretende cobrarle por adelantado diferentes cuotas por utilizar la vía pública para fines comerciales. Se trata de un ingreso que no pinta para salir de la crisis financiera que sufre el municipio, aunque muchos potosinos estaríamos de acuerdo en que ese sector del comercio también contribuya al gasto público municipal, pero no sin antes cobrarle a los grandes deudores y evasores de las áreas de donación que son los únicos que pueden sanear las finanzas públicas. El tesorero municipal debe explicarnos el motivo por el que se reduce el monto total de los ingresos presupuestados para el 2016 que quedan en menos de 2 mil 344 millones de pesos, cuando el presupuesto del 2015, que se modificó en julio de ese año, fue de casi 3 mil millones de pesos y que debió servir de referencia para proyectar el del siguiente ejercicio. Creo que se trata de una manipulación presupuestal que le permitirá a Gallardo utilizar discrecionalmente los excedentes para promover su proyecto político.

La iniciativa de la Ley de Ingresos que se está dictaminando en el Congreso del Estado nos hace ver que las autoridades municipales tienen muy pocas esperanzas de recuperar los adeudos del impuesto predial, pues proyectan un ingreso de 50 millones de pesos por concepto de rezagos prediales, cuando son más de mil los que se adeudan. Es injusto para los propietarios de bienes inmuebles que cumplen puntualmente con esta obligación, y además es violatorio de la Constitución local y federal lo que establece el artículo cuarto transitorio de la iniciativa al condonar o extinguir los adeudos prediales originados durante los ejercicios fiscales del 2011, 2012, 2013 y 2014 de los inmuebles destinados a casa habitación, sin importar el valor de éstos, si el contribuyente cubre el pago correspondiente al 2015 y 2016.

Los diputados están obligados a revisar si se justifica el beneficio adicional que en esta ocasión se otorga a los causantes del impuesto predial que cubran en el mes de enero sus contribuciones, pues el descuento que se les autoriza se incrementa al 25%, y no queda en el 15% como se ha aplicado en los últimos años. El tesorero debe informar el monto de lo que el municipio dejaría de recibir si se aprueban estas ofertas.