Pacta Carreras con Congreso violación constitucional

Por Proyecto Tábano

La violación al segundo párrafo del artículo 61 de la Constitución Política del Estado por parte de la LXI Legislatura, que retrasa la creación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), fue pactada por los diputados con el gobernador Juan Manuel Carreras López, según el oficio No. SGG/1177/2016 firmado por Alejandro Leal Tovías, secretario general de Gobierno.

Las dos iniciativas que proponen la creación del SEA fueron turnadas a comisiones por el pleno del Congreso del Estado en la sesión del 29 de septiembre de 2016, por lo que, de acuerdo con la Constitución, debieron ser dictaminadas a más tardas el 13 de noviembre pasado, o desahogadas en la sesión inmediata, que se dio el día 17 de ese mes.

No obstante, el Congreso del Estado concluyó su primer periodo ordinario del segundo año legislativo sin tratar el tema de las iniciativas preferentes, en clara violación constitucional.

El pasado 14 de diciembre, un grupo de ciudadanos ante quienes el 23 de agosto pasado Carreras López anunció como una prioridad y urgencia la creación del SEA, entregó un escrito al mandatario para pedirle que “tome las medidas conducentes que estén a su alcance para propiciar que el Congreso del Estado se someta al orden constitucional”.

Solicitaron además que el gobernador promoviera “las medidas conducentes para que se sancione a los legisladores que han incurrido en violaciones a la Constitución Política del Estado que protestaron cumplir”.

Hasta la semana pasada, parte del grupo de ciudadanos inconformes tuvo acceso a la respuesta del Ejecutivo, firmada por Leal Tovías en un oficio fechado el 19 de diciembre de 2016, en el que se afirma que el mandatario retiró, a petición de la Directiva del Congreso del Estado, el carácter preferente de las iniciativas.

“El día 28 de octubre anterior, como se comprueba con la copia anexa, la Mesa Directiva del Poder Legislativo solicitó que se le retirara el carácter de preferente a la iniciativa, en virtud de que por lo extenso y complejo de las normas a analizar, sería imposible que en el plazo de cuarenta y cinco días naturales que establece el precepto invocado, se pudieran dictaminar y votar.

“Por oficio dotado el 31 de octubre del corriente año –como igualmente lo acredito–, el Ejecutivo informó al Congreso que no tenía inconveniente en retirar el carácter de preferente a la iniciativa de mérito, en aras de permitir un debate más amplio de la misma en el seno del Poder Legislativo; pero, con la observación de que las leyes generales aprobadas por el Congreso de la Unión, fijan un plazo máximo de un año a partir de su entrada en vigor, para la expedición y/o adecuación de las leyes locales que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción”, señaló Leal Tovías.

Hasta la semana pasada, los anexos mencionados en el oficio del Secretario de Gobierno no fueron recibidos por los ciudadanos que interpusieron la petición para que se respetara el carácter preferente de las iniciativas de Carreras López.

Además, a pesar de que se afirma que desde el 31 de octubre el gobernador giró el oficio para retirar el carácter preferente a sus iniciativas, de tal circunstancia no se dio cuenta ni en la sesión inmediata del Congreso del Estado, el 3 de noviembre, ni en ninguna de las plenarias posteriores hasta el término del periodo.

Fue hasta la sesión número 21 de la Diputación Permanente, realizada el 19 de diciembre de 2016, misma fecha que aparece en el oficio de la Secretaría de Gobierno, cuando se dio cuenta como correspondencia con el número 3059, del oficio con el que el mandatario retiró el carácter preferente de sus iniciativas.

En consecuencia, entre el 13 de noviembre y el 19 de diciembre, se mantuvo la violación al artículo 61 de la Constitución, además de que no existe normatividad que señale si el gobernador puede tomar una medida como esa, ni qué tipo de procedimiento se debe dar para hacer a un lado disposiciones constitucionales muy precisas.