Privilegian organismos autónomos ingresos de su personal
Por José Victoriano Martínez Guzmán
Durante 2016, los derechos humanos, los electorales y el de acceso a la información pública le costaron a los potosinos 114 millones 467 mil 651 pesos, sólo para pagar los sueldos y las prestaciones de los 268 funcionarios y empleados de los cuatro organismos autónomos existentes para garantizarlos.
Al revisar el costo del funcionamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), el Tribunal Estatal Electoral (TEE) y la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) reportados en los informes de auditoría, se halló que el personal acapara el 87.56 por ciento del presupuesto.
De acuerdo con los informes presentados por la Auditoría Superior del Estado al Congreso, durante 2016 esos cuatro organismos autónomos pagaron a su personal 114 millones 467 mil 651 pesos, en tanto que reportaron como devengados 119 millones 103 mil 124 pesos para el capítulo de Servicios Personales.
La CEDH, la CEGAIP, el CEEPAC y el TEE pagaron en el mismo periodo por Servicios Generales 11 millones 954 mil 616 pesos, por Materiales y Suministros 2 millones 769 mil 501 pesos y por Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1 millón 543 mil 065 pesos.
El CEEPAC devengó durante 2016 en servicios personales 43 millones 819 mil 507 pesos y pagó al cierre del año 32 millones 297 mil 317 pesos para 89 personas, en tanto que la CEDH devengó 33 millones 561 mil 897 pesos y pagó 32 millones 650 mil 371 pesos a 81 personas.
En el caso del TEE devengó 21 millones 783 mil 291 y pagó 21 millones 29 mil 468 pesos a 38 personas, y la CEGAIP devengó 19 millones 937 mil 799 y pagó 19 millones 490 ml 495 para 50 personas.
De acuerdo con la clasificación por objeto de gasto de la Ley del Presupuesto de Egresos, los servicios personales incluyen las remuneraciones al personal de carácter permanente y el transitorio, las remuneraciones adicionales y especiales, seguridad social, otras prestaciones sociales y económicas y el pago de estímulos a servidores públicos.
